El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, logró que la jueza federal Laura Taylor Swain acogiera evaluar su reclamo que busca frenar el financiamiento de la consulta de cabilderos de la estadidad.
La Ley Promesa incluye una especie de limitación para que la JSF no entre en asuntos de “autodeterminación” de los puertorriqueños.
A juicio de Hernández Montañez la asignación de $1.8 millones no cumple con la exclusión que tiene la Ley Federal Promesa sobre procesos de autodeterminación” porque no representa un proceso inclusivo ya que se trata de una consulta cargada a un solo sector.
La jueza Swain verá en interdicto preliminar el 29 de abril.
