Un examen que abarcó 58 contratos de 203 que fueron otorgados por la Autoridad de Tierras (ATPR) a las entidades desde enero de 2021 hasta la fecha reveló que
los acuerdos son tan riesgosos como dar un cheque en blanco.
Los contratos hicieron viable la transferencia de millones de dólares de fondos públicos a decenas de organizaciones sin fines de lucro y no detallan cuándo, cómo, a quién y dónde se realizarían las obras o servicios.
