El Departamento de Justicia ya encaminó una investigación ante alegaciones de fraude en el programa de disposición de estorbos públicos que administra la compañía Universal Properties Realty Government Services en 22 municipios a través del país, reveló la senadora independentista María de Lourdes Santiago Negrón.
“Yo tuve una conversación con el secretario de Justicia (Domingo Emanuelli Hernández). Me entrevisté con las personas que están investigando y el Negociado de Investigaciones Especiales está haciendo visitas a las alcaldías buscando información, así que el asunto va progresando”, afirmó en entrevista con Jay Fonseca en el programa Los datos son los datos (WAPA-TV).
En marzo pasado, la senadora y el representante Denis Márquez Lebrón denunciaron las prácticas irregulares de esta empresa, a quien más de una veintena de alcaldes populares y novoprogresistas le delegaron el trámite para expropiar y vender propiedades en desuso. Refirieron a Justicia los hallazgos de un examen de expedientes judiciales y otros registros públicos.
Señalaron, por ejemplo, que la empresa tiende a someter facturas “idénticas” a los municipios, independientemente de las características de la propiedad expropiada. También descubrieron que factura costos excesivos, como $350 por una certificación del CRIM, que tiene un costo de $2.50 para un ciudadano privado y es gratis para un municipio. Tampoco notifica de forma adecuada a las personas cuyas propiedades van a expropiar.
“Si se hubiera hecho como lo dicta el Código Municipal pudiera haber sido una medida saludable para atender el problema de los estorbos públicos, que es un problema muy grande”, apuntó Santiago Negrón, abogada y portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño en el Senado
Un grupo de alcaldes y alcaldesas contrató a Universal Properties para que tramitara la expropiación y venta estorbos públicos. Esto significa que la empresa identifica la propiedad en desuso, hace la tasación, notariza documentos, transfiere la titularidad y representa al municipio ante los tribunales completar el trámite de la expropiación forzosa. La misma empresa también vende la propiedad a nombre del municipio.
Pero en la marcha han surgido múltiples problemas y algunos municipios han comenzaron a cancelar sus acuerdos con la empresa.
Ayer, el Municipio de Caguas reveló al Centro de Periodismo Investigativo que canceló el contrato con Universal Properties luego de que una investigación interna confirmó irregularidades en el proceso de la declaración de estorbos y retuvo indebidamente $1.5 millones.
Hoy, la senadora Santiago Negrón enfatizó que en Caguas la empresa también retuvo $1.3 millones de personas que le pagaron por adelantado por propiedades que les prometió.
“Lo peor es que en ambos extremos hay gente que está sufriendo y contra quien se están cometiendo graves injusticias a nombre del estado. Eso es como un robo legalizado”, afirmó.
“Está el que le expropian y no le dan la justa compensación, que es una violación a un derecho de nivel constitucional, y está la persona a la que le toman el dinero y después no hay quien se lo devuelva. El estado tiene que intervenir. Tiene que responder por esa gente a quien se ha estafado gracias a la aplicación malsana del Código Municipal”, añadió.
Mira la entrevista aquí: Municipio de Caguas cancela contrato con Universal Properties
