Airbnb rechaza reglamento de San Juan y aboga por reglamentación única estatal

La empresa de alquileres a corto plazo Airbnb objetó la propuesta de reglamento que impulsa el Municipio de San Juan y reclamó que cualquier regulación que se establezca sea a nivel estatal, reportó NotiCel.

Ya el Municipio de Dorado regula este tipo de actividad comercial.

La propuesta del Municipio de San Juan propone el pago de una licencia de $100 para cada alquiler en estructuras compartidas y de $500 para estructuras o alquileres de estructuras completas o casas rodantes, entre otras disposiciones.

Según Airbnb, ha recaudado, retenido y pagado más de $50 millones por concepto del Impuesto de Ocupación (Room Tax) en Puerto Rico. Estimó, citando un estudio de Oxford Economics, que el gasto de los huéspedes que utilizaron Airbnb en Puerto Rico durante 2021 fue de $1,700 millones, sin incluir el gasto en alojamiento. Esto equivale al 23.4% de toda la actividad turística directa de la isla, y sostiene 24,000 empleos, según el análisis de la empresa.

Fuente: NotiCel

Mayor reto de Pierluisi lograr estabilización del sistema eléctrico

Al repasar su segundo año a cargo del país, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia reconoció que la crisis energética que atraviesa el archipiélago constituye su mayor reto.

A su juicio, la estabilización del sistema eléctrico llegará una vez la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) traiga los generadores portátiles de tierra y las barcazas, acción que facilitará la reparación de algunas unidades generatrices de la Autoridad de Energía Eléctrica. Luego se sumarán los proyectos de energía renovable y la reconstrucción del sistema de transmisión y distribución afectado severamente tras el paso del huracán María hace cinco años y que está a cargo de LUMA Energy. Todas estas iniciativas, según su proyección, ayudarán a bajar el costo de la energía en el país.

Fuente: El Vocero

Vivienda detiene nuevas asignaciones a constructora con patrón de incumplimiento

Pese al patrón de incumplimiento, el Departamento de Vivienda no canceló el contrato de la corporación Lemoine Disaster Recovery LLC sino que le permitirá completar algunos trabajos que asegura estaban adelantados.

Así lo confirmó la agencia mediante expresiones escritas luego de que Cuarto Poder (WAPA-TV) solicitara información sobre el caso de un matrimonio que lleva dos años esperando la reconstrucción de su casa, como parte del programa de Reparación, Reconstrucción y Reubicación (R3).

José Antonio Charón y Nélida Crespo solicitaron ayuda a Vivienda en 2020 para reparar el techo del baño y terminar una rampa de entrada a su casa. José Antonio perdió una pierna luego de infectarse con una bacteria mientras sacaba agua de los bajos de su casa tras el paso del huracán María en el 2017.

En vez de las reparaciones, la agencia les indicó que lo mejor era demoler la casa para reconstruirla. Aseguró que el proceso no demoraría más de seis meses. Luego de la demolición y de haber escogido el diseño para la nueva casa que les construiría Lemoine, pasaron meses sin tener ninguna actualización.

“Nos ilusionaron, como a los seis meses aparecieron a tumbar la casa y nosotros pues bien tristes, pero a la misma vez alegres porque nos iba a hacer una casa bien buena. Pero no, ahí se quedó”, lamentó Charón.

Finalmente, Vivienda les informó que Lemoine había sido removida de su proyecto y que ahora estaría cargo Thompson Construction Group Inc.

“Esa compañía no cumplió. Supuestamente se quedó con el dinero, entonces le dieron contratos para hacer arreglos nada más. Le quitaron de las construcciones, pero se quedó esa compañía trabajando”, relató Crespo en referencia a Lemoine.

Según indicó a Cuarto Poder el secretario de Vivienda, William Rodríguez, la agencia “no desembolsó ni desembolsará dinero alguno a la compañía Lemoine con relación a este caso”. Además, aseguró que los costos de demolición y recogido de escombros de la casa de Nélida y José, fueron asumidos por la misma corporación.

El contrato original de Lemoine expiró el 5 de diciembre de este año y a pesar de los problemas que ha presentado la constructora, la agencia extendió el término por un año adicional a principios de este mes.

“La razón para la enmienda de extensión de tiempo a Lemoine fue única y exclusivamente para que pudieran completar unas casas que se encontraban en una etapa adelantada del proceso de construcción y así evitar mayores atrasos para esos solicitantes”, puntualizó Vivienda.

A pesar de la mala experiencia con el contratista, fuentes de Cuarto Poder, aseguraron que Lemoine también está subcontratada por el Departamento de Educación para realizar trabajos de reparación de escuelas tras los daños que causaron los terremotos del 2020.

El Departamento de Vivienda también explicó que los contratos a los gerentes de construcción, “establece[n] que luego de completar el proceso de diseño y obtener el permiso de construcción, los trabajos se deben completar en 180 días”.

 Thompson, sin embargo, está asignado al proyecto de José y Nélida desde noviembre del 2021 y los trabajos aún no comienzan. Según Vivienda, “la expectativa es que la construcción de la casa comience en enero 2023”.

LA HISTORIA SE REPITE

La organización Ayuda Legal asegura que casos como el de José y Nélida son más comunes de lo que se cree. En entrevista con Cuarto Poder, la abogada comunitaria de Ayuda Legal, Verónica González, expuso que se han presentado por lo menos 400 quejas anuales sobre asuntos generales y sobre 3,300 quejas sobre asuntos de garantía por parte de solicitantes ante el Departamento de Vivienda.

González añadió que la información de estas quejas no está disponible en línea, pero que Ayuda Legal la obtuvo mediante una solicitud que hizo a la agencia.

“Muchas veces han sido problemas en la planificación del proceso, que después que destruyen la estructura se dan cuenta que hay problemas con el lote y tal vez la reconstrucción no se puede hacer”, comentó sobre la mayoría de los casos de los que la organización tiene conocimiento.

La licenciada argumentó que las constructoras convierten estos proyectos en un negocio lucrativo en la medida en que existe la “obligación de hacerlo[s]”, aunque Vivienda asegure que no realiza pagos por adelantado, sino hasta una vez se terminen todos los trabajos.

También apuntó a que hay un problema de transparencia con la agencia ya que “es difícil seguirle el tracto, cuántos contratos de estos se han dado y cómo se han manejado”.

Por su parte, Vivienda destacó que “todo trabajo realizado por los contratistas del programa es inspeccionado por un inspector designado de obra (ingeniero o arquitecto licenciado en Puerto Rico) contratado por Vivienda, antes de recomendar cualquier certificación de pago. Los inspectores determinan si los trabajos fueron completados de acuerdo a los planos, especificaciones y requisitos del programa”.

“Además, Vivienda realiza visitas de control de calidad en una muestra de casos que han sido inspeccionados para confirmar que los trabajos han sido realizados correctamente”.

Conozca la historia de Nélida y José aquí.

Vea la entrevista a la licenciada Verónica González aquí.

Carlos Correa firma con los Mets por $35 millones menos

Carlos Correa acordó un nuevo contrato con los Mets de Nueva York por $35 millones menos de lo que había pactado con los Gigantes de San Francisco.

Aunque el contrato es por $35 millones menos, es por 12 años según Jon Heyman del NY Post.

Sports Illustrated informó que había preocupación por la espalda baja de Correa quien ha sufrido lesiones en el pasado.

Los Gigantes de San Francisco iban a introducir a Correa oficialmente, pero decidieron posponer la conferencia de prensa en lo que decidían sobre la evaluación física del pelotero con quien pactarían por 13 años y ahora el contrato sería por 12 años.

Lo interesante es que tanto Francisco Lindor como Carlos Correa son los mejores en la misma posición defensiva por lo que habría que ver quién se mueve de posición, probablemente, a tercera base. Correa firmaría por 315 millones y 12 años lo cual pasaría a la historia como uno de los contratos más lucrativos en la historia.

Gobernador afirma que celebración de plebiscito criollo no es prioridad ahora mismo

El gobernador Pedro Pierluisi afirmó ayer que hablar de una posible consulta de estatus ahora está a destiempo, y que la mira está puesta en el Congreso federal. “Eso no está planteado ahora mismo. Steny Hoyer indicó que eso es una posibilidad, pero nosotros estamos enfocados en los días que restan de esta sesión y luego de eso, si no se convierte en ley el HR8393, nos vamos a enfocar en el Senado y en la Cámara federal”, respondió Pierluisi cuando se le preguntó si hará un plebiscito criollo.

El Vocero

Sin apoyo por ahora del Gobernador Plan de Ajuste de la Deuda AEE

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia no apoya el Plan de Ajuste a la Deuda de la Autoridad de Energía (AEE), que la Junta de Control Fiscal (JCF) soltó la noche del viernes pasado, mientras despachó como apresurado aceptar los aumentos propuestos en el documento y que suponen otro cantazo al bolsillo.

“Todavía no estoy endosando este plan porque yo quiero ver dónde acaba. Todavía no sabemos exactamente cuál es la deuda a pagar”, respondió.

También dejó entrever que para paliar el impacto de ese nuevo cargo, que según algunos cálculos podría traducirse en un alza de $80 a $1,100 al mes, apuesta a que la AEE reduzca el gasto de compra de combustible y de energía con la incorporación de proyectos de energía renovable para que baje ese renglón de la factura.

En esa línea, mencionó la iniciativa de estabilización del sistema eléctrico que lidera la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), que pagará una porción de la compra de combustible que se usa para generar energía en el archipiélago.

“Es que se están adelantando a los eventos innecesariamente. Todas esas cifras que están saliendo de posibles cargos no son reales, ni es lo que está sobre la mesa. Nosotros, de parte de mi administración particularmente Aafaf, estamos concentrados en la reducción de la deuda. Queremos que esa reducción sea bien sustancial y eso es lo que queremos lograr”, apuntó el gobernador en un aparte con la prensa tras participar en la presentación de la una nueva empresa de transporte marítimo que se instalará en el muelle de San Juan.

“Lo que estoy notando en los reportajes es que están partiendo de la premisa de que esto va a conllevar un aumentos significativo en la costo de la luz y la contestación es que no necesariamente. ¿Por qué? Primero que nada. Es la Autoridad de Energía Eléctrica la que va a tener que pagar de sus propios recursos el servicio de la deuda que se acuerde y será el Negociado de Energía el que va a establecer cuáles los cargos que los consumidores tendremos que pagar”, añadió en una extensa contestación en la que danzó alrededor del tema.

La JCF presentó ante el Tribunal Federal el Plan de Ajuste a la Deuda que contempla dos incrementos en la factura de la luz para pagar a los bonitas de la corporación pública y que se extenderían un mínimo de 35 años y un máximo de 50. Pese a que el ente fiscal adelantó los potenciales escenarios de aumentos, esos estimados no son finales puesto que la propuesta solo abarca a un 15% de los acreedores de la AEE. La corporación pública acumuló una deuda de unos $12,000, que incluye el pago a las pensiones.

“Les anticipo otra cosa. Ahora mismo FEMA va a añadir 700 megavatios al sistema que tenemos y para esa generación adicional FEMA va a pagar por el combustible. O sea que eso es otro ahorro que vamos a tener, 700 megavatios, una tercera parte de la generación que se da en Puerto Rico básicamente FEMA la va estar asumiendo por vía de la estabilización del sistema eléctrico”, apuntaló el mandatario.

“Así que aquí algunos están buscando los escenarios en los que peor saldríamos para entonces hasta cierto punto crear una controversia innecesaria”, añadió en otro momento.

Aunque el gobernador inicialmente trató de minimizar el aumento, finalmente reconoció que ese incremento lo pagarán las personas que residen en el país. Este cargo adicional se sumará a otros aumentos ya aprobados para pagar, por ejemplo, la deuda de la Autoridad de Carreteras, que contempla alzas anuales hasta el 2051.

“No necesariamente conlleva un pago adicional… Ahora la deuda de la Autoridad es parte de sus gastos y sí el pueblo de Puerto Rico es el que paga por los gastos de la Autoridad, sean lo que sean, incluyendo su deuda, pero ahora lo que estamos es en un proceso de reducir su deuda”, indicó el primer ejecutivo.