La semana, mientras el país todavía se saboreaba las octavitas, el gobierno vendió a precio de rebaja seis propiedades en el barrio de Puerta Tierra.
En momentos en que el precio de las propiedades han subido en el archipiélago, la Administración para el Financiamiento de la Vivienda remató los lotes por $760,000 aunque había adquirido esos terrenos en el 2001 por un valor de $2.5 millones.
Al denunciar la transacción en el programa Los datos son los datos (WAPA-TV), la senadora independentista María de Lourdes Santiago Negrón resaltó que esta transacción la realizó una agencia que por mandato de ley debe “promover la accesibilidad de vivienda a las personas de medianos y bajos recursos”.
“Las propiedades llevaban mucho tiempo abandonadas por el estado. No había habido ningún esfuerzo para rehabilitarlas a pesar de la gran necesidad de vivienda que hay en Puerto Rico pero es todo un patrón (de desplazamiento) que hay en esta área”, apuntó a preguntas de Jay Fonseca.
¿Hubo subasta pública?, cuestionó el periodista.
“La Administración, cuando hicimos la primera denuncia de la propuesta de venta, dijo que se hizo una subasta virtual. Yo voy a estar requiriendo, a través del Senado, todos los documentos, las tasaciones, los pliegos de subasta, toda la información, que debe ser pública, accesible y que no requiera ir al tribunal a buscarse”, afirmó.
“Pero hay que subrayar lo penoso que es que una entidad creada para promover la vivienda para la gente que no puede con los precios del mercado se deshaga de vienes de gran valor y contribuya a todo ese desplazamiento que provoca que ya la gente de Puerta de Tierra no tenga posibilidades de continuar viviendo en su barrio”, añadió la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño.
Las propiedades las adquirió el inversionista residente Chaim Hazan, quien adquirió otras 20 propiedades en este barrio a la entrada de las isleta del Viejo San Juan.
“Ya es literalmente el dueño de un bloque completo y son propiedades destinadas al alquiler a corto plazo a través de las plataformas digitales”, señaló la abogada.
Explicó también que como parte de la transacción el gobierno modificó las restricciones que limitaban el uso de los terrenos a vivienda de interés social.
“De hecho, esas propiedades tenían en sus escrituras esa restricciones de que tenía que dedicarse a interés social y la denuncia que hicimos en diciembre, es que el gobierno mediante escritura pública había retirado esas restricciones en un momento en que el comprador ya estaba trabajando. Todo esto estaba planchado hace rato. Así que pueden hacer literalmente lo que quieran allí”, apuntaló.
Bajo el lema “Puerta de Tierra No Se Vende”, esta comunidad se organizó para combatir las políticas públicas que facilitan su desplazamiento.
REACCIONA EL GOBIERNO
Luego de las expresiones de la senadora Santiago Negrón, la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda reaccionó por escrito. Aquí las expresiones de forma íntegra de la directora ejecutiva Blanca Fernández.
La Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV) se expresa sobre declaraciones llevadas a cabo en los pasados días referente a propiedades adquiridas/vendidas en el área de Puerta de Tierra.
En este caso la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda desea aclarar que no existe ningún vínculo con inversionistas. Además, en el área se encuentran diversos tipos de propiedades que tienen diversos dueños, la AFV no es únicamente dueña o titular de propiedades en el área.
En referencia a la propiedad número 214 de la Calle San Agustín, que es la que perteneció a la AFV explicamos lo siguiente:
1) Dicha propiedad estaba en desuso y en total abandono por más de 20 años.
2) El 18 de junio de 2021, mediante subasta virtual, se recibieron varias ofertas y fue adquirida a través de un licitador por más del doble del precio establecido por tasación.
3) Que dicho proceso de venta fue aprobado por la Junta de Directores de la AFV y el Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles del gobierno de Puerto Rico.
Sobre la escritura de cancelación de condiciones restrictivas. Se trata de unas condiciones restrictivas que surgían en los estudios de título e impuestas para el 1992 por 15 años para el programa de LITHC.
AFV otorgó financiamiento a Bay Point SE para el desarrollo de un proyecto de vivienda bajo el programa LITHC. Por incumplimiento de las condiciones del financiamiento, la AFV llevó a cabo un proceso de ejecución y advino dueño en pública subasta para 2001. Dichas condiciones, debido a la ejecución, dejan de estar vigentes. Para que la AFV pudiese vender la propiedad libre de gravámenes al licitador-comprador había que cancelar las mismas en el Registro de la Propiedad.
Mira la entrevista aquí: Denuncian venta de propiedades del país a inversionista de Ley 22
