En el presente año académico, casi la mitad de los profesores de todos los recintos de la UPR trabajan por contrato, es decir trabajan sin plaza fija.
En el 2010, el 29% del total de profesores en la UPR trabajaba sin plaza. Esa cifra saltó a 44% al final del año académico 2022. La UPR ha justificado esta situación argumentando que se ha reducido su matrícula, de 61,722 en el año académico 2010-11 a 46,675 en el 2021-22, una reducción de 24%.
La Resolución Conjunta del Senado 300 propone una reducción de $200 mil dólares a la asignación de fondos destinada a SER de Puerto Rico.
Este recorte significaría el final de 6,800 terapias que se ofrecen actualmente a personas con discapacidad física o autismo.
Se espera que la medida baje este jueves a consideración.
De acuerdo a una carta circulada hoy entre los legisladores, el presidente del Senado se comprometió en restituir $100,000 para evitar que se afecten las terapias, pero corresponde a la Cámara devolver los restantes $100,000.
El presidente del Partido Popular (PPD), José Luis Dalmau Santiago, designó hoy al exrepresentante y abogado Luis Vega Ramos como el nuevo secretario general de la colectividad y a la pasada candidata a senadora por el Distrito de Humacao, Nina Valedón Santiago como la subsecretaria general, en una movida que parece buscar acercarse a los sectores más liberales de la colectividad.
Contrario a Dalmau Santiago, que se posiciona al centro, Vega Ramos ha estado vinculado al sector liberal del PPD, que se inclina hacia la libre asociación, mientras que Valedón Santiago tiene una trayectoria como líder estudiantil y se identifica como feminista.
Ambas designaciones ocurren luego de la salida inmediata e irrevocable del secretario general pasado Ramón Luis Cruz Burgos, que renunció el miércoles pasado y con las aguas todavía tibias por las fracturas que el tema del aborto causó al interior de la colectividad. Dalmau Santiago provocó una crisis cuando sugirió que las mujeres que terminan un embarazo son asesinas y luego despidió a su asesora Ivonne Lozada por expresarse a favor del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.
Hoy, al realizar los anuncios, desde la sede de la Pava en Puerta de Tierra, Dalmau Santiago indicó que la dupla mezclaba la experiencia y la energía nueva, que requería la reorganización del PPD.
En su mensaje, Vega Ramos afirmó que el PPD constituye “la única alternativa para derrotar al Partido Nuevo Progresista”, una aseveración que ocurre en momentos en que diversos sectores impulsan una alianza entre el Partido Independentista Puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana para derrotar el bipartidismo que representan el PNP y el PPD.
“Puerto Rico necesita un espacio de unidad que nos permita echar hacia adelante y ese espacio de unidad se llama Partido Popular Democrático”, afirmó Vega Ramos.
Valedón Santiago también presentó al PPD como la alternativa para atender los problemas que aquejan al país.
“El PPD es el único partido para devolverle el buen gobierno y la esperanza a los puertorriqueños”, indicó la mujer, que trabajó en la campaña a la elección de la candidata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton.
Ambas designaciones deber ser ratificadas por la Junta de Gobierno del PPD, que se reunirá este viernes para discutir el borrador del nuevo reglamento.
Dalmau Santiago señaló que en los próximos días realizará otros nombramientos.
El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Ángel Figueroa Jaramillo, demandó a LUMA Energy, a su empresa matriz Quanta Services y a la corporación BPUMF bajo alegaciones de que confabularon para promover una campaña de descrédito y odio en su contra a través de las redes sociales, que tenía el propósito de favorecer el polémico contrato otorgado al operador privado y la privatización de los activos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
La demanda por hostigamiento cibernético, difamación y libelo y uso no autorizado de la imagen propia reclama daños para Figueroa Jaramillo que ascienden a $250,000 y otros $250,000 para el sindicato.
La acción civil, presentada esta mañana ante el Tribunal de San Juan, también incluye a Denise Malone, la presidenta de BPUMF, Inc. y directora financiera (CFO) de Quanta Workforce Solutions y Quanta Pipeline Services, y al licenciado Ramón Alejandro Pabón, agente residente y persona autorizada para representar a BPUMF, LLC en Puerto Rico. Pabón mantiene contratos de consultoría en comunicaciones con varias agencias del gobierno.
En síntesis, la demanda plantea que las personas y empresas demandadas participaron o permitieron la difusión de una campaña que promovió alegaciones falsas mediante páginas o perfiles en las redes sociales que llevaban el nombre de “Tumba el tumbe”.
“Los demandados, directamente, o a través de terceros, se dedicaron a publicar diariamente anuncios pagados a través de BPUMF, LLC, en las referidas cuentas y páginas de redes sociales donde colocaban imágenes y escritos sobre la UTIER y/o Figueroa Jaramillo, los cuales contenían afirmaciones falsas o estaban diseñados para hostigar y atentar contra la honra, dignidad y reputación de los demandantes”, sostiene la demanda.
Como parte de esa campaña de hostilidad hacia el sindicato, también los demandados apodaron a Figueroa Jaramillo como “Jarapillo” y lo responsabilizaban de la decadencia en la AEE.
“Hemos radicado esta demanda contras las compañías y personas que han difamado y que con toda la intención han manchado la imagen y reputación de la UTIER y de mi persona con publicaciones falsas y engañosas. Todo esto, con la intención de exponerme a mí y la UTIER al odio y desprecio del pueblo con tal de influenciar la opinión pública y procurar apoyo a favor de la privatización de las operaciones de transmisión y distribución”, afirmó Figueroa Jaramillo en rueda de prensa en la sede del sindicato en Santurce.
El líder sindical no descartó enmendar la demanda para incluir otros nombres de personas o figuras públicas, que durante el pasado año se unieron a esa alegada campaña difamatoria.
Pese a que ha sido atacado en el pasado, Figueroa Jaramillo explicó que esta vez decidió tomar acción porque se trata de una acción coordinada, que conllevó la creación de una corporación para facilitar la campaña difamatoria. Malone disolvió BPUMF, LLC en mayo pasado luego de que en las redes sociales comenzaran a vincular a dicha empresa con LUMA y con otras figuras vinculadas al Partido Nuevo Progresista.
“Hay que parar esto en seco en algún momento. Hay que decirle al país que el hecho que uno sea una figura pública no puede estar sujeto a que de forma consensuada y pensada se monte una compañía para desprestigiar la imagen y hostigar a la persona de forma cibernética y crear odio hacia la persona”, respondió el líder sindical sobre su decisión de acudir a los tribunales en este momento.
A inicios de septiembre, la Cámara de Representantes inició una investigación relacionada a la página de Facebook “Tumba el tumbe”.
“Estamos investigando si tiene contrato con LUMA y si se pagaba con fondos públicos”, indicó en ese momento el representante Luis Raúl Torres Cruz, quien preside la Comisión de Energía de la Cámara, que se ha dado a la tarea de fiscalizar el contrato del consorcio privado.
REACCIONA PABÓN
En su reacción a la demanda Pabón aseguró que nunca ocultó su vínculo con la iniciativa Boricuas por un mejor futuro.
“Atenderé responsablemente la demanda. Dejando claro de plano que sólo trabajé por servicios profesionales por un término de 3 o 4 meses en el año 2021 para la entidad sin fines de lucro Boricua por un mejor futuro y no renové contrato. Todas mis representaciones fueron públicas, tanto es así que tuve un programa de radio que se llevó a cabo en una de las principales emisoras locales, desarrollé una conferencia de prensa para promover la transformación energética y desarrollo económico y para presentar un estudio económico”, afirmó en declaraciones escritas.
“No he tenido, ni he autorizado a nadie a utilizar mi nombre, si fuera el caso, para hacer o afiliarse a una publicación en redes sociales, como por ejemplo, la que se menciona en los medios. Así que si alguna persona o entidad lo hizo será demandado por mi parte”, agregó.
Según la demanda, Pabón manejaba las operaciones de BPUMF y la presencia de esta entidad en redes sociales y el portal boricuasporunmejorfuturo.com.
El consorcio privado LUMA Energy anunció la tarde del lunes que ha restablecido el servicio eléctrico de 1,447,464 clientes, o un 99% del total de sus clientes en la isla, tras el paso de Fiona una tormenta tropical que solo se sintió como huracán categoría 1 al pasar por el suroeste de Puerto Rico. Esto significa, que según la información oficial, todavía quedan 20,759 clientes sin servicio eléctrico a 23 días del paso de Fiona.
Estos datos se distancian un poco de la información que el consorcio canadiense publica en el portal que el gobierno creó para actualizar la respuesta a la emergencia. La página web preps.pr.gov indica que a las 10:50 a.m. el 98% o 1,445,369 clientes tenía luz. Aunque los datos compartidos por LUMA en un comunicado de prensa la tarde el lunes son de la misma hora que los que aparecen el portal, hay una diferencia de 2,095 clientes.
Desde el mismo día del apagón general, el pasado 18 de septiembre, afloraron discrepancias en los datos de recuperación que ofrece LUMA. Posteriormente el consorcio canadiense, quien aseguró contaba con la experiencia y el personal para responder a un huracán categoría 2, admitió que realiza sus cálculos de forma manual y que no tiene visibilidad sobre los bolsillos o áreas aisladas que quedaron sin energizar dentro de una comunidad o sector.
Pero más allá de las clientes con luz, como parte del proceso de energizar al país, el consorcio privado no ofreció informes periódicos sobre la asignación de las brigadas, una situación que provocó malestar entre alcaldes azules y rojos porque desconocían en qué momento se restauraría el servicio en sus ayuntamientos. Ante la lentitud de LUMA, algunos municipios activaron sus propias brigadas municipales con empleados desplazados de la Autoridad de Energía Eléctrica.
“En menos de dos semanas tras el paso de un huracán categoría 1, LUMA ha restablecido el servicio eléctrico de más del 90% de los clientes a un ritmo histórico para la isla cuando se trata de huracanes de gran magnitud. Además, hasta el día de hoy, LUMA ha restablecido exitosamente el servicio del 99% de los clientes”, expresó el ingeniero de LUMA, Daniel Hernández, en declaraciones escritas.
Los proyecciones de los portavoces de LUMA no se cumplieron. Inicialmente, prometieron restaurar el servicio eléctrico en la mayoría del país durante la primera semana del paso de Fiona. Luego plantearon que sus expresiones se habían malinterpretado y que se referían a la mayoría de la zona metropolitana, que tomó más de una semana energizar. Más tarde indicaron que una vez se reestableciera el servicio al 91% de sus clientes el 30 de septiembre, “tomaría días” reestablecer el servicio al restante 10%.
En la comunicación oficial, LUMA no mencionó los bolsillos sin luz, ni las interrupciones de servicio debido a la inestabilidad del servicio.
Actualizaciones sobre restablecimiento del servicio – Regiones de servicio específicas:
Según LUMA, a las 10:00 a. m., había restablecido el servicio eléctrico de un 99% del total de sus clientes. El desglose por región es el siguiente:
• 100% de los clientes en San Juan y Bayamón
• 99% de los clientes en Caguas y Arecibo
• 97% de los clientes en la región de servicio de Ponce
• 94% de los clientes en la región de servicio de Mayagüez
LUMA también ha restablecido el servicio en el 100% de los hospitales y en el 99% de todas las instalaciones de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.
Actualizaciones sobre la región de servicio de Mayagüez (una de las áreas más afectadas) – 10 de octubre de 2022
• Restablecimos el servicio eléctrico del 94% de los clientes.
• 190 evaluaciones de daños completadas hasta el día de hoy
• 161 alimentadores de distribución energizados hasta el día de hoy
• Trabajos de restauración de otros 12 alimentadores de distribución están en marcha
hoy.
La delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) votará mañana, martes, en contra de la reconsideración del proyecto legislativo que busca elevar el salario mínimo de los empleados públicos, en el segundo intento del presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, de ir por encima del veto que el Pedro Pierluisi Urrutia dio a la medida.
Hoy, Hernández Montañez anunció que bajará a votación el proyecto del Senado 563, que elevaría de manera escalonada el salario mínimo hasta $10.50 la hora sin mencionar si contaba con los votos para revertir la acción del primer ejecutivo.
Pero el portavoz del PNP en la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, confirmó a Cuarto Poder (WAPA-TV) que la delegación azul votará en contra de la reconsideración en deferencia a la puesta en vigor de un plan de clasificación y retribución para el sector público, que entraría en vigor a inicios del 2023.
“El necesita 34 votos para ir por encima del voto del gobernador y no los tiene”, afirmó Méndez Núñez.
“La delegación nuestra ya dijo que no va a ir sobre el veto por una razón sencilla. Hay un plan de clasificación y retribución, que atendería cualquier aumento al sector público. Ese plan de clasificación y retribución se radica ahora en enero. Hacer lo que Tatito quiere sería poner la carreta delante de los bueyes y daría al traste con el aumento a los empleados públicos”, agregó.
Hacen falta 34 votos para revocar el veto ejecutivo, pero Hernández Montañez solo cuenta con 30. La medida tiene el apoyo de la delegación del Partido Popular Democrático, que tiene 25 votos, del representante del Partido Independentista Puertorriqueño Denis Márquez Lebrón, de los representantes del Movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales Molinelli y José Bernardo Márquez Reyes, de la representante del Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz y del representante independiente Luis Raúl Torres Cruz.
“Lo que quiere (Tatito) es ponerle presión a la delegación del PNP para que se le vote a favor cuando nunca se ha sentado con nosotros a hablar”, indicó Méndez Núñez.
“En lugar de sentarse a negociar o dejarlo para enero para entonces ver la puesta en vigor del plan de clasificación y retribución, si no cumple las expectativas nuestras entonces yo traería el proyecto a votación, pero hacerlo ahora es para matarlo, no dejarlo abierto a la posibilidad de que pueda ser aprobado en el futuro”, agregó.
El Senado ya le pasó por encima al veto de Pierluisi Urrutia con 18 votos de las 5 delegaciones. El voto decisivo recayó sobre el senador del PNP, William Villafañe Ramos, el único de su delegación que cruzó líneas partidistas. Precisamente por la falta de votos, la delegación de la mayoría no bajó el proyecto a votación el pasado 13 de septiembre.
“Ahora, le toca a la delegación del PNP en la Cámara demostrar si está del lado de los trabajadores, votando para sobrepasar el veto, pues se necesitan 34 votos”, subrayó Hernández Montañez en declaraciones escritas.
Como parte del proceso de mediación, la Junta de Control Fiscal (JCF) propuso a los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) establecer un cargo fijo de $23 mensuales por un término de 50 años para garantizar el pago de la deuda de la corporación pública, alertó el licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez, un experto en el tema de la quiebra de Puerto Rico.
Pero los bonistas exigían un cargo de $26 mensuales.
El abogado explicó a Cuarto Poder (WAPA-TV) que esta propuesta forma parte de los documentos divulgados luego que el proceso de arbitraje entre la Junta y los bonistas acabó de forma abrupta el pasado 16 de septiembre, mientras el país se preparaba para el paso del huracán Fiona.
“La mediación es confidencial pero cada parte puede divulgar lo que propone y ambas partes se pusieron de acuerdo para divulgar la información”, detalló Emmanuelli Jiménez, quien divulgó la información primero en el programa radial Dígame la verdad de la periodista Milly Méndez.
Ese cargo fijo, que según la propuesta se ajustaba al costo de vida o inflación, aplicaba a todos los clientes residenciales, comerciales e industriales de la AEE y de LUMA Energy.
Una vez acabó el proceso de mediación, la JCF presentó ante el Tribunal Federal el calendario de trabajo requerido por la jueza Laura Taylor Swain, quien atiende el proceso de quiebra o de Título III al amparo de la Ley federal PROMESA, para reanudar el litigio contra los bonistas de la AEE. Esta mediación inició después de que la Junta y el gobierno rechazaran un acuerdo de reestructuración, que imponía otros cargos a los consumidores.
“Eso es lo que siempre hemos dicho que había que hacer. Se activó el pleito donde la Junta está diciendo que los bonistas no tienen bonos asegurados y, por tanto, le podrían dar cero. En una quiebra con las herramientas de PROMESA si tú estableces que un bonita no tiene garantías, tú le das lo que sobre y ellos están haciendo regalos de pagar prácticamente el 70% de esos créditos”, apuntaló el abogado.
Para el representante del interés público ante la Junta de Gobierno de la AEE, Tomás Torres Placa, esta propuesta se asemeja al cargo de transición contemplado en el rechazado acuerdo de reestructuración.
“Esto es un engaño. El gobernador cancela el RSA (acuerdo de reestructuración) para poner un cargo igual, o sea, no me llamé José, llámame Pepe”, apuntó el ingeniero.
Mira el documento aquí: Propuestas discutidas en mediación
Agentes federales del Servicio Postal de Estados Unidos y de la Oficina de Seguridad Interna del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE-HSI, en inglés) arrestaron en la tarde de hoy a un empleado de la Oficina de Obras Públicas del Municipio de Cataño.
En rueda de prensa, desde la Casa Alcaldía, el alcalde Julio Alicea Vasallo confirmó el arresto del supervisor general de áreas verdes cerca de la 1:30 p.m. No ofreció el nombre de la persona porque dijo que correspondía a las autoridades federales ofrecer los pormenores del arresto.
“Llegué al lugar para echarle gasolina al vehículo oficial y me encontré con la escena”, indicó Alicea Vasallo.
“Vi el momento en el cual fue arrestado, en el cual se le leyeron sus derechos y cuando lo estaban introduciendo a un vehículo con tintes oscuros”, agregó.
Señaló que el empleado laboraba en el Municipio de Guaynabo, pero que el 9 de enero de 2017 pasó a trabajar a Cataño en una movida que realizó su sucesor, el convicto exalcalde Félix “El Cano” Delgado Montalvo.
“Fue la deferencia de parte de los agentes federales, uno de ellos se me acercó. Me conoció y me saludó y me llevó donde el agente supervisor encargado del arresto. Me dijo que estaban realizando un arresto de naturaleza federal y de cargos federales. Fue bien enfático en eso. No entró en detalles y tampoco pregunté”, señaló Alicea Vasallo, quien regenta el ayuntamiento tras la renuncia de Delgado Montalvo.
“Les puedo decir que estoy sorprendido con este arresto. Es una persona que yo aprecio muchísimo. Es una persona trabajadora, muy querida por todos y cada uno de nuestros compañeros de trabajo”, añadió.
Luego de la renuncia y alegación de culpa de Delgado Montalvo por recibir sobornos del otrora contratista municipal Oscar Santamaría Torres en noviembre el año pasado, el ahora exdirector de Obras Públicas del ayuntamiento, Pedro Marrero Miranda también hizo alegación de culpa por recibir sobornos de JR Asphalt.
Un mes más tarde, agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) arrestaron al entonces alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, luego que un Gran Jurando federal autorizó una acusación en su contra por supuestamente recibir sobornos de Santamaría Torres.
La portavoz de prensa de la Fiscalía Federal informó a Cuarto Poder (WAPA-TV) que la agencia no enviará un comunicado de prensa con detalles del arresto.
Las autoridades federales arrestaron ayer en Humacao a Antonio Casillas Montero, también conocido como “Stone City Kennel” por violar la Ley de Bienestar Animal al criar y entrenar perros para peleas.
Cuatro perros de raza pitbull fueron encontrados encadenados en una propiedad asociada con Casillas.
Según documentos judiciales, Casillas y un cómplice que ha estado viviendo en Florida han operado durante más de 30 años en Puerto Rico y otros países.
En 2020, Casillas explicó que Stone City es “yo y mi socio en Florida”. Según Casillas, él no “recoge” perros durante las peleas, lo que significa que no saca a un perro que está perdiendo una pelea.
“Stone City Kennel” ha participado en más de 150 peleas de perros en Puerto Rico, México, Ecuador, Perú, República Dominicana, Nueva Jersey y Nueva York.
Durante el curso de la conspiración, Casillas entrenó perros en Puerto Rico para las peleas. Esto incluyó el uso de esteroides en los perros, incluidos winstrol, metenolona y sustanon. Casillas también encadenaba a los perros pitbull a trotadoras para caminar o correr por millas.
El acusado también vendió perros pitbull para empresas de peleas de animales, incluida una “campeona” hembra por aproximadamente $20,000. Se negociaron otras ventas de perros por precios que oscilaban entre $1,000 y $10,000, con envío a los Estados Unidos a través de un avión de carga por $200, además de los gastos veterinarios y de la perrera. Casillas alentó a los posibles compradores a volar a Puerto Rico para recoger los perros que tenía en su poder.
“Las peleas de perros por entretenimiento y ganancias son el negocio organizado y atroz de criar y acondicionar perros para que peleen entre sí hasta que un perro mate al otro”, dijo el fiscal federal W. Stephen Muldrow. “Más allá del sufrimiento innecesario que inflige a los animales, cobra un precio en los refugios de animales locales, las organizaciones humanitarias y la gente en general. Este arresto pone fin a las décadas de participación del acusado en este negocio ilegal y, con suerte, disuadirá a otros que buscan lucrarse al obligar a los animales a pelear hasta la muerte”.
“Obligar a los perros a pelear, en algunas ocasiones hasta la muerte, no solo es un delito federal, también es cruel y despreciable”, dijo la agente especial interina a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), Rebecca González Ramos. “HSI permanecerá alerta y apoyará a nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para llevar ante la justicia a quienes cometen estos crímenes atroces”.
De ser declarado culpable, Casillas enfrenta hasta cinco años de prisión. Un juez federal determinará cualquier sentencia.
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, la Oficina del Inspector General, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, e Investigaciones de Seguridad Nacional están a cargo de la investigación con la colaboración de Humacao Strike Force East; el Negociado de Bienestar y Protección de los Animales de la Policía de Puerto Rico del área de Arecibo; la División Cibernética del FBI en San Juan; la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos; y la Sociedad Protectora de Animales de los Estados Unidos.
El expresidente de la Universidad Interamericana, Manuel Fernós López-Cepero, acudió al tribunal para que ordene a la institución iniciar un proceso de arbitraje, donde se dirima el pago de los alegados daños que reclama por despido injustificado.
La Junta de Síndicos despidió a Fernós el 24 de mayo pasado tras iniciar una investigación interna de las actuaciones de Dominique Gilormini De Gracia, ex director ejecutivo de la presidencia. En lo que culmina esa pesquisa, suspendió a Gilormini De Gracia del cargo, pero el funcionario mantuvo su salario.
En la demanda para compeler el arbitraje, los abogados del ahora catedrático de la Facultad de la Inter plantearon que el contrato de servicios o de empleo no docente de Fernós contiene una cláusula que se activa cuando aflora una disputa por la interpretación del acuerdo contractual. Alegaron también que a pesar de esa disposición, la Inter se resiste a la constitución del comité de arbitraje.
“Cuando surja una controversia o reclamación por la interpretación o aplicación de este contrato o por la violación del mismo, y las partes no puedan resolver tal controversia, se dispone que la misma sea sometida a arbitraje privado por un Comité de Arbitraje de tres miembros, uno nombrado por cada parte y un tercer miembro nombrado por mutuo consentimiento de los dos miembros nombrados por las partes. La decisión del Comité de Arbitraje será final y obligatoria para ambas partes, si es conforme a derecho. El costo de este arbitraje será pagado por las partes a razón de cincuenta por ciento (50%) cada una” argumentaron los licenciado Harold Vicente y Federico Hernández Denton.
A tono con esta disposición, Fernós designó a la exjueza del Tribunal de Apelaciones Sonia Ivette Vélez Colón para formar parte del panel de arbitraje. Informó la decisión a la abogado de la Inter, Luis Rodríguez López el 24 de agosto de 2022. Hasta el momento la institución no ha designado a su representante.
“En virtud de la cláusula de arbitraje del Contrato, le corresponde a un Panel de Árbitros compensar al Profesor Fernós por los daños ocasionados por el incumplimiento de Contrato, por la violación a la Ley Núm. 115-1991, según enmendada, conocida como “Ley de Represalias contra el Empleado por Ofrecer Testimonios”, 29 LPRA sec. 194 y ss, al despedirlo ilegalmente el 24 de mayo de 2022, luego de denunciar ante la Junta las serias irregularidades cometidas por (el presidente de la Junta) Muñoz, así como por la difamación que éste ha sufrido”, apuntaron los abogados.
Señalaron también que al momento de despedir a Fernós, el presidente de la Junta de Síndicos, José Muñoz Ávila, le entregó una carta en la cual le informaba que existía justa causa para removerlo del puesto y que la institución honraría la indemnización estipulada en su contrato a pesar de que no correspondía dicha compensación. Según los abogados, la Junta de Síndicos condicionó esa indemnización a la firma de un relevo de responsabilidad, que Fernós rechazó.
“Debido a que el Profesor Fernós se negó a firmar el relevo, en represalia, Muñoz comenzó una investigación de los servicios desempeñados por el primero, con el fin de también privarlo de su plaza docente en la Universidad y también ha requerido acceso a la data e información en su celular que está protegida por los derechos de intimidad”, apuntaron los letrados en la demanda con fecha del 5 de octubre.
Apoyados en estas alegaciones, los abogados solicitaron al Tribunal de San Juan que ordene a la Inter, en un plazo no mayor de cinco días, identificar el árbitro que habrá de designar, apercibiéndole que de no llevar a cabo esa designación, el tribunal procederá con su designación.
Lee la demanda aquí: Manuel Fernós vs UIPR