Justin Peterson, nuevo miembro de la Junta de Supervisión Fiscal, se estrenó hoy en su cuenta de Twitter comentando sobre los asuntos de Puerto Rico en un intercambio con varios expertos sobre el proceso de Título III de la Ley PROMESA ante el Tribunal Federal.
“Espero poder usar mi puesto en la FOMB (Junta de Supervisión Fiscal) para ayudar a poner fin a este drenaje de las finanzas de Puerto Rico. ¡Hagamos algunos tratos!, lee un tuit de Peterson.
En el tuit Peterson contesta a Cate Long, quien dirige un servicio de investigación para bonistas, quien reclamó el gasto de $808 millones en profesionales como asesores financieros y economistas que asesoran a la Junta de Supervisión Fiscal en el proceso de Título III ante la corte federal.
La Junta de Supervisión Fiscal es el representante de Puerto Rico ante el proceso de Título III que se dirime en el Tribunal Federal.
Las expresiones de Peterson en Twitter surgen mientras que ha sido criticado por alegaciones de conflicto de interés debido a que hasta hace dos años representó a bonistas generales del Gobierno de Puerto Rico como socio administrador de la empresa DCI Group.
Peterson adelantó en otro tuit su posición de que nadie gasta tanto dinero como un abogado del Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés), que según el nuevo de la Junta de Supervisión Fiscal es una de las partes que no se han visto afectadas.
