A la medianoche expira el término para que el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia estampe su firma sobre un proyecto de ley que busca despenalizar las manifestaciones y protestas ciudadanas.
De no tomar acción, el Proyecto de la Cámara 2 recibiría un veto de bolsillo.
Esta medida deroga los Artículos 200 y 247 del Código Penal. Aprobadas durante la administración del exgobernador Luis Fortuño Burset tras la huelga en la Universidad de Puerto Rico, ambas disposiciones buscan desincentivar las protestas estudiantiles y ambientales.
El Artículo 200 tipifica como un delito grave -con una pena fija de 3 años de cárcel- bloquear o impedir la entrada de una obra de construcción pública o privada, o movimiento de terreno, que cuente con los permisos de las agencias del gobierno, como ocurre actualmente en la playa Los Almendros, en Rincón donde grupos ambientales protestan para denunciar las fallas que rodean el otorgamiento de un permiso de construcción de una piscina concedido al condominio Playa y Sol en una zona marítimo terrestre. Ayer, la Junta de Planificación ordenó la paralización del proyecto e inició el proceso de revocación del permiso de construcción.
El Artículo 247 también prohíbe la “obstrucción de acceso o de labores en instituciones de enseñanza y de salud o edificios en donde se ofrecen servicios gubernamentales al público”.
Además, quedan pendientes de firma hoy la Resolución Conjunta de la Cámara 83 para confeccionar una tablilla conmemorativa de los 50 años del “Hit 3,000” de Roberto Clemente Walker, el Proyecto del Senado 190 para reactivar el Programa de Comunidades Especiales, y la Resolución Conjunta del Senado 28 para designar una carretera en el pueblo de Dorado con el nombre de “Avenida Edgar Martínez”.
El Proyecto 190 o la “Ley de Justicia para Familias e Individuos realojados por el Programa de Comunidades Especiales” establecería un proceso entre el Departamento de la Vivienda, la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario y el Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales “con el propósito de poner fin a la incertidumbre e injusticia que enfrentan decenas de familias e individuos realojados en alquileres temporeros por el programa de Comunidades Especiales de Puerto Rico”, según la exposición de motivos de la medida.
Cuando la Asamblea Legislativa se encuentra en receso, el Gobernador puede dejar que expire el término de 30 días para la aprobación de la medida sin informar la razón o razones de ese veto de bolsillo.
Después que cerró la Sesión Ordinaria el pasado 30 de junio, la Legislatura envió 33 proyectos para la firma del Primer Ejecutivo. Hasta el momento, Pierluisi Urrutia ha firmado unas 14 medidas y vetado 3.
