Más de un centenar de familias recurrieron al Tribunal de San Juan alegando que se han violado sus derechos constitucionales y los de sus hijos cuando el Estado exige la vacunación del estudiantado a pesar que la Administración Federal de Alimentos y Drogas (FDA, por sus siglas en inglés) solo emitió una Autorización de Uso de Emergencia para las vacunas de COVID-19 en menores de 18 años.
“Las partes demandantes, recurren en auxilio a este Honorable Tribunal para revindicar sus derechos humanos, civiles y constitucionales, al ser objetos de discrimen, marginación y persecución por el Gobierno de Puerto Rico, por haber decidido no participar del experimento en curso que llevan las farmacéuticas con su asistencia, control y distribución, en contra versión a lo claramente establecido por la Ley Federal FD&CA 21 U.S.C. §360bbb-3(e)(1)(a)(ii)(I-III) que ocupa el campo, y que únicamente hizo disponible los productos a la población, bajo una restrictiva Autorización de Uso de Emergencia, (E.U.A.; por sus siglas en inglés)”, lee la demanda.
La demanda presentada por 126 familias agrega que “se está obligando el uso indiscriminado de estos productos de vacunas, sin habérseles otorgado una aprobación y licencia de mercado, distribución y sello “F.D.A Approved”.
“La Fase 3 del estudio actual en la población está proyectado a terminar a finales del año 2023, momento en el cual, el pleno del panel F.D.A. estará en condiciones para dirimir si aprobarlas oficialmente o retirarlas”, reza el documento judicial.
En la demanda de 62 páginas, llama la atención que el punto 119 se establece que una pareja de empresarios vecinos de Guaynabo tienen dos hijos menores de grado 10 y 12 que “ya firmaron el contrato y enviaron la aportación”.
El recurso judicial fue presentado por los licenciados Adrián O. Díaz Díaz, Cynthia Torres Torres y Atabey Lamela Gandía.
