Nuevo proyecto prohibiría hasta los implantes de pelo como tratamiento de afirmación de género

La representante del Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz.
La representante del Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz.

Quedarían prohibidos los tratamientos hormonales, terapias y cirugías que hagan cambios al “sexo biológico” en menores de 21 años, según el PC 1889 de la representante Lissie Burgos de Proyecto Dignidad.

La exposición de motivos establece que los procesos médicos de afirmación de género son un “movimiento experimental” y sugiere que menores con disforia de género se traten con terapias para ayudarlos “a sentirse mejor y en paz con su cuerpo”.

Específicamente, el proyecto prohíbe el uso de bloqueadores de pubertad, señalando que no han sido aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para tratar la disforia de género.

La disforia de género es el diagnóstico que se le da al trastorno mental que implica inconformidad con el sexo asignado al nacer.

Entre las intervenciones estéticas que no serían permitidas de aprobarse esta ley, se encuentran: liposucción, abdominoplastia, aumento de glúteos, implantes de pelo (“línea de cabello”, “zona de las entradas”, “vello facial” o “reemplazo de cabello”), elevación de cejas, rinoplastia, aumento de pómulos, lifting de labios, reducción de orejas, entre otras.

Contrariamente, estas prohibiciones no aplicarían en diagnósticos de trastornos o anomalías de desarrollo sexual en las que menores presenten estructuras cromosómicas sexuales que no correspondan a los sexos masculino o femenino. O si tienen características externas “ambiguas” como “presencia de tejido ovárico y testicular a la misma vez”.

Personas que violen lo que propone el proyecto, se enfrentarían a tres años de cárcel y hasta $10 mil en multas. Para el personal médico implicaría 15 años de cárcel $25 mil en multas y suspensión permanente de su licencia.

Mientras que entidades podrían ser multadas por $50 mil y sus licencias y permisos de uso serían revocados.

También se prohibiría el cambio de sexo en certificados de nacimientos, licencia de conducir y tarjeta electoral. No se permitiría asignar fondos públicos para la investigación de terapias, tratamientos hormonales y cirugías para tratar la disforia de género. Tampoco que los planes médicos cubran este tipo de tratamientos.

Burgos adjuntó en el proyecto una serie de referencias que cuestionan la seguridad y apuntan riesgos a la salud mental y física de menores que reciben tratamientos hormonales.

Sin embargo, la Academia Americana de Pediatría ha publicado estudios que señalan mejorías en la salud mental de personas transgénero que recibieron tratamientos de bloqueadores de pubertad durante la adolescencia. Se asocia significativamente la administración de este tratamiento con la reversión de ideaciones suicidas en adultos transgénero.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) los adolescentes transgénero enfrentan un mayor riesgo de suicidio en comparación con jóvenes cisgénero, aquellos que sí se identifican con el sexo asignado al nacer.

Lee el proyecto aquí.

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