Se trata de una partida de $48 millones que solo se identifica como “Bienestar ciudadano para Puerto Rico” y otra de $9 millones, de la cual $7.5 millones se identifican como asignaciones no distribuidas, con el remanente de $1.5 millones destinado a la creación de una Oficina de Legislación Presupuestaria.
Según explicó el representante Jesús Santa, la partida de $48 millones —la cual calificó como un barrilito— iría dirigido a atender necesidades de los municipios que no pueden ser atendidas con fondos federales o municipales. Esta medida está incluída en la Resolución Concurrente 278 que autoriza el pago de más de $10,000 millones para las transacciones que deben realizarse al amparo del Plan de Ajuste.
