La procuradora de las Personas de Edad Avanzada, Carmen Sánchez Salgado se mostró preocupada por la falta de personal para trabajar como cuidadores de adultos mayores, incluyendo en tareas de ama de llaves.
Dijo que los bajos salarios y las pocas oportunidades de adiestramiento disponibles son algunos de los problemas que inciden en que haya tanta escasez de personas disponibles para trabajar.
Fuente: El Vocero
El líder de la minoría republicana en el Comité de Recursos Naturales, Bruce Westerman (Arkansas), no respalda la legislación que se prepara en favor de un plebiscito federal en Puerto Rico.
“Tiene múltiples problemas… No voy a respaldarla como está. No tuve ninguna influencia sobre el texto”, dijo Westerman a El Nuevo Día.
Dijo además que Jenniffer González, comisionada residente en Washington, quien es parte de su grupo legislativo y hasta ahora es la única republicana en favor de la medida, no le dio información del proyecto hasta que estaba a punto de publicarse el borrador el pasado 19 de mayo.
Fuente: El Nuevo Día
El convicto por corrupción y exrecaudador del Partido Popular Democrático (PPD) Anaudi Hernández mantiene las mismas condiciones de libertad bajo fianza a pesar de que mantiene una propiedad sin permisos en Aguadilla. Su defensa dijo ayer ante el Tribunal Federal que Hernández no ha sido notificado formalmente sobre investigaciones relacionadas a la propiedad ubicada en Playuela.
El juez federal Pedro Delgado concedió 60 días para que se le informe de cualquier desarrollo de estas investigaciones.
Fuente: Noticel
La edición impresa de El Nuevo Día reporta el fin del contrato entre Castro Business Enterprises de Ricky Castro y el Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional (Figna) después que se dio a conocer que la entidad estuvo vinculada al esquema de ocultar los donativos realizados al súper PAC Salvemos a Puerto Rico.
La empresa ha operado, desde 2008, las tiendas que ofrecen descuentos para los miembros de la Guardia Nacional de Puerto Rico. La Guardia Nacional no ofreció explicaciones sobre la terminación de la relación.
El Departamento de Salud del Municipio de San Juan pagó sobre 18 mil dólares por la instalación de 14 lámparas, dos focos de salida de emergencia, tubería, un panel eléctrico, receptáculos y un interruptor, lo que expertos consultados por Cuarto Poder califican a sobreprecio.
Este solo uno de los renglones de una cotización obtenida por este medio, en la que se desglosan los trabajos de remodelación de un espacio que da lugar al laboratorio clínico del Programa Sida, que brinda servicios a cerca de mil doscientos participantes que viven con VIH, precisó el municipio.
La cuantía pagada por los trabajos en el interior del laboratorio supera los 186 mil dólares. El municipio otorgó el contrato a la Cooperativa de Trabajos de Construcción de Puerto Rico (TCOOP). Según indicó el ingeniero Alberto Vázquez, director del Departamento de Diseño Urbano y Desarrollo de Proyectos de San Juan, en un reportaje de Cuarto Poder, esa cantidad de dinero es “razonable” para el tipo de proyecto realizado.
Pero según fuentes del programa de televisión, la construcción que se llevó a cabo no fue de una magnitud que justifique la cuantía pagada.
Mientras tanto, este medio no ha tenido acceso al laboratorio porque según el municipio, no se permiten visitas hasta tanto haya inaugurado.
Además, los informantes señalaron la contratación de otra compañía, Ches Electric Inc., para la instalación de un panel eléctrico por el cual se facturó poco más de 2 mil setecientos dólares.
Por su parte, el municipio aclaró que ese panel responde a un requisito de los manufactureros de los equipos de alta tecnología que han sido instalados en el laboratorio.
“Debido a que este requerimiento se solicitó como parte de los trabajos de instalación del equipo, se instalará y habilitará un panel eléctrico adicional al existente para poder destinar un circuito dedicado a cada una de estas máquinas’’, dictan las declaraciones oficiales del municipio.
Cuarto Poder tuvo acceso a un documento municipal en el que se detallan la compra de materiales y el pago al personal a cargo de la instalación de dicho panel. Del documento se desprende la contratación de siente personas trabajando una jornada de ocho horas diarias por una semana laboral completa.
Pero fuentes aseguran que, para la cantidad de trabajo realizado, usualmente se contratan alrededor de cuatro personas que terminarían estas labores en unos tres días.
En solo 12 días, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) registró 108 transacciones de electores y electoras, que buscan participar en la elección especial para escoger al alcalde de Humacao el próximo 12 de junio.
Pese a el Partido Nuevo Progresista (PNP) insistió en que se trata de un número ordinario de transacciones, expertos consultados por Cuarto Poder (WAPA-TV) y observadores del proceso que alertaron sobre la situación, pero pidieron anonimato, indicaron que se trataba de un número elevado transacciones en un periodo de tiempo muy corto.
Los datos de la CEE revelan que 28 personas solicitaron una inscripción especial o reactivarse como electores, 43 una inscripción nueva y 37 solicitaron una transferencia de colegio de votación.
Esta cifra es casi idéntica a la cantidad de cambios o ajustes solicitados en la elección especial de Guaynabo, pero hay una diferencia. En la elección especial para escoger al alcalde guaynabeño participaron 12,017 electores, una cifra que triplica la cantidad de votantes que se anticipa acudirán a las urnas este domingo en la ciudad gris. Guaynabo también supera la población de Humacao por unos 30,000 habitantes.
Según datos de la CEE, en Guaynabo hubo 107 transacciones electorales en la elección que ganó Edward Oneill Rosa y que se dividen en 24 inscripciones especiales, 34 inscripciones nuevas y 49 transferencias.
Los registros de Humacao también consignan otro detalle: que hubo 13 transacciones de Las Piedras, un ayuntamiento con una larga relación con uno de los seis candidatos que se disputan la jefatura municipal. Se trata de Julio Geigel Pérez, quien durante años ha mantenido contratos con el municipio de Las Piedras y, según el PNP, es hermano de crianza del alcalde Miguel “Micky” López Rivera.
Aunque este medio se comunicó con Geigel Pérez en múltiples ocasiones para procurar una reacción a la cantidad inusual de transacciones, el candidato se limitó a decir por escrito que solo había 4 transacciones relacionadas a Las Piedras.
“Transanciones (sic) fueron 4 no 13 pero estamos a sus órdenes y muchas bendiciones”, escribió a través de WhatsApp.
Luego activó la opción para borrar los mensajes enviados en 90 días.
La comisionada electoral del PNP, Vanessa Santo Domingo Cruz, aseguró que el número de transacciones en la elección especial de Humacao era similar a los que se registraron en elecciones internas recientes de la colectividad, que se encuentra inmersa en un proceso de organización. Mencionó, por ejemplo, que vio patrones similares en los electores y electoras de Aguada, Aguadilla, Hatillo y Quebradillas.
Apuntó que en esos procesos observó una alta participación de personas inscribiéndose y de nuevos electores jóvenes.
“Ese número no me parece alto. Me parecen números normales y hasta quizás bajitos. No son atípicos”, precisó sobre las transacciones electorales en Las Piedras.
Pero el excomisionado electoral del Partido Popular Democrático, Luis Santini Gaudier consideró que se trataba de un número alto y que en el renglón de inscripciones nuevas tal vez esperaba de 20 a 25 solicitudes y no 43.
Mira el reportaje aquí: Alegan que hay transferencias de electores para favorecer a candidato
Las comunidades que tienen acceso a agua debido a que se suplen de pozos comunitarios tendrán 90 días para legalizar su situación.
Así lo informó la secretaria interina de Recursos Naturales y Ambientales, Anaís Rodríguez Vega, quien declaró hoy una amnistía de 90 días para que los acueductos comunitarios que operan sin una franquicia de agua otorgada por la agencia ambiental soliciten el permiso requerido.
Al presentar la solicitud de franquicia con la documentación requerida en el término de la amnistía, no serán referidos a la Oficina de Asuntos Legales del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) ni se les impondrá una multa por aprovechamiento de agua sin franquicia.
En los últimos años las inspecciones realizadas por el personal del DRNA han encontrado que hay acueductos comunitarios con pozos de extracción de aguas subterráneas y tomas de aguas superficiales sin las correspondientes franquicias y se han referido a la Oficina de Asuntos Legales del DRNA como parte del proceso de fiscalización y cumplimiento.
El DRNA también desistiría de continuar aquellos procesos que ya están ante dicha Oficina por las mismas razones, según la Orden Administrativa Número 2022-05 firmada hoy junto al gobernador Pedro Pierluisi y el alcalde de Caguas, William Miranda Torres, durante la actividad Fortaleza por Puerto Rico, que consiste en una serie de visitas del Gobernador a los pueblos en las que se brindan diversos servicios a a la población.
“Hemos entendido que los distintos retos que ha enfrentado nuestra Isla desde el huracán María han dificultado muchas de las responsabilidades de los manejadores de estos acueductos para actualizarse. Por eso, hemos provisto esta gran oportunidad para que, aquellas franquicias de agua que no tienen el permiso, normalicen su situación”, expuso la titular de las agencias ambientales mediante declaraciones escritas.
Según datos del Departamento de Salud, existen un poco más de 240 acueductos comunitarios localizados mayormente en áreas rurales y en algunos casos en áreas remotas de la isla, sirviendo aproximadamente una población de 100,000 personas.
Estos acueductos comunitarios son sistemas de tratamiento y distribución de agua independientes de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Históricamente, la mayoría de los acueductos comunitarios han carecido de una estructura de gobernanza y capacidades técnicas, gerenciales y financieras, resultando en bajo cumplimiento con leyes federales y estatales.
Según el DRNA, el monto estimado de consumo se convierte en una cantidad de dinero elevada que estas comunidades tienen que desembolsar al Erario, evitando que este mismo dinero sea utilizado en mejoras a los propios sistemas comunitarios.
El establecimiento de una amnistía, además de ayudar al DRNA a actualizar su sistema de permisos y franquicias facilitando información necesaria para continuar los esfuerzos de fiscalización y análisis del uso del recurso agua, ayudará a aumentar las capacidades gerenciales en la medida que se legalicen sus extracciones y puedan participar de propuestas para obtener fondos federales que contribuyan a mantener sistemas de extracción de agua eficientes para el servicio de la ciudadanía en general.
El Reglamento 6213 del DRNA establece un sistema de franquicias para el aprovechamiento, uso, conservación y administración de las aguas. Mientras, el Reglamento 8143 provee los requisitos e instrucciones a seguir para uniformar los procedimientos de emisión de facturas a concesionarios del DRNA por concepto de otorgamiento de permisos de franquicias de agua y otros aprovechamientos de los recursos naturales.
Fuente: Cuarto Poder (WAPA-TV)
Las autoridades federales solicitaron información al Senado relacionada a varios senadores, confirmaron dos fuentes de Cuarto Poder (WAPA-TV).
El requerimiento de información se realizó en los pasados meses y abarca a senadores, que formaban parte de la Cámara Alta en “cuatrienios pasados” y vinculados al Partido Nuevo Progresista. Eso no cancela, según una fuente, que la información requerida esté relacionada a senadores que todavía están en funciones y legisladores que ahora ocupan otros cargos políticos.
Las dos fuentes no precisaron si se trataba de un “subpoena” del Negociado de Investigaciones Federales (FBI, en inglés) o de la Fiscalía Federal. Tampoco indicaron si la orden incluía información relacionada a medidas legislativas o contrataciones.
En los pasados años, las autoridades federales han estado muy activas en una pesquisa amplia sobre corrupción pública, que tomó impulso a finales del año pasado. Han logrado convicciones de legisladores, empleados legislativos y alcaldes.
Esta semana, un jurado encontró culpable al exrepresentante Néstor Alonso Vega por quedarse con una tajada del salario de un empleo de su oficina. En marzo pasado, el ex representante Nelson del Valle se declaró culpable de participar en un esquema de kickbacks parecido y la exrepresentante, María Milagros Chabornier Laureano se prepara para enfrentar juicio por cargos parecidos.
El martes, una jueza federal sentenció al exalcalde de Aguas Buenas, Luis Arroyo Chiqués, a dos años de cárcel por lucrarse de un esquema de sobornos a cambio de contratos municipales a la empresa Waste Collection, del otrora contratista Oscar Santamaría Torres.
Santamaría Torres, el exalcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado Montalvo, y el presidente de J.R. Asphalt, Raymond Rodríguez Santos, se declararon culpables en noviembre pasado. Todavía no han sido sentenciados porque cooperan con las autoridades federales.
Todas las mañanas, Jay Fonseca te pone al día con las noticias más importantes para Puerto Rico y el mundo.