El abogado de Joseph Fuentes Fernández aseguró hoy que su cliente nunca le dijo que su amigo, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, le pidió establecer el comité de acción política Salvemos a Puerto Rico, tal y como señaló a Cuarto Poder (WAPA-TV), el viernes pasado.

“Yo admito que fue un error, fue un malentendido cuando dije que Joey había dicho que quien pidió hacer el Pac fue el gobernador. Eso no es correcto”, indicó el licenciado Joaquín Monserrate Matienzo.

El viernes, luego de que el juez federal Joseph Laplante condenó a Fuentes Fernández a 14 meses de prisión, el letrado indicó que Pierluisi Urrutia era la persona que le había pedido a su cliente que estableciera el comité de acción política, que promovió una campaña en contra de los contrincantes políticos del ahora primer ejecutivo.

Fuentes Fernández y el gobernador se conocieron en la universidad, donde inició una relación de amistad muy estrecha.

Ese día, el letrado reconoció que el ahora convicto contador público autorizado limitó su cooperación con las autoridades federales para no implicar a sus allegados y amigos. Reconoció también que esa decisión de no convertirse en un “soplón” pesó en el ánimo del juez Laplante, quien lo condenó a prisión a pesar de los pedidos de la defensa para que lo sentenciara a probatoria.

Fuentes Fernández y Salvemos a Puerto Rico se declararon culpables de mentir en sus informes a la Comisión Federal de Elecciones (FEC, en inglés) para encubrir los nombres de los verdaderos donantes de dicho comité de acción política.

Pierluisi Urrutia ha negado un vínculo con dicho comité de acción política.

El banquero venezolano Julio Herrera Velutini, acusado junto a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, quedará en libertad bajo fianza luego de entregarse al Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés).

La magistrada federal Giselle López Soler impuso una fianza asegurada de $1 millón .

Durante el tiempo que dure el proceso judicial, Herrera Velutini permanecerá en su residencia en Nueva York, pero podrá viajar a otras partes de Estados Unidos y Puerto Rico. También podrá viajar periódicamente a Londres, donde reside junto a su familia, con autorización de la oficina de probatoria, fiscalía y el tribunal.

Los viajes en Estados Unidos o a Puerto Rico solo requerirán la autorización de la oficina de probatoria.

La vista inicial se realizó mediante videoconferencia ante la magistrada López Soler. La fiscal federal Érica Waymack solicitó una fianza de $2.5 millones en efectivo, mientras que la abogada de defensa Sonia Torres Pabón argumentó que $500,000 en efectivo era suficientes, pero que se allanaría a un máximo de $1 millón.

Al abogar por una fianza menor, la abogada plateó que la exgoberandora Vázquez Garced y Mark Rossini había prestado fianzas menores. También señaló que Herrera Velutini tenía razones para regresar a Puerto Rico por su vínculo con Báncredito, que se encuentra en proceso de disolución.

Torres Pabón señaló que el banquero conocía de la pesquisa federal desde septiembre del 2021 y que se había “mantenido en comunicación con todas las partes”.

En la vista, que extendió unos 20 minutos, Herrera Velutini también hizo alegación de no culpabilidad.

Como parte de las condiciones de su fianza, el banquero tendrá que reportarse a la oficina de probatoria del Southern District of New York, que tendrá a cargo su supervisión, en un término de 24 horas de llegar a la gran manzana. Tendrá 10 días para prestar la fianza.

El pasado 4 de agosto, agentes federales arrestaron a Vázquez Garced en su residencia en San Juan. Cinco días más tarde el exagente del Negociado Federal de Investigaciones, Mark Rossini, viajó de España a Puerto Rico para entregarse en las autoridades federales. Esta mañana Herrera Velutini se entregó al FBI tras viajar desde Reino Unido.

Los tres acusados enfrentan siete cargos por conspirar para cometer fraude. En síntesis la acusación federal, alega que el banquero contrató una firma de consultoría inglesa a la que pagó más de $300,000 para realizar trabajo de investigación y asesorar a Vázquez Garced en su campaña primarista de 2020. Rossini era un consultor del banquero y sirvió de intermediario con la firma de consultoría política. A cambio de esa inversión en su campaña, Herrera Velutini exigió a la entonces gobernadora despedir al comisionado de instituciones financieras George Joyner para descarrillar una investigación relacionada a Bancrédito, que realizaba esa oficina, según la acusación federal.

A partir de hoy, el Municipio de Bayamón cancelará los contratos que mantenía con la empresa Bou Maintenance Service, cuyo presidente José Bou Santiago se declaró culpable ayer de sobornar al entonces alcalde Cataño, Félix “El Cano” Delgado Montalvo, a cambio de que el ayuntamiento contratara a su empresa, que ofrece servicios de ornato, construcción y alquiler de vehículos.

Ayer, el alcalde Ramón Luis Rivera Cruz y el presidente de la Junta de Subastas, Jonathan Figueroa Ríos, defendieron los contratos asegurando que la empresa compitió en “rigurosos” procesos de subastas. Dijeron también que habían ordenado un análisis legal para dilucidar la situación jurídica de la empresa.

Pero esta mañana luego de una avalancha de críticas y cuestionamientos, el ejecutivo municipal notificó la decisión.

Según el comunicado de prensa, el alcalde “ha tomado la determinación de cancelar los contratos que tenía vigentes con el ayuntamiento la compañía Bou Maintenance Services, luego de una evaluación legal que encomendó a la división legal del municipio”.

Bou Maintenance tenía 9 contratos activos, que sumaban unos $624,000, aunque desde el 2008 la empresa amasó más de $27 millones en contratos con el municipio bayamonés, que era su cliente principal. En total, la empresa obtuvo más de $40 millones en contratos con diversos municipios.

Ayer, el Municipio de Toa Baja anunció la cancelación de un contrato de $1.9 millones efectivo el 31 de octubre “para que no se afecten los servicios en el pico de la temporada de huracanes”.

La Administración de Servicios Generales también eliminó a Bou Maintenance del Registro Único de Licitadores del gobierno central y de inmediato, la Compañía de Fomento Industrial informó a la agencia la cancelación de un contrato que mantenía con la empresa.