Todas las mañanas, Jay Fonseca te pone al día con las noticias más importantes para Puerto Rico y el mundo.
Hace casi dos semanas los Centros para control de Enfermedades (CDC) emitieron una alerta de salud a nivel nacional notificándole a médicos y autoridades de salud pública sobre un conglomerado de niños en quienes se había identificado hepatitis e infección por adenovirus. En el estado de Alabama ya se han reportado nueve casos, siendo los primeros cinco identificados en octubre pasado. Aunque aún no se ha reportado ni un solo caso de hepatitis aguda de origen desconocido en la población pediátrica del país, las autoridades salubristas se mantienen pendientes.
Fuente: El Nuevo Día
Para el próximo año escolar 2022-2023 se proyectan 2,888 jubilaciones entre personal docente, del docente administrativo y no docente. Según el secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés, en los pasados años el número rondaba en 700.
Fuente: Noticel
Las autoridades buscan a Daunta Head, de 53 años, natural de Chicago, con relación al hallazgo del torso de una mujer dentro de una maleta en el apartamento #7 de la Casa del Peregrino, en Aguadilla.
El hombre fue visto por última vez en el pueblo de Aguadilla.
Head tenía una cita con la administración del lugar que brinda albergue a personas sin hogar y como no acudió, entraron a inspeccionar el apartamento encontrando la maleta con
el torso de una mujer adentro.
Fuente: Primera Hora
Daniel Santamaría Ots, analista sénior de política pública en Espacios Abiertos, explicó que los gastos fiscales o tributarios son créditos, deducciones, diferimientos, exenciones y tasas preferenciales. O sea, dinero que deja de ingresar el gobierno
“Puerto Rico, de 464 gastos tributarios y fiscales que hay, solo está reportando 53.7%. Es una gran parte fuera que no estás logrando cuantificar. Por eso decimos que el Gobierno de Puerto Rico está subestimando el gasto fiscal, porque solo están reportando esa cantidad”, expresó Santamaría Ots en una mesa redonda con la prensa.
Fuente: El Vocero
En ocasiones, la inacción, el silencio y la ‘pichaera’ suenan más duro que cualquier espaldarazo público.
Todo apunta a que el poder de la familia Questell – que cuenta con el tesorero y la expresidenta de su empresa, Aquamak, en altos puestos del Gobierno de Pedro Pierluisi – puede más que la misma autoridad que tiene el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).
Aún cuando hay un recurso emitido hace cinco años por su propia agencia para que eso suceda, la secretaria interina del DRNA, Anaís Rodríguez Vega, le huye a su obligación de proteger el patrimonio ambiental e imponerle a Aquamak que saque una verja ubicada en la zona marítimo-terrestre de Santa Isabel.
El proceder en cuestión es burdo: la Oficina de Prensa del DRNA le indicó a Cuarto Poder (WAPA-TV) que la secretaria interina Rodríguez Vega no tomaba todavía una decisión sobre firmar una estipulación que pulula en la agencia desde noviembre de 2021 sobre una querella de 2016, aún cuando ese se supone que sea su deber.
Incluso, fuentes de Cuarto Poder cercanas al asunto indican que, a pesar de que iría en contra del recurso ya asumido por un oficial examinador del propio DRNA para proteger la zona costera de Santa Isabel, la secretaria interina “pudiese inclinarse a inhibirse de firmar el acuerdo o devolver el mismo al oficial examinador”. También supimos mediante fuentes que en numerosas ocasiones la oficina legal del DRNA le ha referido y explicado el asunto a la secretaria interina, por lo que decir que desconoce del asunto sería una crasa falta a la verdad.
Ante este escenario de posible conflicto de interés que propone la apatía de la secretaria interina para atender un asunto con vínculo a dos oficiales de alto rango en el Gobierno, Cuarto Poder pidió una entrevista con la representante del interés público que recomendó que la empresa de los Questell quitase la verja en zona marítimo-terrestre en pro de la zona en el sector Playa de Santa Isabel y en beneficio del libre acceso a las costas, petición que al cierre de este artículo no encontraba respuesta.
Desde el 29 de septiembre de 2021 hay una ordenanza que obliga a esta dependencia a remover una verja en zona marítimo-terrestre, que aún no ha sido firmada por la cabeza del departamento para que se ponga en vigor. El misterio de porqué la secretaria interina no firma el documento se agudiza cuando vemos quiénes son las personas involucradas en este caso, que comenzó bajo el mandato municipal del exalcalde y pilar novoprogresista del Sur, Enrique ‘Quique’ Questell Alvarado, incluso antes de la primera querella de 2016.
Asimismo, un grupo de pescadores también mantiene desde hace unos años una demanda en contra del Municipio de Santa Isabel y Acuamak. Cuarto Poder pidió una reacción del actual alcalde Rafael “Billy” Burgos Santiago, pero tampoco hemos recibido respuesta de su oficial de prensa, dando entender que estos comportamientos no se limitan a las agencias que dirige el gobierno estatal del Partido Nuevo Progresista, sino que en los municipios populares también está de moda la ‘pichaera’.
Aquamak: sobra el poder en el Gobierno de Pierluisi
La Corporación Aquamak presenta como tesorero al director de la Oficina de Infraestructura del Departamento de Educación, Enrique Questell Pereira. Mientras, la expresidenta y otrora secretaria de la corporación, Arlene Questell, funge como Directora de la Junta Reglamentadora de Cannabis Medicinal (JRCM) bajo del Departamento de Salud.
En enero del 2021, un mes antes de ser nombrada a su cargo en el Gobierno de Pedro Pierluisi, Arlene Questell había cedido la presidencia de la corporación a su padre, exalcalde de Santa Isabel y pilar del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el sur, Enrique H. Questell Alvarado.
A pesar de que hace tres semanas dijo en el programa Cuarto Poder de Wapa Televisión que estaría disponible para responder las dudas de la ciudadanía con respecto al manejo del DRNA, la fiebre del inicio de Grandes Ligas parece haberse apoderado de la novel secretaria interina de la dependencia.
Y es que Anaís Rodríguez Vega sigue ‘pichándole’ a avalar un documento que pondría en función la estipulación acordada entre el abogado de los querellados, Carlos W. López Freytes, el licenciado Hiram J. Zayas Rivera, de la propia Oficina de Asuntos Legales del DRNA, y la licenciada Mildred Sotomayor Bourbón, como representante del Interés Público, documento que desde hace seis meses pulula por el DRNA.
Desde el 29 de septiembre de 2021, hay una segunda ordenanza que obliga a esta dependencia a remover una verja en zona marítimo-terrestre, que aún no ha sido firmada por la cabeza del departamento para que se ponga en vigor. En la estipulación, Aquamak se comprometió a sacar la verja de la zona marítimo-terrestre, mitigar mediante forestación y pagar las multas correspondientes.
Aquamak, Corp. aparece en el registro de corporaciones de Puerto Rico inscrita el 17 de diciembre de 1984. El año pasado, realizaron enmiendas estructurales a la misma, según consta de documentos oficiales que presentamos en este artículo.
Rodríguez Vega no firmó esta ordenanza porque alegó que estaba a nombre de la subsecretaria que la precedió en el cargo, pues el secretario en propiedad de ese entonces, Rafael Machargo, estaba inhibido de hacerlo. En una de las estaciones de la trágica procesión cirquense en la que se ha convertido este departamento, Machargo era investigado en aquel entonces por la Cámara de Representantes tras confesar que se reunió con Questell en verano del 2020 – meses antes de las elecciones y de la mano del exdirector de campaña de la ex gobernadora Wanda Vázquez, Jorge Dávila – en los predios del Barrio Playa mientras el DRNA dilucidaba este asunto en sus foros. Le tocaba firmarla inicialmente a la subsecretaria Cynthia Rivera, quien estuvo apenas varias semanas en ese cargo antes de la llegada de Rodríguez Vega.
A pesar de conocer del asunto y haber ido al programa Cuarto Poder el pasado 12 de abril de 2022 a hablar del mismo, la Secretaria interina Rodríguez Vega indicó hace dos semanas vía un oficial de prensa que el documento para ser firmado “no ha llegado a su escritorio”. Antes de publicar esta historia de seguimiento se le volvió a preguntar a sus oficiales de prensa y a la propia secretaria vía email. Al cierre de esta publicación no habían respondido, a pesar de que sí han incluido la situación de Bahía de Jobos en Salinas y del Muelle de Azúcar en Aguadilla, en su itinerario reciente de comunicaciones y media tour.
El exalcalde Questell Alvarado brilló en distintas instancias de nébula dentro del pasado gobierno PNP. Por ejemplo, un exlegislador municipal que le retiró su confianza política al exalcalde recordó ante nuestras cámaras cómo Questell Alvarado también avaló hace unos años un hotel en el barrio Jauca que era impulsado por un familiar del otrora director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), José Ortiz.
En una audiencia sobre financiamiento climático federal para territorios de EE. UU. en febrero de 2021, el representante Jesús “Chuy” García (D-Ill.) presionó a Machargo sobre los planes para construir un hotel en Jauca que cortaría el acceso de la comunidad a la playa.
Según resaltó en noviembre un activista del grupo Salvemos Jauca en un artículo del Huff Post, “no se ha construido nada allí” después de eso. Al ir al Barrio Jauca constatamos que no ha habido construcción del susodicho hotel que bloquearía el acceso libre al mar y fue anunciado en noviembre de 2020 con “una inversión” $170,000.00 en una actividad en la que participó, pala en mano, la otrora directora ejecutiva de la Compañía de Turismo, Carla Campos. Se desconoce en qué quedó una investigación al respecto de la Cámara de Representantes de Puerto Rico de 2021.
La secretaria Rodríguez Vega aceptó que mantiene una relación con Carlos R. Mellado López, secretario del Departamento de Salud donde labora la licenciada Arlene Marie Questell, pues el Secretario de Salud es familia de su esposo, aunque no es su suegro, como inicialmente indicó un pescador en el reportaje de Cuarto Poder, presentado hace dos semanas en Wapa Televisión.
El secretario de Salud cuenta con una relación de suma confianza con Arlene Questell, quien se presentó en enero de 2021 al medio eyboricua.com como “la candidata del secretario de Salud, Carlos Mellado”.
En estos momentos Arlene Questell también tiene su propia candela en la Junta Reglamentadora de Cannabis Medicinal, pues ese organismo – al igual que hace el DRNA con la empresa Aquamak de su familia– ha ignorado señalamientos hacia la empresa Steidel Analytical Labs, a la cual una auditoría externa le subrayó ocho serias observaciones en su manufactura y producción de flores.
Así se desprende de un reportaje especial publicado esta semana por Revistas Crónicas, que indica que el informe sobre la aparente pangola descansa en el escritorio de Arlene Questell desde su designación como directora de la Junta Reglamentadora de Cannabis Medicinal en enero de 2021.
Mientras, el Departamento de Educación le confirmó a Cuarto Poder que Questell Pereira funge como director de su Oficina de Infraestructura.
Aún esperamos, sin embargo, por la respuesta a la pregunta más importante: ¿no cree el secretario de Educación que existe un conflicto de interés con tener en dicho puesto al tesorero de una firma que mantiene una querella en su contra por parte de otra agencia del mismo Gobierno?
Tras la publicación de este reportaje, el titular de Educación sostuvo, mediante declaraciones escritas, que el ingeniero Questell Pereira “forma parte del equipo de gerenciales del Departamento de Educación en funciones de Director de la Oficina de Infraestructura y Reconstrucción desde marzo de 2021. Su nombramiento se dio bajo la administración de la anterior secretaria Elba Aponte. Posee un Bachillerato en Ingeniería Civil del Recinto Universitario de Mayagüez graduado con honores (magna cum laude) y una Maestría en Ingeniería de Sistemas de Cornell University”.
“Desde entonces, el Ing. Questell se ha desempeñado de manera altamente satisfactoria. Sus credenciales, destrezas y compromiso no solo lo han distinguido y le han valido el respeto entre el equipo gerencial, sino que han sido clave en lograr avances significativos en las metas y tareas de la Oficina que han llevado a progresos significativos en todos los proyectos e iniciativas de estabilización, reparación y reconstrucción de la infraestructura escolar”, agregó.
Irónicamente, aunque la actual secretaria interina del DRNA, Rodríguez Vega ahora se hace de la vista larga, fue su propia agencia la que en 2016 presentó la querella contra Questell Alvarado, entonces alcalde del pueblo de Carlitos Colón, Luiggi Texidor y Carlos Correa.
En la querella, el DRNA señalaba a Questell Alvarado por construir una marina sin los permisos correspondientes, en la zona marítimo terrestre del barrio Playa de ese municipio sureño. Aquamak es dueña de un predio de terreno en el citado sector, donde se levantó la construcción ilegal. El otro querellado es Edgardo Martínez Rodríguez, quien fue identificado por el DRNA como un empleado privado de Questell Alvarado.
La querella 16-097-ZMT, con fecha del 31 de marzo de 2016, establece que los querellados “de por sí o a través de sus empleados, agentes o representantes construyeron, reconstruyeron y/o repararon plataforma, gazebo, muelles, rampa y verja dentro de los bienes del dominio público marítimo terrestre –zona marítimo terrestre, aguas territoriales y terrenos sumergidos bajo estas- sitos en el Barrio Playa”. La construcción ubica entre la calle Villa del Mar y la carretera 538 en Santa Isabel, precisa el documento firmado por la directora de la Oficina de Asuntos Legales del DRNA, Mildred Sotomayor Bourbón.
“Toda construcción y actividad realizada en el lugar antes descrito se han realizado sin contar con la autorización, permiso o concesión correspondiente emitida por la Secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y de otras agencias estatales y federales. Para realizar las obras antes descritas se cortó y removió mangle y se depositó relleno, afectando y modificando el hábitat natural existente”, indicó en aquel entonces la licenciada Sotomayor en un reportaje de Primera Hora.
En aquel entonces, reportó ese diario, “el remedio solicitado y concedido posteriormente fue por siete violaciones descritas (plataforma, gazebo, muelle, rampa, verja, corte y remoción de manglar, y depósito de relleno), es una multa de $5 mil por cada ocurrencia, para un total de $35 mil. Además, Questell y su empleado deberán remover inmediatamente todos aquellos aprovechamientos no conforme a la ley y reglamento y restaurar el área a su estado natural conforme a las recomendaciones del personal técnico del departamento”.
La licenciada Sotomayor detalló en ese momento que Questell Alvarado y Acuamak incurrieron en violaciones al Artículo 5(h) de la Ley 23 de 1972 y al Reglamento 4860 del 29 de diciembre de 1992, en disposiciones relacionadas al otorgamiento de concesiones para usos dentro de la ZMT; y al Artículo 6(t) de la Ley 241 de 1999, que consiste en realizar modificaciones al hábitat natural sin un plan de mitigación aprobado por el DRNA. También violaron el Artículo 2.03 del Reglamento 6765 para regir la conservación y el manejo de la vida silvestre, las especies exóticas y la caza, por no tener permisos ni realizar la mitigación de rigor.
Esta querella no era la primera contra Questell por construcciones en esta zona. De hecho, en el 2012 se emitió una resolución en la que, según la agencia, él se comprometió a solicitar una concesión para efectuar usos privados en el área, pero no lo hizo. En cambio, continuó las construcciones sin autorización.
Questell y Martínez fueron intervenidos el 10 de diciembre de 2015 y el 2 de febrero de 2016, pero hicieron “caso omiso a órdenes de cese y desista emitidas por los vigilantes (del DRNA)”.
Copia de la querella fue enviada al presidente de la Junta de Calidad Ambiental, Weldin Ortiz Franco; al director ejecutivo de la Oficina de Gerencia de Permisos, Alberto Lastra; y al secretario de Hacienda, Juan Zaragoza.
Mira el reportaje y la intervención de la Secretaria Interina del DRNA
El Tribunal de Apelaciones coincidió con el Tribunal de Primera Instancia cuando determinó que Pablo Casellas Toro resultó culpable de un cargo menos grave por informar falsamente un delito.
El segundo juicio contra Casellas Toro por el asesinato de su esposa Carmen Paredes se encuentra paralizado hasta tanto el Apelativo decidiera este caso.
La defensa de Casellas puede todavía acudir al Tribunal Supremo.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos determinó que las decisiones de los juicios por delitos graves requerían un veredicto unánime pero esa determinación no se extiende al cargo menos grave.
El gobernador Pedro Pierluisi firmó hoy el proyecto legislativo que busca suspender por 45 días el arbitrio a la gasolina y al “diesel oil”, según informó La Fortaleza esta tarde en un comunicado de prensa.
La Resolución Conjunta del Senado 240 fue avalada en esa cámara legislativa la semana pasada.
Se informó que el primer ejecutivo “instruyó al Departamento de Hacienda a suspender temporalmente, hasta un tope de $25 millones, en el agregado al arbitrio a la gasolina y al ‘diesel oil’ que será aplicable a inventario existente y disponible”.
Mientras, el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) deberá mantener vigente, durante la moratoria, una orden de prohibición de aumentos de los márgenes de ganancia bruta en todos los niveles de distribución y mercadeo en la venta de gasolina, gas licuado de petróleo y diesel.
La moratoria se pudiera extender por 45 días adicionales.
La pieza legislativa fue radicada para ofrecerle un alivio a los consumidores ante los cambiantes e inestables precios de la gasolina estos últimos meses después de la invasión de Rusia a Ucrania.
“Puerto Rico, al igual que otras jurisdicciones, se ha visto afectado por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Estoy firmando esta medida con el fin de aliviar, aunque sea de manera temporera, el impacto en el bolsillo de los ciudadanos por los aumentos reflejados en el precio del petróleo y el ‘diesel oil’, y lo hago con fuentes de repago debidamente identificadas”, expresó Pierluisi en declaraciones escritas.
El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia evitó hoy asumir una posición clara en torno al derecho de las mujeres a decir sobre su cuerpo a horas de que se filtrara el borrador de una opinión de la Corte Suprema de Estados Unidos, que eliminaría las protecciones constitucionales federales del derecho al aborto y delegaría esa facultad a los estados y territorios.
Pero argumentó que de revocarse el caso Roe v Wade, esa decisión no debería tener mayores consecuencias en Puerto Rico, puesto que la Constitución de Puerto Rico contempla una protección amplia del derecho a la intimidad, que -a su vez- cobija el derecho de las mujeres a terminar con un embarazo no deseado.
“Si resultara que el Tribunal Supremo que deje este asunto enteramente en manos de las legislaturas estatales y de los territorios como la nuestra, pues cada jurisdicción tendría la última palabra. Aquí en Puerto Rico, tenemos una Constitución que incluye y protege el derecho a la intimidad entre otros derechos que son aquí pertinentes. Pero no nos adelantemos. Vamos a ver cuál es la decisión del Supremo y como yo digo este es un tema muy sensitivo. También controversial y lo importante es que se le dé la oportunidad a todos los que tienen interés en el tema y que están informados de contribuir para que lo sea que ocurra en Puerto Rico haga sentido, sea justo, sea razonable”, afirmó ante una pregunta sobre el impacto de la decisión en la política pública del archipiélago.
Actualmente, el Senado tiene ante su consideración una medida que prohibiría las terminaciones de embarazos después de las 22 semanas. El Departamento de Justicia, el Departamento de Salud, las organizaciones de mujeres y el Colegio de Médico Cirujanos se oponen a la medida. Justicia aseguró que la medida tiene visos inconstitucionales y Salud la catalogó de innecesaria porque las terminaciones de embarazo ya están reguladas en Puerto Rico.
Según datos del Departamento de Salud, la inmensa mayoría de las terminaciones de embarazos ocurren de manera temprana. Casi el 93% ocurre en el periodo de 13 semanas o menos de gestación. Menos del 1% ser realizan luego de las 21 semanas.
“Es que ya tenemos una Constitución que protege el derecho a la intimidad ampliamente. La Constitución de Estados Unidos establece el mínimo, no el máximo. No puedes ir más allá de lo fue que la Constitución de Estados Unidos a la hora de proteger derechos. En Puerto Rico, como dije, por todo lo que está transcurriendo en la Legislatura, aquí la inmensa mayoría de las terminaciones de embarazos ocurren al principio del embarazo y como dije también aquí no tenemos casos en los tribunales procesando por el delito de aborto. Eso no existe aquí”. Yo no vislumbro que eso va a cambiar”, respondió el gobernador en otro momento sin ofrecer su posición en torno al tema.
Sin embargo, Pierluisi Urrutia rechazó presentar en este momento legislación para garantizar ese derecho a las mujeres, como ha ocurrido en algunos estados en anticipo a la decisión del Supremo federal.
“Estaría especulando porque hay que esperar a ver cuál es el resultado de esa decisión del Supremo, y como yo dije, por lo que está ocurriendo en esas vistas públicas no veo que tengamos un problema de terminaciones de embarazos”, indicó el mandatario en un parte con la prensa tras participar en una actividad de lanzamiento de una campaña de Discover Puerto Rico.
Tras filtrarse el documento, el presidente Joe Biden afirmó que el “derecho de una mujer a elegir es fundamental. Roe ha tenido el peso de la ley durante casi cincuenta años, y la equidad básica y la estabilidad de nuestro ordenamiento exigen que no sea anulada”.