El juez de apelaciones Ricardo Marrero Guerrero demandó hoy al Gobierno de Puerto Rico para que proceda con el aumento de salario de los jueces y juezas del Poder Judicial argumentando que los fondos para este ajuste están asignados y que no se requiere legislación para avalar dicho trámite.
La Junta de Control Fiscal (JCF) aprobó un Plan Fiscal que incluye una partida de $37.8 millones para el aumento de salario de todos los empleados del Poder Judicial, según lo establece el Plan de Retribución de los Empleados del Poder Judicial. Según la demanda incoada, la Resolución Conjunta Núm. 39 del 29 de junio de 2023 sobre el Presupuesto General del Gobierno de Puerto Rico contiene esa partida y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) separó los fondos.
El Senado aprobó legislación para avanzar ese aumento, pero la legislación murió en la Cámara de Representantes luego de que el presidente Rafael “Tatito” Hernández enmendó la pieza legislativa para incluir aumentos de salario para legisladores, jefes de agencias y el gobernador. Ayer era el último día para aprobar medidas en la Legislatura.
Ese proyecto elevaba el salario de la jueza presidenta de $125,000 a $154,556. El sueldo anual de los jueces y juezas asociadas subiría a $144,480. Ahora es $120,000.
Un juez o jueza de Apelaciones ganaría $130,579, uno de primera instancia devengaría $118,133 y los municipales $91,764.
La medida recibió duras críticas porque ofrecía aumentos jugosos a los jueces y juezas, mientras que los empleados de apoyo recibieron ajustes salariales módicos a través de un Plan de Retribución.
En su recurso, el juez Marrero alega que no es necesaria la aprobación de legislación ulterior para que dichos fondos sean destinados al Poder Judicial a los fines de implementar el aumento de salario a sus jueces. En tanto, la Resolución Conjunta sobre el Presupuesto constituye una ley especial que autoriza el uso de dichos fondos.
“Lo único que se requiere para que la OGP pueda desembolsar finalmente los fondos en reserva es que la JSF certifique que las escalas salariales propuestas para los jueces son consistentes con la Reforma del Servicio Público, tal como ya se hizo en julio de 2023 para el Plan de Retribución de los empleados del Poder Judicial. Sin embargo, la OGP no ha realizado ningún acto hasta el momento para procurar esa certificación ni para desembolsar los fondos que viabilizarán el aumento salarial que ya fue aprobado para todos los jueces de Puerto Rico”, reza la demanda.
Alega, además, que la intención de la Cámara de Representantes de sujetar la utilización de dichos fondos a un aumento a sus legisladores viola el principio de separación de poderes y constituye un agravio al precepto constitucional de independencia judicial.
Por tanto, pide que el Tribunal de San Juan que valide el alcance legal de la certificación 39 y ordene a la OGP a realizar los trámites correspondientes para conceder el aumento salarial a los jueces y juezas tras recibir una certificación de la JCF validando las escalas salariales aprobadas por dicho organismo.
Los licenciados José A. Andreu Fuentes y Frank C. Torres Viada representan al juez Marrero, quien era el candidato del presidente del Senado, José Luis Dalmau, para ocupar la presidencia alterna de la Comisión Estatal de Elecciones.
Lee la demanda aquí: Ricardo Marrero vs ELA
