El Frente Amplio en Defensa de la Escuela Pública (FADEP), compuesto por la Federación de Maestros de Puerto Rico, Inc. (“FMPR”); el Grupo Magisterial Educadores(as) por la Democracia, Unidad, Cambio, Militancia y Organización Sindical, Inc. (“EDUCAMOS”); y la Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación, Inc. (“UNETE”), presentó ayer en la Corte Federal, una solicitud para la paralización del Plan de Ajuste de Deuda para evitar que se reduzcan las pensiones de las maestras y maestros. La paralización solicitada permanecería en efecto mientras se ventila la apelación del FADEP ante la Corte de Apelaciones del Primer Circuito en Boston. El FADEP argumentará ante la Corte de Apelaciones que la Jueza Laura Taylor Swain, erró al confirmar el Plan de Ajuste de Deudas que, entre otros asuntos, impone recortes draconianos a las pensiones de los maestros y las maestras del sistema público, que les reducirán a la pobreza durante su retiro. La moción fue presentada y suscrita por el Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez y la Lcda. Jessica E. Méndez Colberg, del Bufete Emmanuelli CSP.
“En síntesis, el argumento es que el Plan incumple con los requisitos de la Ley PROMESA, porque carece de legislación habilitadora para modificar el sistema de retiro” declaró la profesora Mercedes Martínez, presidenta de FMPR. “Además, estamos planteando que tanto la Jueza como la Junta se excedieron en sus poderes al intentar legislar a través del Plan de Ajuste para desplazar y modificar las leyes del sistema de retiro”.
“Esta paralización es necesaria para evitar que la apelación se vuelva académica y sea desestimada por la Corte de Apelaciones”, explicó el Lcdo. Emmanuelli Jiménez. De lo contrario, el FADEP podría perder su derecho a que la Corte de Apelaciones oiga el caso. “Si eso sucediera, no hay vuelta atrás. Una vez entra en efecto el Plan de Ajuste de Deuda ninguna entidad del Gobierno de Puerto Rico podrá remediar el daño. Tras ser consumado, el Plan de Ajuste se convierte en vinculante para todos y prohíbe al Gobierno legislar o de otro modo alterar lo que se dispone en cuanto a las pensiones”, añadió el abogado. En caso de que la Jueza deniegue la paralización, el FADEP tendrá un segundo turno al bate, mediante una solicitud del mismo remedio al foro apelativo. “La moción es un llamado a que se paralice la eficacia del Plan porque es la única manera de evitar el daño irreparable que le va a causar la consumación del Plan a los maestros y las maestras del sistema público”, añadió Martínez.
“A través de la moción le detallamos a la Jueza la gravedad del daño que le ocasiona el Plan de Ajuste a tantas personas. Le proveemos ejemplos de individuos cuyas pensiones sufrirán recortes de sobre mil dólares, teniendo que conformarse con un pago mensual de menos de quinientos dólares para subsistir”, expresó Liza M. Fournier, presidenta de UNETE. “Habemos personas que somos el único sustento de nuestras familias y que no podremos continuar bajo las condiciones que impone el Plan. Otros, al punto de retirarse, perdieron el beneficio de comprar tiempo y tendrán que seguir trabajando por menos paga hasta los sesenta y tres años”, puntualizó Fournier.
“Además de las situaciones personales trágicas de los maestros y las maestras, tenemos que considerar el impacto que tendrán estas disposiciones del Plan de Ajuste de Deuda en el sistema público de educación. La realidad es que, ante estas medidas, podemos esperar un evento de renuncias en masa, de tal magnitud que deje al Departamento de Educación sin recursos para atender las necesidades de su estudiantado”, manifestó la profesora Migdalia Santiago, presidenta de EDUCAMOS.
“Tenemos que ser consciente de todo lo que está implicado en este proceso. Este caso no es solo sobre proteger los derechos de las maestras y los maestros al retiro digno que merecen, sino también de evitar el disloque del sistema de educación público y defender los pocos poderes políticos del Pueblo de Puerto Rico. Lo que hizo la Junta mediante el Plan que confirmó la Jueza fue legislar. El único poder que hasta ahora se le reconocía al Gobierno de Puerto Rico era el de legislar para aprobar un plan de ajuste de deudas. Sin embargo, con la confirmación del Plan, se alteró el Sistema de Retiro de las maestros y maestras sin que se aprobara la correspondiente ley. Pero el Gobierno no es quien está dando la cara ante esa usurpación, sino los maestros y las maestras de este país, dando cátedra como siempre” puntualizó la Lcda. Méndez Colberg.
El FADEP solicitó que la Jueza permitiera argumentación oral y atienda la moción antes del 15 de marzo de 2022, fecha en la cual entraría en vigor el Plan de Ajuste de Deuda, ausente la paralización.
