Luma Energy está gastando más de lo presupuestado en compañías para podar vegetación

Mientras LUMA admitió que dos de los tres apagones masivos que se registraron en una semana se debieron a falta de mantenimiento y manejo de vegetación, el presupuesto de revisado y aprobado por el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) incluye la asignación de $50 millones para el manejo de vegetación, pero el consorcio subcontrató cuatro empresas privadas para realizar estos trabajos, que totalizan un gasto que asciende a $70 millones anuales.

El Vocero

Más hombres se están operando para no tener hijos

En Puerto Rico ha aumentado la cantidad de hombres realizándose la vasectomía para evitar embarazos. La información muestra que en el 2018 se aprobaron 225 vasectomías cubiertas por el Plan Vital y para 2021 fueron 349, lo que representa un aumento de 124 casos. En cuanto a la edad, la información del Plan Vital evidencia que quienes más recurren a la esterilización son los hombres de 27 años.

Un panorama similar presentan los datos de la aseguradora Triple S, que en 2018 aprobó 982 vasectomías y en 2021 fueron 1,155, para un aumento de 173. 

El Vocero

Bad Bunny rinde homenaje a Elvis Crespo con su nuevo video musical

Bad Bunny recreó escenas del video de Suavemente de Elvis Crespo en su video de Neverita, tema del álbum Un verano sin ti.

Suavemente es un merengue del 1999 y su video es característico de la estética del 2000, conocido por las nuevas generaciones como ‘Y2K’.

Al final del video de Bad Bunny aparece el mensaje “En honor al mejor video de todos los tiempos”.

LUMA Energy reporta supuesto acto de vandalismo en subestación de Bayamón

Un empleado del consorcio LUMA Energy reportó la mañana del lunes un alegado acto de vandalismo en la subestación localizada en la intersección de la Avenida A con la calle 1, en la urbanización Río Bayamón.

El empleado Rady Rivera presentó la querella ante el Negociado de la Policía a las 9:26 a.m. por actos que supuestamente ocurrieron en la tarde de ayer, a eso de las 3:30 p.m. La querella no identifica que cargo ocupa Rivera.

Según la investigación preliminar, a cargo del agente José Ortiz, el empleado indicó se percató esta mañana de que “alguien removió los tornillos de la puerta izquierda de una caja distribuidora de corriente”.

Esa situación, de acuerdo a Rivera, provocó que el interior de la caja se mojara y ocurriera un apagón que dejó sin servicio de electricidad a unos 10,000 abonados. Los alegados daños no fueron valorados.

Esta querella ocurre en momentos en que la gestión del operador privado está bajo fuego por las múltiples averías que el sistema de transmisión y distribución ha sufrido en las pasadas semanas por falta de mantenimiento y poda de árboles o por el manejo deficiente de las líneas  de transmisión que ha desembocado en daños a varias unidades del sistema de generación, que administran la Autoridad de Energía Eléctrica y otras empresas privadas.

Ayer se reportó un apagón que dejó a miles de personas sin servicio de luz. En la noche, un grupo de personas convocó un cacerolazo frente a la Fortaleza en repudio a los constantes apagones y en reclamo por la cancelación del contrato de LUMA Energy, que administra la red de transmisión y distribución desde el año pasado.

Representante de los consumidores pide al Gobernador enmendar contrato de LUMA Energy

El representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Tomás Torres Placa, reafirmó hoy que resolver la inestabilidad actual del sistema de transmisión y distribución requiere acción inmediata del gobernador Pedro Pierluisi y de la Legislatura para enmendar el contrato y hacer cambios en la gerencia del operador del sistema eléctrico.

En declaraciones escritas, Torres Placa indicó que las enmiendas al contrato deben ser en tres áreas: (1) supervisión del operador; (2) disminución en los costos del contrato, en especial cuando la AEE salga del proceso de quiebras; y (3) la integración de los empleados de  la AEE, que fueron relocalizados al gobierno central, a las labores de reconstrucción  del sistema eléctrico.

“No podemos olvidar que lo que dio paso al contrato actual del operador del sistema eléctrico fue la Ley 120 de 2018 aprobada por la legislatura y por el gobernador que le quita poderes y facultades a la AEE y los transfiere a la Autoridad para las Alianzas Público Privadas. Por lo tanto, en vías de proveer soluciones, se requiere revisitar esa ley”, afirmó el ingeniero.

Además de cambios en el contrato, Torres Placa urgió evaluar los cambios que sean  necesarios en la gerencia del operador, en lugar de decisiones apresuradas que pueden repercutir en perjuicio del interés público, por lo que urgió cautela para evitar caer en una situación peor a la que estamos.

“El momento de hacer cambios al contrato y en la gerencia del operador es ahora, antes de que la AEE, salga de su proceso de quiebra. Todo cambio debe ser bien ponderado, considerando elementos primordiales como la supervisión del operador, reducción en costos, e inclusión de recurso humano entrenado”, sostuvo Torres Placa.

“El tiempo me dio la razón, el contrato actual no es bueno para el interés público y no es bueno para el consumidor, hay que enmendarlo y hacer cambios en la gerencia del operador. Por lo tanto, se requiere  acción inmediata del ejecutivo y el legislativo para evitar poner en riesgo la reconstrucción del sistema eléctrico y asegurar un servicio confiable a costos asequibles para los consumidores”, concluyó.

Designan FEI para investigar al senador popular Albert Torres

Luego de un análisis de la prueba recopilada durante la investigación preliminar realizada po el Departamento de Justicia sobre posibles actuaciones contrarias a la ley del senador Albert Torres Berríos, el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) acogió la recomendación del secretario, Domingo Emanuelli Hernández y designó un fiscal especial independiente (FEI) para investigar al legislador.

Torres Berríos enfrentará una pesquisa formal sobre infracciones al Artículo 191 del Código Penal (extorsión) como al Artículo 3 de la Ley 115-1991 conocida como la Ley de Represalias contra el Empleado por Ofrecer Testimonio.

El Panel designó a Ia fiscal Zulma Fúster Troche para la investigación a fondo y se le concedió el término estatutario de 90 días para realizarla.

Según informó Emanuelli Hernández al Panel, la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) entrevistó a empleados del legislador, así como, examinó Ia prueba documental y testifical sobre una querella levantada ante In Comisión Senatorial de Ética, donde se alegó que el legislador había solicitado dinero al esposo de una empleada para sus gastos personales.

Además, que había intentado impedir el testimonio de ciertos testigos ante esa Comisión.

La empleada Alba González Rivera se encontraba en destaque en el Senado desde febrero de 2021. La funcionaria había planteado ante la Oficina de Recursos Humanos del Senado, que el senador Torres Berríos, había requerido a su esposo la entrega de dinero baja apercibimiento de que, negarse a ello, resultaría en la pérdida de empleo de la señora González Rivera.

La investigación preliminar de Justicia le dio peso a la prueba recopilada y recomendó la designación de un FEl, según dispone la Ley Núm. 2-1988. El Panel encontró los criterios establecidos en derecho para actuar de conformidad, por la que emitió la autorización de un fiscal especial sobre las actuaciones del senador Torres Berríos.

Solicita declararse culpable uno de los implicados en asesinato de Alexa

Anthony Lobos, uno de los tres hombres implicados en el asesinato de Alexa, solicitó al Tribunal Federal cambiar su declaración de ‘no culpable’ a culpable.

Alexa Negrón Luciano, también conocida como Neulisa Luciano Ruiz, de 28 años fue una mujer trans negra y sin hogar que fue asesinada a balazos en el año 2020.

Paralizan pesquisa local contra exalcalde de Cidra hasta que acabe caso federal de corrupción pública

El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) paralizó hoy los términos de la pesquisa relacionada al exalcalde de Cidra, Javier Carrasquillo Cruz, porque el testigo principal se encuentra bajo la custodia del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), según la resolución que aprobó el pasado viernes.

Desde el pasado 18 de mayo, el fiscal especial Manuel Núñez Corrada evalúa si Carrasquillo Cruz incurrió en actos de aprovechamiento ilícito, soborno o de interferencia en las operaciones gubernamental al extenderle un contrato a la empresa de recogido de basura a su amigo y entonces asesor legal del ayuntamiento, Oscar Santamaría Torres.

En una resolución de una página, los exjueces Nydia Cotto Vives, Ygrí Rivera Sánchez y Aida Nieves Figueroa acogieron la petición de paralización de Núñez Corrada sin identificar el nombre del testigo en cuestión.

La presidenta del Panel indicó a Cuarto Poder (WAPA-TV) que la paralización busca preservar la jurisdicción del caso al evitar que prescriba el término de la pesquisa. Núñez Corrada tenía un término de 90 días para ampliar la investigación preliminar realizada por el Departamento de Justicia. Ese periodo terminaba el 1 de septiembre.

“El fiscal entiende que hay una evidencia importante que está en manos de las autoridades federales, incluyendo testimonio, que no está disponible en este momento y que podría estar accesible más tarde”, apuntó Cotto Vives.

La designación del fiscal especial ocurrió luego de que el panel de jueces solicitó el informe preliminar a raíz de un reportaje de Cuarto Poder, que reveló que Justicia falló en informarle que había recibido una querella en contra del entonces alcalde. Tampoco le refirió el informe, que recomendó archivar el caso.

Hace siete años Justicia y bajo la tutela del exsecretario César Miranda, Justicia investigó una querella que imputaba al entonces alcalde de Cidra incurrir en actos de corrupción y de conflicto de interés por otorgar el polémico contrato de recogido de basura de $14.7 millones a la empresa Waste Collection, que pertenecía a Santamaría Torres.

El contrato se extendía del 14 de febrero de 2015 al 15 de febrero de 2021, pero 16 días después de perder las elecciones del 2020, Carrasquillo Cruz extendió su vigencia hasta el 15 de febrero de 2031.

Al llegar a la Casa Alcaldía, el alcalde Ángel David Concepción González canceló el contrato el 1 de julio de 2021, según los registros de la Oficina de la Contralora.

Ese contrato abrió las puertas para que el otrora contratista amasara $121 millones en contratos gubernamentales a través de la empresa Waste Collection. En noviembre pasado, Santamaría Torres se declaró culpable de conspirar para pagar sobornos o “kickbacks” al exalcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado Montalvo, a cambio de recibir contratos para la empresa de recogido de basura.