Tras el fallecimiento de la osa americana Nina en el Zoológico de Mayagüez doctor Juan A. Rivero, el gobernador Pedro Pierluisi ordenó este jueves al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) que acelerar el paso en el proceso de transformar la instalación en un “santuario”. Una firma de arquitectos contratada por el DRNA ha estado trabajando en el rediseño y reconceptualización del espacio.
La Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) informó el cierre del Puente Atirantado de Naranjito a partir del lunes, 30 de enero, mientras duren los trabajos de rehabilitación, que incluyen la reparación de la losa del puente y de sus vigas, la aplicación de hormigón y su protección, mediante el revestimiento protector, retensado y reparación del sistema de cables atirantados, entre otros. También se estará trabajando en la rehabilitación del pavimento existente en la carretera PR-5, entre los límites del proyecto.
Se exhorta a todos los conductores a tomar las precauciones debidas, ya que se pueden formar congestiones vehiculares sustanciales mientras se realizan los trabajos. Como vías alternas estarán disponibles la PR-148 y la PR-167. También se habilitará un acceso provisional para los residentes del sector Los Padillas, así como para el restaurante Atirantado Bar & Grill, ubicado al lado del puente.
“La rehabilitación del icónico puente, que una vez finalizado contará con dos carriles en ambas direcciones, beneficiará tanto a los residentes del pueblo de Naranjito, como a los de pueblos cercanos que transitan por esta área. Además, hará más fácil el acceso para los visitantes del resto de la Isla que suelen utilizar esta vía como parte del corredor gastronómico de Naranjito, por lo que tendrá un efecto positivo en la economía del sector”, indicó el doctor Edwin González-Montalvo. director ejecutivo de la ACT.
Para reducir los retrasos en los tiempos de viaje, se recomienda a los conductores utilizar la aplicación WAZE. Además, pueden mantenerse informados sobre los trabajos y proyectos en las redes sociales, Facebook ACT/DTOP, Twitter @DTOP y @ACT.
Tres días después de que el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, solicitó la desestimación de los cargos que pesan en su contra alegando que el dinero en efectivo que recibió del convicto contratista Oscar Santamaría Torres era un donativo de campaña y no un soborno, la Fiscalía Federal reveló que el testigo cooperador realizó esos pagos bajo la supervisión del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) y usando el dinero de la agencia federal.
El dato salió a relucir hoy, durante una vista virtual con antelación al juicio ante la jueza federal Aida Delgado Colón, luego de que el licenciado Eduardo Ferrer Ríos solicitó al ministerio público copia de los estados bancarios de Santamaría Torres que muestren “las cuentas de las cuales retiró el dinero para las aportaciones a la campaña política de nuestro cliente”.
“Santamaría hizo los pagos de los sobornos a Ángel Pérez bajo la dirección del FBI. No estoy seguro que pide la defensa”, apuntó uno de los dos fiscales que participó en la vista celebrada mediante videoconferencia y quien no se identificó para récord.
Los periodistas solo pueden escuchar la vista por teléfono. No tienen acceso a la plataforma de zoom que permitiría ver quién habla. En la vista de hoy, participaron los fiscales Scott Anderson y Nicholas Cannon.
El fiscal, luego a preguntas de la togada, indicó que el pago de los sobornos se realizó con fondos del FBI.
Ante la confusión que creó la petición de los estados bancarios, el licenciado Ferrer Ríos aclaró que la fuente del dinero federal no estaba en pugna pero que en los informes 302, que son los formularios para documentar las entrevistas del FBI, “el testigo indicó que dio dinero para la campaña de nuestro cliente de fuentes que no provenían del gobierno federal”.
Tras la aclaración, la fiscalía acordó realizar una llamada a los abogados de defensa para dilucidar el alcance de la petición y posteriormente presentar una moción informativa a la jueza Delgado Colón explicando el desenlace del asunto.
Ferrer Ríos, quien estuvo en la vista junto al licenciado José Olmo Rodríguez, también pidió un listado de todas las empresas vinculadas a Santamaría Torres, una petición que la fiscalía dijo atenderá tras solicitar medidas cautelares para que no “se propague la información”.
Durante la vista, que se extendió unos 20 minutos, el licenciado Olmo Rodríguez aseguró que la controversia del “quid pro quo” planteada en la moción de desestimación debía resolverse ahora, mientras que la fiscalía argumentó que era un asunto para el jurado. Los abogados de defensa alegan que la evidencia del ministerio público no demuestra que existió un acuerdo explícito entre Santamaría Torres y el exalcalde de Guaynabo para que el funcionario aceptara sobornos a cambio de extenderle contratos municipales a las empresas del contratista. Insisten en que el dinero que recibió Pérez Otero consistió de aportaciones a su campaña política, que no informó.
Hoy, durante la vista, la jueza Delgado Colón también preguntó a los abogados defensa si habían recibido como parte del descubrimiento de prueba los videos de mayo 19, julio 1 y agosto 11 de 2021 y las grabaciones de teléfono con transcripciones de junio 1, agosto 19 y 27 de 2021. Esas grabaciones, según el ministerio público, evidencian el soborno.
“Proveyeron todo y todo está en orden”, afirmó Ferrer Ríos.
La moción de desestimación de Pérez Otero se dio tras rechazar varias propuestas del ministerio público para declararse culpable de cargos de corrupción pública. El juicio está pautado para comenzar el 13 de marzo de 2023.
La Fiscalía Federal presentará de 8 a 10 testigos y la defensa anticipó hoy que sentará a declarar a menos de 5 testigos. Por los delitos imputados, el exalcalde se expone a una sentencia de hasta 20 años de cárcel.
“Queremos llegar hasta los gatilleros y sacarlos de la calle”. Con esas palabras el capitán Luis Díaz, director de División de Inteligencia y Arrestos de la Uniformada en San Juan diligencia un operativo con el apoyo de agentes federales en Monte Hatillo.
Son apartamentos vacantes que son usurpados por criminales. Poco después de incursionar aquí, encontramos uno donde había municiones”, dijo Díaz.
Los presidentes de la Cámara de Representantes y el Senado, Rafael “Tatito” Hernández y José Luis Dalmau presentarán este lunes ante el tribunal federal un pleito legal impugnando la extensión del contrato suplementario de LUMA Energy el pasado 30 de noviembre bajo el argumento de que se hizo en violación a las leyes que regulan las alianzas público privadas.
Mientras por su parte, LUMA dijo en declaraciones escritas que “los sobre 3,000 hombres y mujeres de LUMA están enfocados en construir un mejor futuro energético para Puerto Rico, dejando a un lado el pasado y la política”. “Para que quede claro, nada nos distraerá de esta misión crucial. Sin importar dónde vivas en esta hermosa isla, deberíamos estar entusiasmados con las oportunidades increíbles que nos esperan, las cuales nos ayudarán a alcanzar el futuro energético más confiable, más resiliente y más limpio que nuestros clientes esperan y merecen”.
Un proyecto cameral que propone la creación de un Plan Nacional de Salud y establecer una nueva política pública de salud en Puerto Rico, no encontró apoyo de las entidades gubernamentales relacionadas a los temas de Salud y de las finanzas gubernamentales, y tampoco del Colegio de Médicos Cirujanos.
El argumento principal en contra de la medida fue la falta de estudios y datos que sostengan sus propuestas, y el riesgo de que su implantación amenace el importante flujo de fondos federales que recibe al presente el programa de Medicaid en la Isla, del que depende el sistema de salud local.
La Administración Federal de Aviación dijo ayer que rastreó la interrupción masiva del sistema que suspendió temporalmente todas las salidas de vuelos nacionales ese mismo día y que se debió a un “archivo de base de datos dañado”.
La agencia agregó que “no había evidencia de un ataque cibernético” y que está “continuando una revisión exhaustiva para determinar la causa raíz”, según un comunicado.
Los líderes legislativos José Luis Dalmau y Rafael “Tatito” Hernández aseguraron que darán el visto bueno a que la generación de energía pase a manos privadas si: hay mayor transparencia y protección de los empleados y sus beneficios en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
Además, solicitaron que cualquier ahorro producto de la privatización se refleje como reducción en la factura del servicio; que no se permita la subcontratación de socios, aliados, subsidiarias ni otras organizaciones ligadas al consorcio con el que han iniciado las negociaciones —identificado como Genera PR—; que la prioridad al subcontratar sean empresas y empleados de la Isla, y que las extensiones del contrato tengan que contar con el voto unánime de los dos representantes del interés público ante la Junta de Directores de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), como lo ordena la Ley 120-2018.