El Departamento de la Vivienda presentó hoy, jueves, se expresó en contra del Proyecto de la Cámara 1242 (PC 1242) que propone crear la “Ley para la Estabilización de Rentas en Puerto Rico”, para establecer una política pública que proteja a la ciudadanía contra aumentos exorbitantes en el costo de alquiler.
La representante Mariana Nogales Molinelli del Movimiento Victoria Ciudadana presentó la medida el pasado 2 de marzo y, de acuerdo con la exposición de motivos, también busca defender el derecho a la vivienda accesible y aminorar los efectos de la gentrificación.
La secretaria auxiliar de Vivienda, Maytte Texidor López, en representación del secretario de la dependencia, William Rodríguez Rodríguez, argumentó que la medida atendida por la Comisión de Vivienda de la Cámara de Representantes “tiene visos de inconstitucionalidad” y atenta contra el derecho a la propiedad.
“La exposición de motivos de la medida bajo análisis no justifica, con datos concretos, la implementación de medidas que limitarían el derecho al disfrute de la propiedad privada y menoscabaría contratos vigentes. La exposición de motivos no brinda datos de la correlación, si alguna, de los casos de desahucio y el incremento en rentas”, apuntó la funcionaria.
Texidor López también señaló que la pieza legislativa “violenta la cláusula que impide la aprobación de leyes que menoscabe las obligaciones contractuales”. Explicó que, según la interpretación de la agencia que representa, la medida no cuenta con un “propósito o interés legítimo” para sostenerse sobre el estatuto constitucional vigente.
En su turno de preguntas, el representante del Partido Independentista Puertorriqueño, Denis Márquez Lebrón preguntó a Texidor López si la agencia ha realizado consultas al Departamento de Justicia para validar la inconstitucionalidad de la medida propuesta. La funcionaria respondió que la agencia no había solicitado una opinión a Justicia.
Además, el legislador pipiolo impugnó la oposición de Vivienda al proyecto.
“No encuentro que haya un problema en este proyecto de un menoscabo tal que impida la constitucionalidad de la medida. Con la implementación de este proyecto, se va a continuar permitiendo aumentar la renta, si sigue parámetros establecidos por esta, y se puede desahuciar a las personas si no pagan la renta o cometen irregularidades”, argumentó.
Márquez Lebrón señaló que anteriormente en Puerto Rico existía una Ley de Alquileres Razonables que regulaba los asuntos del arrendamiento y protegía a los inquilinos. La Ley que mencionó el representante del PIP fue derogada por la Ley 57 del 25 de julio de 1995.
“Durante la existencia de esa regulación, se sostuvo la constitucionalidad. Había una regulación por parte del Estado, y estaba bajo el DACO (Departamento de Asuntos del Consumidor)”, apuntaló.
El Proyecto de la Cámara 1242 persigue imponer límites en los aumentos a los costos de renta, imponer multas por violaciones a dichas restricciones y crear un Registro de Precios de Alquiler, adscrito a Vivienda. La presentación de la medida ocurre en momentos en que se han disparado los precios de la vivienda por la falta de inventario y por la proliferación de las viviendas para alquiler a corto plazo. A eso se suma, el ‘boom’ en la compra de propiedades con la llegada de inversionistas residentes, que en muchas ocasiones adquieren propiedades en efectivo.
El presidente de la Comisión de la Vivienda, Ángel Fourquet Cordero, planteó que “en Puerto Rico existe un desconocimiento por parte del Estado sobre los datos relacionados al control de renta y los fenómenos del mercado que les afecta, como lo son los Airbnb. Tampoco conocemos a ciencia cierta el inventario de las viviendas disponibles para arrendar. Un gran paso que podemos dar es conocer datos reales sobre la realidad de la renta en el país, para poder atender correctamente cualquier problema existente”.
Aunque se expresó en contra de la medida, Vivienda no mostró reparos sobre la necesidad de crear un Registro de Precios. Sin embargo, Texidor López indicó que el Departamento de la Vivienda no cuenta con presupuesto disponible para esos fines.
“El Proyecto de la Cámara 1242 no contempla la necesidad de asignar presupuesto adicional para el cumplimiento de las nuevas obligaciones que impondría a Vivienda, para la cual se requería personal y que requeriría la inversión de fondos en una estructura tecnológica”, señaló.
En la vista pública también se atendió el Proyecto de la Cámara 1331 de la autoría del representante José Rivera Madera y la Resolución de la Cámara 643 presentada por Nogales Molinelli. La medida de Rivera Madera busca establecer un registro digital de arrendamiento privado, mientras que la presentada por Nogales Molinelli investiga la gentrificación en Puerto Rico.
La Asociación de Vecinos del Viejo San Juan presentó una ponencia explicando que ninguna de las tres medidas consideradas por la Comisión de Vivienda “hacen nada por detener la crisis de desplazamiento que estamos viviendo en el Viejo San Juan”.
Los representantes Luis Pérez Ortiz y Lisie Burgos Muñiz también participaron de la vista pública. Fourquet Cordero anticipó que los próximos citados serán el Departamento de Justicia y DACO.
