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El Departamento de Transportación y Obras Públicas informó que trabaja en la finalización de los planos del nuevo terminal de embarcaciones en Ceiba “que debe ser subastado este año”.
En la actualidad, solo hay una carpa. Además, se espera que la Autoridad de Transporte Marítimo compre con fondos estatales y federales, cuatro embarcaciones nuevas para pasajeros y carga y adquiera su primera barcaza; la que se utiliza ahora es alquilada.
El exgobernador Alejandro García Padilla dejó claro que no aspirará a la gobernación. Dijoi que “al Partido Popular, en el 2016, lo derrotó el Partido Popular”. Agregó que hay “demasiada gente dentro del partido que quiere ser el presidente sin atreverse a presentarse como candidato”.
El Nuevo Día
A dos meses de haberse firmado la extensión al contrato suplementario con la compañía LUMA Energy, la Cámara de Representantes y el Senado reclamaron la nulidad del acuerdo ante el Tribunal de Título III. El liderato legislativo alegó que la Junta de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) de aprobar el contrato sin el aval de los representantes del interés público ni de la Legislatura. En la votación sobre la extensión, los representantes del interés público Eduardo Ferrer y Liza Ortiz, se abstuvieron.
El Vocero
Luego que el tribunal cuestionó el aparente desinterés del Gobierno, la Administración de Terrenos (AT) radicó hoy una moción solicitando el emplazamiento por edicto de Luis Clemente, presidente de la Ciudad Deportiva Roberto Clemente, como parte de los esfuerzos que realiza para lograr acceso al lugar.
La licenciada Evelyn Meléndez Figueroa acompañó su petición con una declaración jurada de Josué Canini Torres, el empleado de la agencia que ha intentado sin éxito emplazar a Clemente y a la secretaria de la corporación, Lillybeth Rosario. También incluyó un borrador del edicto que aparecería en un periódico de circulación nacional.
En la declaración jurada Canini Torres detalla al juez Ignacio Morales Gómez del Tribunal de Carolina los esfuerzos que realizó para intentar emplazar a Clemente y a Rosario en sus respectivas residencias. Clemente reside en la urbanización Mansiones de San Martín en San Juan y Rosario en Villas de Torrimar en Guaynabo. Ambas urbanizaciones tiene el acceso controlado.
El empleado de la AT indica bajo juramento que visitó ambos lugares el 31 de octubre, el 9 y 28 de noviembre. En el caso de la urbanización Mansiones de San Martín nunca pasó del “intercom” o de la entrada al complejo de viviendas.
También trató de comunicarse con Clemente a su celular, pero el hombre no respondió sus llamadas.
Después de las fiestas navideñas, el 19 de enero de 2023 Canini Torres volvió a visitar ambos lugares sin lograr autorización para cruzar el umbral de la entrada. Por tanto, la AT solicitó hoy el emplazamiento por edicto para continuar con el trámite, que le permitirá a la agencia continuar con el cambio de titularidad de los terrenos ubicados en Carolina.
El pasado 21 de julio el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia estampó su firma sobre el Proyecto de la Cámara 489, convirtiéndolo en la Ley 67 de 2022. Este estatuto transfiere la titularidad de los terrenos e instalaciones de la Ciudad Deportiva Roberto Clemente al Departamento de Recreación y Deportes y exige a la AT inspeccionar el lugar para tramitar el cambio de titularidad.
El año pasado el Ejecutivo también impuso un cargo especial en el marbete y la tablilla de los vehículos de motor para desarrollar dichos terrenos. Ese cargo obligatorio recaudó unos $14 millones, que se mantienen en una cuenta a la espera de que culmine la controversia legal.
Pero mientras el Gobierno procura acceder a los terrenos mediante una demanda en las cortes de Puerto Rico, la familia de Clemente tiene pendiente un pleito contra el Gobierno en el Tribunal Federal. Alega, en esa demanda, que el Gobierno violó la Ley de Marcas al usar sin su autorización el nombre del astro del béisbol en dicho marbete y tablilla conmemorativa.
El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia vetó una medida que buscaba garantizar el pago de las pensiones de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), fortalecer la estabilidad financiera de la corporación pública y establecer los términos para futuras emisiones de bonos.
Pierluisi Urrutia vetó la medida el pasado 13 de enero, dos días antes de que iniciara el veloz proceso de aprobación del polémico contrato que privatizará los activos de generación de energía, que actualmente opera la AEE.
El contrato avalado por rojos y azules no contiene una cláusula de patrono sucesor para proteger a los empleados de la corporación pública que pasarían al nuevo operador, entre otros señalamientos. Aunque oficialmente no se ha anunciado al proponente seleccionado, ha trascendido que se trata de Genera PR, un consorcio de nueva creación vinculado a New Fortress Energy, una empresa con una cuestionada trayectoria de desempeño en Puerto Rico.
La carta dirigida al presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago e incluida en la agenda o el orden de los asuntos de la sesión de hoy, plantea que el proyecto del Senado 906 choca con los objetivos de la ley federal Promesa.
“Reconozco la meritoria intención del P. del S. 906 al procurar proteger las pensiones de nuestros servidores públicos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Sin embargo, la pieza legislativa resulta contraria a PROMESA y el Plan Fiscal Certificado de la AEE. El Plan Fiscal Certificado de la AEE reconoce que el fideicomiso del Sistema de Retiro de los Empleados de la AEE (SRE) enfrenta una significativa escasez de fondos. Específicamente, la AEE acumuló $4 mil millones en pasivos de pensiones, por lo que el Plan Fiscal Certificado de la AEE contempla la adopción de una reforma sostenible para respaldar de forma estructural el pago de las pensiones de los empleados pasados y presentes de la AEE”, apuntó el primer ejecutivo.
“La política pública de mi administración es que ningún jubilado actual del gobierno o cualquiera de sus instrumentalidades debe sufrir un recorte en el pago de su pensión. Aunque esta política pública le aplica a los pensionados de la AEE, el PS 906 impide que se reforme el SRE según establecido en el Plan Fiscal Certificado de la AEE. Por otro lado, la medida podría violar la orden de paralización automática de toda reclamación en contra de la AEE y su propiedad mientras la corporación pública se encuentre en el proceso federal de reestructuración de deuda bajo el Título III de PROMESA”, añadió.
El pasado 16 de diciembre la Junta de Control Fiscal sometió al Tribunal Federal un Plan de Ajuste a la Deuda de la AEE, que contempla dos cargos nuevos a los clientes que se extenderían más de tres décadas y propone cambios al actual sistema de retiro de los empleados de la corporación pública.
La nueva estructura salarial que implementó el gobierno como parte de la reforma del servicio público consta de 25 escalas y comienza con un salario mínimo anual de $19,800 y un máximo anual de hasta $279,900. El ajuste a los empleados de carrera que cualifiquen se reflejará en el pago durante el próximo mes de febrero.
El Departamento de Energía federal (DOE) descartó dar paso a proyectos adicionales de gas natural, aunque sean proyectos en lo que se integra masivamente la generación de energía con fuentes renovables a la red de la isla.