El secretario de Justicia Domingo Emanuelli Hernández anunció hoy el inicio del proceso de destitución de la cabildera por la estadidad, Elizabeth Torres Rodríguez.

En rueda de prensa, desde la sede de la agencia en Hato Rey, Emanuelli Hernández informó que Justicia presentó esta mañana un recurso civil, cuya vista quedó pautada para el 11 de abril.

Por ahora la agencia no solicitó que se detenga el pago del salario de Torres Rodríguez, pero no descartó que luego se procure que la delegada devuelva ese dinero por faltar a su deber de realizar gestiones para lograr la estadidad para Puerto Rico.

“Ella ha sido clara de que niega la validez de esa Ley (que creó la delegación congresional”, afirmó.

Argumentó que Torres Rodríguez falló en su deber de darle validez al mandato expresado por el pueblo en el plebiscito del 2020, que favoreció la estadidad. Tampoco cumplió con el deber de presentar informes trimestrales. El último informe de la cabildera es un vídeo en vez de un informe escrito. Eso, según Emanuelli Hernández, constituyó un incumplimiento.

La Ley 167 de 2020, aprobada al final del cuatrienio pasado, creó la delegación congresional para luchar por la anexión de Puerto Rico a Estados Unidos, pero ha sido criticada por la vaguedad de su lenguaje. No estableció deberes específicos, ni el salario de los delegados. Estipuló que la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (Prfaa, en inglés) pagará el salario de los seis delegados y que Justicia iniciará el proceso de destitución.

Hoy, Emanuelli Hernández señaló que este estatuto faculta a la agencia que dirige a evaluar si los seis cabilderos cumplen con los objetivos de dicha ley, que busca adelantar la estadidad.

“Todos se evalúan y hasta ahora están en cumplimiento”, respondió a preguntas de la prensa.

Admitió la vaguedad de la Ley limita la lucha por la estadidad a “gestiones”, pero aseguró que en el caso de Torres Rodríguez sus expresiones son contundentes porque hasta tildó la delegación de “embeleco”.

La agencia también tenía ante su consideración una querella radicada la Juventud Demócrata de Puerto Rico. Esa organización presentó la querella en septiembre pasado luego de que Torres Hernández radicó su primer informe trimestral planteando que la estatidad era un “espejismo” y urgiendo al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia a desmantelar la delegación congresional.

Luego de estas expresiones, la organización acusó a Torres Hernández de no cumplir con la Ley que creó la delegación porque no trabajaba a tiempo completo para lograr el objetivo de anexar a Puerto Rico a Estados Unidos. La Ley que creó la delegación requiere que cada uno de los seis delegados trabaje a tiempo completo y someta informes trimestrales. También estipula que el proceso de destitución quedará en manos de Justicia.

“El incumplimiento de alguno de sus deberes dará paso a un proceso, que podrá ser incoado por el Secretario de Justicia ante el Tribunal de Primera Instancia para destituir al delegado si se demuestra su incumplimiento”, reza el artículo 12 de la Ley 167, que se aprobó a toda prisa al final del cuatrienio pasado.

Pese a que no ha renunciado al sueldo, Torres Rodríguez, conocida como en las redes sociales como la premisa inarticulada, también ha denunciado que la delegación constituye una erogación innecesaria de fondos públicos y que otros utilización la posición para adelantar sus propios intereses. Además, ha criticado al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, quien no concedió una petición de indulto total para su compañero.

“Estamos hablando del caso de la delegada Torres, yo entrar en quién hizo qué, eso no es apropiado ni lo voy a hacer”, contestó ante una pregunta sobre las denuncias de la cabildera.

“Cualquier señalamiento en cuanto al gobernador Pierluisi, que son públicos que se han hecho, no son constitutivos de delito de clase alguna. Segundo, lo otro que me está diciendo, las evaluaciones, se harán evaluaciones por todo lo que no queda del cuatrienio y aquellos delegados o delegadas que no estén cumpliendo se analizarán para radicar el recurso correspondiente”, agregó.

Torres Rodríguez también ha estado en el ojo público por su postura negacionista ante la pandemia del COVID-19.

Los delegados y delegadas ganan un salario de $90,000 anuales y $30,000 en gastos reembolsable, que ha sido objeto de debate en el país porque adelanta un proyecto político partidista con fondos públicos. Solo el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares renunció a la paga.

La delegación congresional está compuesta por Melinda Romero Donnelly, María “Mayita” Meléndez Altieri, Roberto Lefranc Fortuño, Zoraida Buxó Santiago, Torres Rodríguez y Rosselló Nevares.

Mira el documento aquí: Demanda Elizabeth Torres Rodríguez