El director ejecutivo de Carreteras, Edwin González, informó que agilizarán el proceso para reemplazar al actual operador del sistema de peajes abriendo una Solicitud de Propuestas (RFP, por sus siglas en inglés) en mayo.
Fuente: El Vocero
Ponce espera recuperar el manejo del Puerto Las Américas proyectado para diciembre del 2023, bajo la Ley 240. El alcalde Luis Manuel Irizarry Pabón aseguró que, a pesar de no contar con la operación del puerto, “ya tenemos ofertas de cruceros, de cargas… empresas”.
Fuente: Primera Hora
El primer pleito fue radicado el 13 de abril por el licenciado Manuel Fernández Mejías en representación del abonado residencial Ismael Herrero Domenech, con la intención de que la clase demandante abarque a los 1.2 millones de abonados residenciales y comerciales que estima tiene el operador.
Esa acción estima en $100 millones los daños y pide una compensación mínima de $25 para cada cliente.
Mientras, otro pleito fue radicado por el licenciado Alberto Couvertié Barrera en representación de compañías de restaurantes operados por el Grupo Colón Gerena, como Wendy’s y Applebee’s, así como el abonado residencial Manuel Couvertié Barrera, y también tienen la intención de abarcar a todos los abonados residenciales y comerciales de LUMA.
Fuente: Noticel
Autoridades federales investigan el uso de fondos provenientes de la Ley federal de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus (CARES, por sus siglas en inglés) en Puerto Rico.
Fuentes de Cuarto Poder (WAPA-TV) aseguraron que la entidad privada que tuvo acceso a los fondos CARES no ha cooperado con la pesquisa por lo que las autoridades otorgaron hasta este jueves para entregar documentación o sino habrá un requerimiento de información mediante un allanamiento.
La ampliación ahora a las 10 PM a Cuarto Poder por WAPA-TV. ¡Sintoniza!
El alcalde de San Juan, Miguel Romero negó haber llegado a algún tipo de acuerdo con la compañía JR Asphalt para que embrearan las calles de comunidades en San Juan mientras era senador por la capital y aspiraba por la poltrona municipal a cambio de contratos si ganaba las elecciones.
La información surge luego que Las Noticias de TeleOnce publicó esta tarde que las autoridades federales indagan si hubo un acuerdo entre Romero y la empresa JR Asphalt, propiedad de Oscar Santamaría hoy convicto por corrupción pública.
El ejecutivo municipal negó la relación con JR Asphalt a pesar que hay fotos en redes sociales que evidencian que empleados con camisa de la empresa asfaltaban las calles de la comunidad Tras Talleres en verano de 2020 previo a que Romero ganara la Alcaldía de San Juan.
“Ninguna de esas compañías que han sido señaladas por corrupción ha estado contratada en el Municipio de San Juan”, sentenció el Alcalde de San Juan a preguntas de Las Noticias de TeleOnce.
El Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) ni negó ni confirmó la información.
“Rechazo cualquier señalamiento o vinculación por asociación, o referencia sin base alguna, con cualquier acto en nuestra administración municipal que se aleje del rigor legar y reglamentario en el manejo de fondos y propiedad pública.
Aprovecho para reafirmar que todos los procesos de selección y contratación para la repavimentación de carreteras que se llevan a cabo en el municipio de San Juan se realizan utilizando el mecanismo formal de subasta pública, el cual no provee para la participación del alcalde, o de cualquier otra persona o funcionario que no sea miembro de dicha Junta de Subastas. Además, cabe señalar, que la Junta está compuesta, entre otros, por miembros de la pasada administración y por funcionarios que no tienen vinculación alguna con la campaña electoral del año 2020. En adición, para promover la transparencia, los procesos de subasta son públicos, razón para la cual, se transmiten en vivo a través del internet.
Las personas o entidades que al momento han sido señaladas en la comisión de posibles actos de corrupción en otros municipios de nuestra Isla, no tienen contratos con el municipio de San Juan, ni le rinden servicios ni directa, ni indirectamente a nuestra Ciudad.
En San Juan estamos comprometidos en brindar servicios de excelencia a la ciudadanía de forma transparente y correcta y así lo continuaremos realizando”, declaró en alcalde luego en comunicado de prensa.
En una movida inesperada, el Senado confirmó esta tarde a María Josefa Dabastos Anglade, la esposa del portavoz de la mayoría Javier Aponte Dalmau, como jueza superior.
El nombramiento, que bajó por descargue, fue aprobado a viva voz junto a otras seis designaciones, que se presentaron para votación en un calendario de trabajos de última hora.
El nombramiento de Dabastos Anglade no fue evaluado por la Comisión de Nombramientos. Tampoco el cuerpo recibió un informe que justificara la aprobación del nombramiento.
Los senadores del Partido Nuevo Progresista, que se encontraban en el hemiciclo, no objetaron el nombramiento.
La senadora del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago Negrón, censuró que el nombramiento se aprobara solo con el voto de los senadores y senadoras presentes en el hemiciclo.
Santiago Negrón había estado en la sesión, pero al momento de la votación se encontraba en su oficina atendiendo otros asuntos. Cuando se enteró del nuevo calendario con los nombramientos trató de llegar al recinto, pero la votación se realizó antes de que plantara pie en el lugar.
Ante esta situación, indicó que propondrá una enmienda para que los nombramientos tengan que pasar por la votación de lista, que se realiza al final de casa sesión.
“El problema no es solo la votación, es el sistema desde la designación original. Los nombramientos judiciales deben salir de las recomendaciones de las escuelas de derecho y las organizaciones profesionales, no de La Fortaleza”, afirmó la senadora pipiola.
El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia nominó a Dabastos Anglade luego de que el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, pidió al mandatario que nombrara a la esposa de su prima. Fuentes de CUARTO PODER (WAPA-TV) habían asegurado que el nombramiento formaba parte de una negociación entre el Ejecutivo y el Legislativo en tiempos del gobierno compartido.
El presidente del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmau Santiago, emitió hoy una orden de cese y desista a los ataques políticos de índole personalista entre funcionarios electos de la colectividad y designó un mediador para atender este asunto.
Asimismo, el presidente del PPD advirtió que, de continuar los ataques entre compañeros del Partido, después de emitida la orden, procederá a tomar medidas disciplinarias en todo su rigor.
“De conformidad al Artículo 190 del Reglamento del PPD, he procedido a tomar dos acciones concretas para detener los ataques innecesarios entre compañeros de partido. En primer lugar, he emitido una orden de cese y desista, según dispuesto en el Reglamento; y, en segundo lugar, he designado al ex presidente de la Asociación de alcaldes, Walter Torres, como mediador presidencial para que converse con todas las partes involucradas y se puedan subsanar las desavenencias que puedan existir entre los compañeros”, manifestó el líder popular.
“Ahora bien, quiero dejar meridianamente claro que en caso de que esta controversia continúe en clara violación a esta Orden y al Reglamento del Partido Popular, estaré aplicando en todo su rigor las medidas disciplinarias sin contemplaciones y en todo su alcance. Espero que todos los compañeros respeten esta directriz que es el deseo de todos los populares.”, expresó el Dalmau Santiago.
“Finalmente, el mediador designado tiene un término de diez (10) días para rendir su informe y recomendaciones. En el caso de que la mediación resulte en un acuerdo de las partes, así se informará”, concluyó el Presidente del PPD.
La senadora Marially González Huertas oficialmente retiró hoy la Resolución Conjunta del Senado 45, que buscaba traspasar el Centro Ceremonial Indígena de Caguana al municipio de Utuado.
La semana pasada la Vicepresidenta del Senado confirmó a Cuarto Poder (WAPA-TV) sobre su intención la cual completó.
Previamente González Huertas deseaba que se llevarán a cabo vistas públicas sobre la medida pero, tras escuchar que el alcalde de Utuado, Jorge Pérez expresó públicamente que no le pidió a la Senadora someter esta medida el año pasado, pues, González Huertas decidió retirarla. No sin antes, suscribir una carta al Alcalde notificándole el curso a seguir con la pieza legislativa.
“Usted consignó que no interesa que el municipio de Utuado ostente una administración total del Centro Ceremonial Indígena. Además, faltándole a la verdad, expresó que nunca solicitó dicha legislación,” indicó González Huertas en la carta en poder de este medio.
Además, la Senadora le recordó en la misiva que “sostuvimos una reunión el 5 de febrero deI 2021, donde entre otros asuntos, usted le solicitó personalmente a esta servidora la presentación de una pieza legislativa que traspasara al Municipio de Utuado la administración del Centro Ceremonial Indígena de Caguana.”
La administración del Centro Ceremonial Indígena de Caguana asciende a unos $411,000 al año, según informó el Instituto de Cultura Puertorriqueña a la Comisión de Gobierno del Senado, que evaluaba la medida.
Si se hubiera traspasado el Centro Ceremonial a manos del municipio de Utuado, se ponía en peligro la asignación de $1.6 millones por parte de FEMA por los daños provocados por los huracanes Irma y María. De igual manera, otros $2 millones relacionados a los temblores que el ICP solicitó a FEMA.
El Departamento de Justicia confirmó que agentes del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) se encuentran en el Municipio de Dorado como parte de investigación que realiza la agencia.
“La presencia de agentes del NIE en el municipio de Dorado es parte de un proceso rutinario de investigación, como todos los que lleva a cabo la oficina de integridad pública y asuntos del contralor, adscrita al Departamento de Justicia. La investigación surge por un referido de la Oficina del Contralor”, indicó la portavoz de prensa de la agencia Damarisse Martínez.
No ofreció detalles adicionales sobre la intervención.
Al parecer el Centro de Diabetes de Puerto Rico tiene sus días contados luego de que la Junta de Control Fiscal no autorizara la solicitud de fondos que hizo el Ejecutivo de $1.1 millones para evitar su cierre en el verano.
En una carta dirigida al gobernador Pedro Pierluisi y enviada el 22 de abril, la Junta sostiene que se le asignará solo $200 mil al Centro de Diabetes y que esos fondos estarán bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Serán desembolsados una vez “el Centro se mude al Hospital Universitario de Adultos que estará disponible en el verano 2022.”
La Junta de Control Fiscal también pide en la carta -sobre el presupuesto del año fiscal 2022-2023- que el Centro debe desarrollar un Acuerdo de Entendimiento (MOU) para aprovechar los recursos del Hospital Universitario de Adultos. De esta manera no se duplicarían esfuerzos. Por ejemplo: consolidar la división de Recursos Humanos del Centro con la del Hospital Universitario de Adultos.
Según el Plan Fiscal 2022, el Centro debe ser consolidado dentro del Departamento de la Salud, recordó la Junta en su misiva.
Cuarto Poder (WAPA TV) dio a conocer desde el año pasado que el Centro estaba en peligro de cerrar ante la falta de fondos. En enero divulgamos que el cierre era inminente en marzo. El mismo se evitó cuando el Centro usó sus ahorros para sobrevivir hasta junio pero con la condición de que había que asignar recursos adicionales para el próximo presupuesto fiscal.
El Centro de Diabetes para Puerto Rico atiende a todos los pacientes diabéticos y de tiroides, sin importar su recurso económico.
Los continuos recortes en el presupuesto del Centro lo llevaron a eliminar servicios e investigaciones. De seis endocrinólogos que tuvo en su momento, ahora solo hay dos a tiempo parcial lo que limita la cantidad de pacientes que pueden atender.
Vea el reportaje sobre el Centro de Diabetes en Cuarto Poder aquí