Las autoridades federales le tenían el ojo puesto a Wanda Vázquez Garced desde que estaba en La Fortaleza y hasta solicitaron una orden de registro y allanamiento a finales de su mandato.

Hoy, durante una vista sobre el estado de los procedimientos ante el juez federal Raúl Arias Marxuach, el licenciado Luis Plaza Mariota indicó que esa orden de registro y allanamiento -con fecha del 20 de noviembre de 2020- todavía no había sido entregada a la defensa como parte del descubrimiento de prueba, que describió como “voluminoso y fragmentado”.

“Entiendo que el gobierno (hoy) hace la representación de que enviará más paquetes de información como parte del descubrimiento de prueba y nuestra esperanza que eso esté ahí. Eso es solo para darle una idea de lo fracturado que es este proceso de descubrimiento de prueba”, apuntaló al final de la audiencia virtual.

Estas expresiones surgieron luego de que el abogado mencionó que tampoco había recibido información sobre la orden de registro y allanamiento para ocupar el teléfono celular de Vázquez Garced, dejando la duda de si trata de una o varias órdenes de registro y allanamiento para intervenir con las comunicaciones de la exmandataria.

“No tenemos una lista de lo que descubrieron. No tenemos nada de lo que pasó con esa orden”, afirmó el letrado.

Plaza Mariota también alertó que la defensa ha recibido información que no estaba relacionada a su representada, ni a otros coacusados, pero que involucraba a otros políticos. Aseguró que solo el 1% del descubrimiento de prueba recibido estaba relacionado a las imputaciones que enfrenta Vázquez Garced.

“Parte del problema es que  estamos recibiendo información de otros individuos que no tienen que ver con nuestra acusación. Esa cantidad de información relacionada a individuos diferentes, campañas políticas diferentes. Es algo que nada tiene que ver con nosotros y crea una preocupación de parte de la defensa porque si hubiera una filtración de lo que el gobierno nos está enviando, no queremos enfrentarnos a una investigación del gobierno, por lo que pasó”, señaló.

“Es bien inquietante que estemos recibiendo mucha información que no es pertinente a nuestra acusación, que no tiene nada que ver. Tenemos una preocupación, por lo menos, que la corte tenga el conocimiento”, añadió el abogado.

Al inicio de la vista, el juez Arias Marxuach ordenó a la fiscalía federal detener el proceso de cernimiento de la información ocupada en los celulares y otros dispositivos electrónicos de Vázquez Garced, el banquero Julio Herrera Velutini y el exagente del FBI Mark Rossini, quienes pidieron la intervención del tribunal bajo el argumento de que la fiscalía federal accedió a información privilegiada. Los tres acusados solicitaron la celebración de una vista evidenciaria y la devolución inmediata de esa información.

“Estamos en el proceso de acabar el proceso de descubrimiento de prueba. Ya hicimos cuatro entregas, que incluyeron transcripciones de los testigos que declararon ante el Gran Jurado, y los expedientes completos del FBI. Tenemos pendiente las órdenes de registro y allanamiento de los acusados y testigos. Hoy el equipo de filtración entregará una copia del material ocupado de las órdenes de registro de cada acusado, así que deberían tener una copia completa de lo que recibió el gobierno de su proveedor entre hoy y mañana, dependiendo del tiempo que tome FedEx”, indicó el fiscal Nicholas Cannon.

Ante ese planteamiento, el juez aclaró al fiscal que debía tener el proceso de evaluación de la información electrónica hasta que atendiera que el reclamo de los acusados.

“Nuestra intención era pedirle al equipo de filtración que no nos divulgara la información hasta que el tribunal resolviera la petición”, respondió Cannon.

La licenciada Lilly Ann Sánchez, quien representa a Herrera Velutini, consignó que hasta ahora el equipo de defensa ha recibido 191,000 páginas de evidencia sin índice, pero que quedaba pendiente la entrega de la información relacionada a las sobre 32 órdenes de registro y allanamiento que se expidieron en este caso para acceder a cuentas de correo electrónico, celulares y otros dispositivos electrónicos, como tabletas.   

Como otros abogados, señaló que elabora una lista de cotejo de la información que aseguró falta por entregar, como grabaciones de testigos y de los propios acusados, que la fiscalía debió entregarse “hace meses”.

La exgobernadora enfrenta cargos de corrupción por supuestamente participar junto a Herrera Velutini y Rossini en un esquema de corrupción para descarrilar una investigación de Báncredito.

Así las cosas, la próxima vista sobre el estado de los procedimientos quedó señalada para el 7 de marzo de 2023.