El administrador de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), Jesús Rodríguez Rosa, confirmó ayer a Cuarto Poder (WAPA-TV) que removió de los puestos de confianza a su mano derecha, Jesús Muñiz Cruz, quien en los pasado días ha estado en el ojo público porque enfrenta una de multa $15,000 por politiquear en horas laborales.

Rodríguez Rosa envió una carta al actual subdirector ejecutivo de la Región de Bayamón informándole que de manera inmediata quedó fuera de los Comités a los cuales está designado. La misiva con fecha del 6 de noviembre no identifica los nombres de los comités.

Pero en entrevista con este medio, el administrador del CFSE señaló que Muñiz Rosa pertenecía al Comité de Diálogo y del Comité de Negociación del Convenio Colectivo del Fondo. En ambos organismos, representaba a la administración.

Esta acción ocurre luego de que el pasado jueves NotiCel informó que el Tribunal de Apelaciones refrendó la multa de $15,000 que la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) emitió en contra de Muñiz Cruz por presionar a otros empleados de la corporación pública para que participaran en una actividad política del entonces precandidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP) y hoy gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia. El evento político, convocado para las 5:00 p.m., se llevó a cabo el 15 de noviembre de 2009.

Fuentes de este medio también aseguraron que Muñiz Cruz recibió este año un pago de horas extras que ascendió a unos $36,000. La corporación pública no confirmó el monto, pero reconoció que en el caso de los gerenciales, ese tipo de pago se realiza al cierre del año fiscal, que culmina el 30 de junio. 

Hasta ahora el Fondo no había tomado medidas disciplinarias en contra del empleado de carrera. Tampoco inició una investigación interna para determinar si violó reglamentos o directrices del Fondo.

Pero ante preguntas de Cuarto Poder sobre esa omisión, Rodríguez Rosa indicó que solicitó una opinión legal para entender el alcance de las acciones que el Fondo podría tomar en este caso.

Explicó que tras el revuelo que causó la noticia de la multa consultó con su equipo para conocer el proceder de la corporación pública en situaciones similares y que la directora de la Oficina de  Relaciones Laborales le informó que  “por uso y costumbre” se daban como una “cosa juzgada” las actuaciones de empleados investigados por la OEG. Es decir, que se aceptaba la decisión de la agencia como una final sin evaluar si ese empleado o empleada había violentado disposiciones internas de la corporación pública. 

En este caso, la OEG inició su pesquisa tras recibir una denuncia independiente y no por un referido del Fondo, lo que dejaría jurisdicción a la corporación pública para iniciar su propia investigación.

Ante preguntas de este medio sobre las responsabilidades y obligaciones de los empleados, el Fondo entregó a este medio un Reglamento de Personal del 1999, pero el Manual de Normas de Conducta y Medidas Disciplinarias del 2008, que Cuarto Poder encontró en una búsqueda virtual, establece que una persona que no registra adecuadamente su asistencia o que politiquea en horario de trabajo se expone a medidas disciplinarias que van desde una amonestación hasta la destitución. Ambos asuntos afloraron en la sentencia del Apelativo.

Previo a la entrevista con el administrador, la abogada y subadministradora Mayra Domenech Román indicó a este medio que la corporación pública evaluaría el caso de Muñiz Cruz cuando acabara el trámite de la OEG.

“A ningún empleado que esté inmerso en este tipo de proceso con algún ente externo sea Ética o no, la corporación no necesariamente toma una medida en particular. No es lo que corresponde. Nosotros tenemos que esperar que los procesos con los entes externos se realicen, si ese ente externo nos hace requerimientos de información, los contestamos”, apuntó Domenech Román.

“Para nosotros como patrono, no es un proceso que entendamos ha concluido y responsablemente dentro del andamiaje legal que nos impone, tenemos que esperar que el mismo concluya para determinar lo que nos corresponde a nosotros como patrono trabajar y obviamente cuando llegue ese momento responsablemente lo haremos”, agregó.

Pero abogados laborales consultados aseguraron que el Fondo tenía jurisdicción para encaminar su propia investigación interna y que podría exponerse a una acción legal porque no tomó medidas ni protegió a los empleados perjudicados por el alegado acoso de Muñiz Cruz.

Domenech Román también trató de distanciarse de la investigación de la OEG y planteó que la corporación pública no tenía conocimiento de las alegaciones específicas que investigaba la agencia, más allá de proveer los requerimientos básicos de información.

Sin embargo, la directora de la Oficina de Recursos Humanos, Angie Hernández Román figuró como testigo en la vista en su fondo que realizó la OEG. Luego que la agencia desistió de su testimonio, Muñiz Cruz la presentó como su testigo, según lo recoge el informe de la oficial examinadora de la OEG. Eso significa que una de las personas llamadas a velar porque se cumplan las directrices internas del Fondo conocía de las serias imputaciones que enfrentaba la mano de derecha del administrador.

Este medio procuró una reacción de Muñiz Cruz, pero luego de responder el teléfono brevemente y asegurar mediante mensajes de textos que concedería una entrevista, no atendió las múltiples llamadas de este medio. Tampoco aceptó una invitación para ofrecer su versión de los hechos ante las cámaras de Cuarto Poder.

Mira el documento aquí: Carta a Jesús Muñiz removiéndolo de comités