Como diría el maestro kitesurfer Cambo, de Jauca, en Santa Isabel “el viento sopla por to’s lao’s”.  

La empresa Acuamak – que preside el exalcalde santaisabelino, Enrique ‘Quique’ Questell Alvarado, y que tiene vínculos con dos altos funcionarios en los Departamentos de Salud y de Educación – sufrió un revés en los tribunales esta semana, dando fin a un largo proceso judicial que había comenzado cuando un grupo de pescadores demandó al Municipio Autónomo de Santa Isabel y al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) hace tres años, bajo la muy criticada administración de Tania Vázquez.

La licenciada María Guzmán, que representó a los pescadores, indicó a Cu4rto Poder que en este momento existe una estipulación con el municipio y que el resultado ya se había tornado académico. La reconvencion de Acuamak era una acción negatoria de servidumbre, para agenciarse el camino de un predio que no les pertenece, así como una sentencia declaratoria que buscaba confirmar que sí les pertenecia, pero que el juez superior Jorge Rafael Rivera Rueda, de la sala 602 del Tribunal de Ponce, no lo adjudicó así. De querer continuar con el pleito, Acuamak deberá radicar otras acciones legales.

“El caso ya culminó de manera favorable para nuestros representados, los pescadores”, señaló la licenciada Guzmán, aunque puntualizó que “en este caso no se adjudicó ninguna propiedad”. Tampoco, resaltó, “se dijo que el terreno era de Acuamak ni del municipio ni de los pescadores”. Como ya el Municipio y su actual alcalde removieron las vayas hace más de un año, “pues están en posesion del camino, además que hay una estipulación en Santa Isabel. Se había tornado académico el pleito”.

Ahora, parece que se intentará analizar la situación con respecto a los predios alrededor de la rampa, donde Questell ha establecido un club náutico y otros negocios. Incluso, fuentes de Cuarto Poder dijeron en condición de anonimato que algunos de los campers que fueron sacados de Salinas, son albergados en los predios de Questell, al lado de la rampa. El actual alcalde Billy Burgos señaló a Cu4rto Poder que “nuestros representantes legales están evaluando el trámite registral y las escrituras de los terrenos del club náutico para determinar la cabida exacta”.

“Tenemos información de vecinos del área que el excalde está ocupando terrenos que pertenecen al estado. Tan pronto tengamos toda la evidencia estaremos tomando las acciones pertinentes”, expresó Burgos.

La sentencia llega en momentos en que el exalcade Questell enfrenta un juicio que deberá comenzar el 11 de julio con la vista preliminar, tras suspenderse esta el pasado 22 de junio por ausentarse por enfermedad el exsecretario del DRNA Rafael Machargo. El Departamento de Justicia realizó una investigación luego de que los representantes Estrella Martínez Soto y Héctor Ferrer Santiago denunciaran una reunión entre el entonces secretario del DRNA, Rafael Machargo y Questell Alvarado, con relación a una querella pendiente contra la agencia, en el verano del 2020. El 10 de junio, la jueza Quinny Vélez Carreras, del Tribunal de Primera Instancia de Ponce, encontró causa para arresto contra Questell por violaciones a los artículos 292, de influencia indebida a la adjudicación, y el artículo 4.2 de Ética Gubernamental. Se le impuso una fianza de $4,000.00 ($2,000.00 en cada cargo), que prestó de inmediato.

Refuerza verja que se supone que tumbe

En mayo, mientras tanto, la secretaria del DRNA finalmente firmó una estipulación para que Acuamak también quitara una verja que lleva casi una década en zona marítimo-terrestre del Barrio Playa, acuerdo al que llegó la agencia y la empresa tras un proceso que comenzó con una querella en 2016. De igual forma, deberán pagar una multa de $5,000.

Pero, aunque se supone que el 10 de julio vence el término para quitar la verja según la estipulación, Acuamak parece burlarse de esa estipulación, ya que, en vez de sacar el alambrado, lo que hizo fue reforzarla.

Así estaba la verja antes:

Así está ahora:

Habrá que ver qué pasa el 10 de julio, cuando se venza el periodo para sacar la verja que estipula el acuerdo con el DRNA, pues, como ya hemos resaltado, esta empresa tiene poderosos lazos en el gobierno actual, con un funcionario en un puesto gerencial en la Oficina de Edificios Departamento de Educación y otra exfuncionaria en la Junta Reglamentadora del Cannabis, del Departamento de Salud.

Vínculos de Acuamak en altas esferas del Gobierno estatal

Aquamak Corp, curiosamente, es presidida en este momento el exalcalde Questell, pilar del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el sur y quien públicamente ha recibido el respaldo del gobernador Pedro Pierluisi. En un país lleno de políticos con “hijos talentosos”, esta empresa cuenta vínculos directos con las altas esferas del Gobierno estatal de Pierluisi.

Por un lado, el ingeniero Enrique Questell Pereira Arlene Questell, hijo de Quique Questell y tesorero de Aquamak, figura, desde marzo 2021 como Director de la Oficina de Infraestructura y Reconstrucción del Departamento de Educación. El secretario Eliezer Ramos nunca ha querido responder si su contratación incurre en conflicto de interés al estar involucrado en una empresa señalada por el DRNA delinquir contra el ambiente y, hace unos meses, solo se limitó a adular sus cualidades.

Asimismo, Arlene Questell, expresidenta de Aquamak e hija de Quique Questell, dirige la Junta Reglamentadora de Cannabis Medicinal. Antes de entrar a sus menesteres con la industria de la marihuana, Questell confesó ser “la candidata del secretario” Carlos Mellado, quien a su vez es tío político de la secretaria interina del DRNA, Anaís Rodríguez Vega.

Sentencia que narra el víacrucis de los pescadores

La sentencia emitida esta semana, empero, arroja aún más luz al viacrucis legal que han vivido los pescadores y vecinos del barrio Playa de Santa Isabel: José ‘Cheo’ Tejero Rodríguez, Ricardo Tejero Cabreras, Alfonso Cintrón y Julio Rivera De Jesús. Tal y cómo hemos reseñado en el program a Cu4rto Poder, de Wapa TV, estos ciudadanos radicarpn una demanda el 8 de noviembre de 2019 luego de que Questell bloqueara el acceso a la rampa de pesca en el sector aledaño a dónde ubica una marina que él construyó, alegando que ese pedazo de costa le pertenecía.

En el inicio, los pescadores buscaban un interdicto contra del Municipio, que gobernaba entonces Questell, y contra el DRNA. Se alegaba que el Municipio de Santa Isabel había cerrado arbitraria e ilegalmente el paso a los ciudadanos y pescadores a dos rampas que dan acceso al mar y que dicho acceso alegadamente se remontaba a la época de 1950. La parte demandante reconvenida solicitaba como remedio preliminar y permanente que se ordenara al Municipio la apertura inmediata y expedita del camino municipal que afirmaban daba acceso al mar mediante las rampas.

No obstante, el 26 de noviembre de 2019, el Municipio, con Questell de alcalde, presentó una moción de desestimación que, en síntesis, alegaba que en la demanda no se describía el inmueble sobre el cual se alegaba discurren las dos rampas que dan acceso al mar; que tampoco indicaba la titularidad del inmueble sobre el cual se erigen las dos rampas ni se alegaba o se acreditaba las dimensiones o medidas de estas. También señalaba que no se había acumulado partes indispensables y que el efecto que tendría un decreto de este Tribunal, según solicitado por la parte demandante reconvenida tendría como consecuencia un acto de incautación sin justa compensación de un bien privado.

El Municipio de Santa Isabel manifestó que en el Registro de la Propiedad el predio objeto de la presente controversia estaba inscrito a nombre de Aquamak Corp. Por otra parte, el Municipio afirmaba en aquel momento que de la demanda no surgía alegación alguna de que las estructuras que limitaban el acceso a las dos rampas estaban sobre la zona marítimo terrestre. Se aducía que, de existir alguna controversia sobre la zona marítimo terrestre, era el DRNA quien tendría legitimación activa y no la parte demandante reconvenida. El 2 de diciembre de 2019 se llevó a cabo una vista de interdicto preliminar y permanente, en la cual, en síntesis, el Tribunal determinó que la solución más justa requería que se pospusiese la vista y se incluyese a Aquamak Corp. como parte del caso. El 13 de diciembre de 2019 la parte demandante reconvenida presentó una “urgente moción de reconsideración”, en la cual, en síntesis, aducía que la referida finca 1009 se formó por agrupación de las fincas 864, 815 y 833 y que de la descripción de la mencionada finca 8152 se desprendía que esta fue objeto de segregación y que tuvo como resultado la nueva finca independiente número 8323. La parte demandante reconvenida alegaba que la finca 832 no formó parte de la agrupación de fincas que constituyen la finca número 1009. También afirmaba que la finca 832 fue permutada en el año 1960 a favor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por lo que aducía que el acceso reclamado era propiedad de este y Aquamak Corp. no sería parte indispensable del caso.

De igual forma, ell 16 de diciembre de 2019 el Municipio de Santa Isabel presentó una moción urgente en oposición a la moción de reconsideración y suplementaria, en la cual indicaba que, de las alegaciones de la parte demandante reconvenida, el objeto del litigio era el predio en el que se encuentre el acceso al mar. Afirmaba que del folio registral de la finca número 832 se desprendía que, a diferencia de la finca número 1009, esta no colindaba con la zona marítimo terrestre.

El litigio prosiguió de parte y parte hasta que el 16 de febrero de 2021, el Tribunal dictó una Sentencia Parcial por Estipulación, donde, de conformidad a los acuerdos en cuanto al Municipio de Santa Isabel, se ordenó el archivo de las reclamaciones del parte demandante contra el Municipio de Santa Isabel, pues ya el alcalde entrante Billy Burgos, había abierto nuevamente el paso a los ciudadanos a las rampas que dan acceso al mar, usada desde la primera mitad del siglo 20.

Mira el documento de la sentencia: