La Comisión de Ética de la Cámara de Representantes recibió ayer una querella juramentada que imputa al representante popular Orlando Aponte Rosario incurrir en un alegado conflicto de interés por presentar un proyecto para enmendar las pensiones alimentarias que supuestamente lo beneficiaba porque tenía pendiente un caso de manutención.

El excandidato a la alcaldía de Villalba por el penepé, Guillermo Irizarry Rodríguez, presentó la querella en la cual señala que Aponte Rosario radicó el proyecto de la Cámara 1153 para enmendar la Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de Menores el 21 de enero pasado y ese mismo día compareció a una vista para fijar pensión en  la Sala de Relaciones de Familia y Asuntos de Menores en Bayamón, según el expediente electrónico de casos del Poder Judicial.

De inmediato, el representante Aponte Rosario catalogó la querella como un gesto “bajuno” de sus adversarios políticos y aseguró que no está divorciado y que no atraviesa por un proceso para establecer la manutención de sus hijos.

Según la querella y citando el expediente electrónico, Irizarry Rodríguez plantea que el representante inició el proceso de divorcio bajo la causal de ruptura irreparable el 20 de diciembre de 2021. El representante por el Distrito 26, que comprende los municipios de Villalba, Barranquitas, Orocovis y Coamo, está casado y tiene dos hijos, de acuerdo a su biografía oficial.

“Las actuaciones del representante Aponte Rosario resultan en un claro conflicto de interés, al representante ser directamente beneficiado del resultado de la presentación, discusión y eventual aprobación del Proyecto de la Cámara 1153”, argumenta Irizarry Rodríguez.

“A pesar, de que no se llevó a votación final la medida, su mera presentación, el participar activamente en la discusión de la medida, presentar enmiendas y votar en los referéndums relacionados, son acciones claramente prohibidas por las Reglas de Ética de la Cámara de Representantes. El Representante violentó las Normas de Conducta establecidas en el Artículo 4 de la R. de la C. 326”, agrega.

Las Reglas de Conducta Ética de la Cámara de Representantes o Resolución de la Cámara 326

establecen que ningún representante llevará a cabo acciones o actividades que resulten en un conflicto de interés o que pueda crear la apariencia sobre la existencia de un conflicto de interés.

La medida de la autoría de Aponte Rosario proponía enmendar la Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de Menores para establecer que en ningún caso la pensión alimentaria fijada será mayor del 40% del ingreso neto del alimentante y para reducir la edad de 21 a 18 años de los menores que tienen derecho a recibir manutención. La medida no bajó a votación en la Cámara el pasado 31 de mayo como estaba previsto porque no contaba con los votos para su aprobación.

“Para dejar meridianamente claro que es una querella absurda y frívola que está partiendo de unas premisas equivocas porque yo ni estoy divorciado, ni tengo caso de pensión o de alimentos ni nada que se parezca. Partiendo de la premisa de que yo no estoy divorciado y que yo no tengo pensiones alimentarias ya podrás incontrovertiblemente darte cuenta que la querella carece de sustancia y hechos para establecer alguna imputación”, apuntó el representante Aponte Rosario.

Aponte Rosario, quien preside la Comisión de lo Jurídico que evaluaba la medida de las pensiones, no entró en detalles de su vida familiar y pidió proteger la identidad de su pareja e hijos por tratarse de personas privadas, que no se benefician de ninguna manera de la gestión pública.

Pero el expediente electrónico del Poder Judicial consigna que el caso de familia del representante está inactivo en este momento y que una segunda vista para fijar pensión pautada para 11 de febrero de 2022, datos que sugieren que desistió de la separación.

El abogado y representante también defendió la medida para enmendar las pensiones alimentarias, que recibió el rechazo del Departamento de la Familia, y el derecho de los representantes de presentar legislación cercana a sus intereses.

Además, indicó que Irizarry Rodríguez estaba siendo investigado por colocar a sus familiares en posiciones en el Departamento de Educación.

Irizarry Rodríguez ocupa un puesto de confianza en la Región Educativa de Ponce. Señaló que desde que perdió las elecciones se ha dedicado a “fiscalizar” al Partido Popular Democrático y que tiene más de 12 años en el servicio público. Según dijo, tiene un doctorado en psicología industrial y una maestría en política pública.

“Lo que mueve es que este señor desde que llegó a la Legislatura lo que ha demostrado es ser una persona déspota que se ha dedicado a perseguir mi familia haciendo comunicados y ofreciendo conferencias de prensa con información falsa y que llega un momento de ponerle un detente a esta persona”, explicó Irizarry Rodríguez sobre las razones para la querella.