El juez federal Joseph Laplante sentenció esta mañana al contador público autorizado y amigo del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, Joseph Anthony Fuentes Fernández, a 14 meses de cárcel, acogiendo así una petición del ministerio público para que tomara en cuenta que el ahora convicto federal torpedeó la investigación.
Luego de extinguir la sentencia, el todavía CPA cumplirá tres años de libertad supervisada.
Los abogados de defensa Joaquín Monserrate Matienzo, José Aguayo y Peter Koski habían pedido una sentencia suspendida o probatoria, mientras que los fiscales Jonathan Jacobson y Seth Erbe reclamaron dos años de prisión para el hombre que aseguraron obstruyó la pesquisa al advertirle a personas investigadas que las autoridades federales le tenían el ojo encima.
El hombre de 62 años se mantuvo calmado mientras escuchaba al juez explicar la sentencia e indicar que quería que fuera “adecuada, pero no mayor de lo necesario”. En primera fila en la sala 5 del juzgado federal en el Viejo San Juan, uno de sus tres hijos lloraba y otra mujer sollozaba. Dos filas más abajo, el jefe de los fiscales Stephen Muldrow y el fiscal Timothy Henwood seguían con atención el proceso.
Fuentes Fernández, quien reside en el estado de Virginia, permanecerá en libertad hasta el 26 de octubre cuando se entregará al Buró Federal de Prisiones para empezar a cumplir el castigo. Laplante también sentenció al comité de acción política Salvemos a Puerto Rico a tres años de sentencia suspendida y al pago de una multa de $150,000.
El pasado 4 de mayo el CPA , que perderá su licencia por la convicción, y el Súper Pac se declararon culpables de mentir en sus informes a la Comisión Federal de Elecciones (FEC, en inglés) para encubrir los nombres de los verdaderos donantes de dicho comité de acción política, que promovió una campaña en contra de los contrincantes políticos de Pierluisi Urrutia.
Antes de imponer la sentencia, el juez Laplante admitió que era la primera vez que llegaba a sala sin una idea clara del castigo que impondría.
“Este es un caso retante, con factores agravantes y mitigantes”, afirmó en una sala de audiencias medio vacía.
“No lo quiero hacer difícil para nadie, ni torturarlos”, agregó.
Pero previo a tomar una decisión indagó sobre un préstamo de $250,000 que Fuentes Fernández tomó del dinero que recibió Salvemos a Puerto Rico. El fiscal Jacobson lo describió como un acto de malversación que nunca informó a la FEC, pero Koski insistió en que se trató de un préstamo que su cliente comenzó a pagar antes de que los agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) tocaran a su puerta. Inicialmente las autoridades federales investigaban si el CPA usaba el dinero recaudado para su propio beneficio. El abogado también dijo que Fuentes Fernández no se benefició de esta acción.
“No es malversación, pero decir que no se benefició tampoco tiene sentido. Tomó un préstamo sin ni siquiera tener que llenar una solicitud. La verdad está a medio camino”, afirmó.
El juez, además, indagó sobre un proyecto de vivienda asequible que Fuentes Fernández inició en Puerto Rico después del paso de huracán María y que mencionó en su alocución como de los proyectos que le causaba gran ilusión. Sin remilgos, el togado preguntó al fiscal Jacobson si ese proyecto de alguna manera se benefició de los donantes que contribuyeron al Súper Pac.
“No tenemos información de que se hubiera beneficiado”, respondió el fiscal.
Contrario a la defensa, que insistió en que Fuentes Fernández actuó motivado por la gran amistad y la lealtad que lo une a Pierluisi Urrutia, el juez planteó que aunque esos valores no eran iguales a “la avaricia y la codicia” el amiguismo era parte del problema porque creaba las condiciones de complicidad para delinquir. También reconoció que el CPA colaboró en la pesquisa federal, pero que obstruyó de “forma clara” la investigación al alertar a otros investigados y luego negar esa acción a las autoridades federales.
“Estamos viviendo tiempos en los cuales las instituciones democráticas están bajo ataque”, afirmó el juez, quien mostró preocupación por el impacto de las acciones del convicto en el proceso electoral de Puerto Rico.
En una alocución en inglés, Fuentes Fernández indicó que esta convicción destruyó su carrera como CPA. Mencionó el daño que sus acciones han causado a su familia y habló de su amistad con el gobernador. Recordó que se conocieron en la universidad y que se apoyaron mutuamente cuando ambos atravesaron por el divorcio. Reveló que conoció a su actual esposa en la segunda boda de Pierluisi Urrutia.
“Todo lo que quería hacer era ayudar a un amigo. Hasta contribuí $40,000 a su campaña”, afirmó.
Parado frente al juez Laplante, contó que recibió un acercamiento para colaborar con la campaña electoral del 2020 y que en ese contexto surgió el asunto de los donantes anónimos.
Explicó que esa necesidad de mantener a los donantes del comité de acción política en el anonimato lo llevó a investigar el asunto y así descubrió las corporaciones sin fines de lucro. En su alegación de culpa, el convicto federal aceptó que antes de las elecciones generales del 2020 se crearon dos corporaciones sin fines de lucro pasivas para recoger fondos de manera anónima, que luego se transfirieron a Salvemos a Puerto Rico. El Súper Pac informó a la FEC que recibió $495,000 de parte de ambas corporaciones fantasmas. Fuentes Fernández era el tesorero y presidente de Salvemos a Puerto Rico.
“Ahora me percato que estaba mal y acepto mi responsabilidad”, afirmó.
“Después de esta experiencia traumática, terminé con la política”, agregó Fuentes Fernández.
Aunque Salvemos a Puerto Rico todavía sigue activo, el licenciado Koski informó que completado el proceso de sentencia y enmendado los informes de la FEC para revelar los nombres de los verdaderos donantes, el comité de acción política será disuelto cuando se complete un procedimiento que todavía queda pendiente ante el ente fiscalizador.
