En una movida que allanaría el camino para una alianza, el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) presentaron una demanda hoy para que se declaren inconstitucionales dos disposiciones del Código Electoral que impiden los juntes electorales y las candidaturas coaligadas.
Los artículos impugnados son el 6.1 sobre “Partidos Políticos de Puerto Rico” y el 7.9 sobre “Electores y Categorías de Primarias”. El artículo 6.1, por ejemplo, estipula que los partidos políticos “solo se certificarán y reconocerán individualmente dentro de las categorías dispuestas en esta Ley; y sin constituir alianza o coligación entre partidos políticos, sus candidatos o candidatos independientes”.
“Mediante esta demanda, las partes demandantes solicitan de este Honorable Tribunal, al amparo de la Regla 59 de Procedimiento Civil, que declare inválidas dichas disposiciones del Código Electoral por violentar el derecho al voto, la libertad de asociación y la libertad de palabra, además de constituir un discrimen por ideas políticas en violación de la igual protección de las leyes. Todos estos son derechos fundamentales garantizados por la Constitución de Puerto Rico”, reza el recurso legal de 15 páginas.
“Se solicita además que, de conformidad con el Código de Enjuiciamiento Civil, artículos 675-678, y la Regla 57 de Procedimiento Civil, se ordene a la Comisión Estatal de Elecciones, a su Presidente y a sus Comisionados Electorales cesar y desistir de poner en vigor los Artículos 6.1 y 7.9 del Código Electoral de Puerto Rico 6.1 y 7.9 del Código Electoral en la medida que proscriben la alianza de candidaturas comunes por los partidos políticos aquí demandantes”, agrega.
El grupo de abogados y abogadas que radicó el pleito legal planteó que la constitución del Estado Libre Asociado no prohíbe las alianzas electorales y las candidaturas coaligadas, una veda ilegal que aseguraron atenta contra la democracia participativa del pueblo y deja el país en manos de una minoría política.
La demanda ocurre en momentos en que el Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD) negocian enmiendas al Código Electoral, que no cuentan con el apoyo de las delegaciones de minoría. Ayer, esas conversaciones pausaron ante la elección del nuevo presidente de la Pava, el representante Jesús Manuel Ortiz.
El pleito también se da como antesala a la inminente alianza entre el MVC y el PIP para presentarse como una alternativa al bipartidismo clásico del PNP y el PPD. La página 7 de la demanda sostiene que ambos partidos iniciaron conversaciones a partir de las elecciones del 2020 para identificar puntos de coincidencia programáticas.
“Sus cuerpos directivos han tomado la decisión de explorar posibles candidaturas coaligadas, con el fin de aunar esfuerzos dirigidos a ofrecer al electorado posibilidades reales de transformación en la gobernanza del país. Han aprobado resoluciones para autorizar la realización de dicho proyecto. Han identificado al presente a los demandantes Juan Dalmau Ramírez y Manuel Natal Albelo como posibles candidatos comunes, y estos han expresado su interés en lograr el apoyo de ambas organizaciones para dichas candidaturas coaligadas”, indica el recurso legal.
“Las candidaturas a cargos públicos tienen que definirse finalmente, conforme a lo dispuesto por la legislación electoral, durante el mes de diciembre de 2023. Toman tiempo los procesos para que los candidatos interesados logren el apoyo necesario en sus organizaciones, y los partidos estén en condiciones de tomar sus decisiones en torno a las candidaturas que habrán de postular. Ambos partidos demandantes ya han iniciado los procesos de identificar otros candidatos para las elecciones de 2024, con miras a posibles candidaturas coaligadas adicionales”, añade.
Una candidatura coaligada es un “mecanismo que permite que dos o más partidos políticos puedan nominar una o más personas a un mismo puesto electivo sin sacrificar la identidad propia de cada partido o candidatura independiente”, según las define una medida de la delegación del MVC, que busca enmendar el Código Electoral.
Las alianzas y fusiones no son nuevas en la vida política de Puerto Rico. Eran permitidas hasta que en la Ley Electoral del 2011 aparecieron las primeras disposiciones con cortapisas.
Los demandantes son: Manuel Natal Alberto, coordinador general del MVC, Juan Dalmau Ramírez, coordinador general del PIP, Lillian Aponte Dones, comisionada electoral del MVC, y Roberto Iván Aponte Berríos, comisionado electoral del PIP.
Los demandados son: El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Francisco Rosado Colomer, la comisionada del PNP, Vanessa Santo Domingo Cruz, el comisionado electoral del PPD, Ramón Torres Cruz, el comisionado electoral de Proyecto Dignidad, Nelson Rosario Rodríguez y el ELA.
Mira el documento aquí: Demanda para retar prohibición de alianzas políticas
