La Unidad de Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) de la Policía de Puerto Rico cuenta con solo tres helicópteros en función actualmente, mientras uno está en evaluación y otros tres están esperando nuevas piezas, según el Comisionado de la Policía de Puerto Rico, Antonio López Figueroa.
En las próximas semanas se construirá la primera de tres torres en las que habrá salvavidas que orienten a los visitantes acerca de las fuertes corrientes marinas que suelen registrarse en la zona de Condado, informó el Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). En lo que va de año, 43 personas han muerto ahogadas en Puerto Rico. Del total, nueve fallecieron en playas de San Juan y específicamente cinco —cuatro hombres y una mujer— en playas del Condado.
La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) notificó al Gobernador y a la Legislatura que no favorecen el aumento de salario a los maestros y otros tipos de funcionarios públicos que están propuestos en varios proyectos legislativos porque no se identifica una fuente para pagar por los mismos y porque choca con sus esfuerzos de reformar todo el andamiaje de recursos humanos en el Gobierno de Puerto Rico.
La Uniformada mantiene a poco más de 1,200 efectivos -el equivalente al 10% de su fuerza- alejados de su función principal de combatir el crimen haciendo funciones civiles o desarmados, reportó el periódico El Nuevo Día en su edición impresa.
La Policía cuenta con 11,057 efectivos, pero solo 10,400 están “activos”, lo que significa que están armados. Sin embargo, de esos 10,400, alrededor de 600 realizan labores administrativas “ante la falta de personal civil”, dijo el comisionado de la Policía, Antonio López , por lo que son activados ocasionalmente para planes de trabajo especiales.
Mientras, 657 policías están desarmados por licencia militar, licencia sin sueldo, porque están convaleciendo por alguna situación médica -incluyendo percances en el trabajo- y 495 desarmados que se desempeñan en labores administrativas porque enfrentan alguna querella por violencia doméstica o uso excesivo de la fuerza, entre otras.
Tres personas dispararon alrededor de 200 tiros contra una vivienda en el camino Félix Vázquez en el barrio Caimito
En la residencia se encontraba un matrimonio y su hijo, contra quien se presume iba dirigido el ataque. Ninguno resultó herido.
Las balas alcanzaron cuatro vehículos y le causaron daños a la fachada y ventanas, reportó El Vocero.
Los agentes del Precinto de Caimito trataron de dar con los sicarios, quienes huyeron en un Toyota Yaris.
El ex alcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado Montalvo, se declaró culpable el martes en el foro federal por conspiración y “kickbacks” junto al empresario y abogado Oscar Santamaría Torres, expresidente de la empresa de recogido de desperdicios sólidos Waste Collection Corp y Raymond Rodríguez, de JR Asfalt.
La información fue divulgada en primicia ayer por la periodista Melissa Correa (TeleOnce) y luego confirmada a este portal de noticias por una fuente enterada del proceso.
Delgado Montalvo, Santamaría y Rodríguez se declararon culpables mediante una denuncia que hace un fiscal federal y no tras una acusación emitida por un Gran Jurado Federal.
La vista se celebró el martes 30 de noviembre de 2021 por la vía virtual ante el juez federal Raúl Arias, previo a que el ex alcalde presentara su carta de renuncia ante la Asamblea Municipal de Cataño.
Santamaría tiene contratos gubernamentales que suman $117.7 millones e incluyen $13.2 millones en el municipio de Cataño durante la incumbencia del hoy ex alcalde Delgado.
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Los alcaldes de Añasco, Utuado y Camuy instalaron con fondos públicos pistas de patinaje sobre hielo, mientras los ejecutivos municipales de Bayamón y Aguas Buenas, entre otros municipios, utilizaron dinero del erario para celebrar encendidos de Navidad con luces y música en vivo, en momentos en que se quejan por problemas en las finanzas municipales.
Una investigación de Cuarto Poder reveló que el municipio de Añasco otorgó un contrato por $23,500 a Madera Events & Corp. para el alquiler de una pista de hielo artificial, capacitación del personal, personal de operación, luces, 20 patines, un banco y un tablillero.
Además, hubo un segundo acuerdo con Alex Pagán & Co. por servicios de diseño, desarrollo y confección de adornos navideños por una suma de hasta cien mil dólares.
Por otro lado, Utuado invirtió $53,000, según dos contratos publicados en la página web de la Oficina del Contralor. El portavoz de prensa del municipio aseguró a este medio que en ese monto están incluidos los gastos de las actividades de Navidad que duraron cuatro días y que también incluyeron una pista de patinaje.
En cuanto a otros municipios consultados por Cuarto Poder, Bayamón realizó seis actividades que se dividieron en cuatro para la zona rural y dos para la zona urbana. El costo ronda los $250,000 en fondos municipales según indicó la portavoz de prensa.
En Aguas Buenas se celebró un encendido el pasado sábado 27 de noviembre que contó con presentaciones musicales de Límite 21, La Secta, Christian Daniel, entre otros y en el que se otorgaron $4,000 en efectivo en premios de la Copa Alcalde Dominó. Según la portavoz de prensa, el monto invertido en este evento fue de $49,000, también de fondos municipales.
Esta semana trascendió en los medios que algunos municipios han hecho inversiones cuestionables para costear los gastos de actividades con motivo de la temporada de Navidad. El alcalde de Utuado, Jorge Pérez, admitió en entrevista radial (Red Informativa de Puerto Rico) haber utilizado fondos federales para la mitigación del COVID-19 en la instalación de la pista. Mientras tanto, en Camuy también se instaló una pista por un costo de $19,000, según reseñó El Vocero.
El secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), Carmelo Ríos Santiago, señaló hoy que desconocía si el gobernador y presidente de la Palma se reunió con Noé Marcano Rivera, el exalcalde de Naguabo y actual director ejecutivo de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles, y con el exalcalde de Cidra, Javier Carrasquillo Cruz, actual secretario auxiliar de la Gobernación para indagar sus vínculos con la empresa Waste Collection Corp. y el licenciado Oscar Santamaría Torres.
Pero no descartó que esa conversación se hubiera dado al tiempo que adelantó que el Senado trabajará enmiendas para eliminar la discreción que gozan los ejecutivos municipales a la hora de otorgar contratos de recogido de basura, desperdicios y escombros.
“Esa parte no me consta. Obviamente yo no estuve en esa reunión si fue que se dio. No sería atípico que si sale un comentario como el que salió con nombre y apellido, que esos funcionarios le expresen al gobernador ‘mira nosotros no tenemos nada que ver con eso, eso es falso’”, apuntó a preguntas de Jay Fonseca en el programa Los datos son los datos, que transmite a diario WAPA TV.
Ayer, el alcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado Montalvo dimitió a su cargo ayer de forma precipitada en medio de rumores sobre su posible arresto esta semana tras la presentación de acusaciones federales vinculadas a irregularidades en el otorgamiento de contratos millonarios entre el ayuntamiento y la empresa Waste Collection Corp, propiedad Santamaría Torres.
Ante la sorpresa que causó la renuncia de Delgado Montalvo, Waste Collection informó que Santamaría Torres había renunciado al cargo de presidente de la empresa el mes pasado ante los continuos señalamientos de la prensa sobre alegadas investigaciones federales.
Según fuentes de este portal de noticias, también están en la mirilla de los federales Marcano Rivera y Carrasquillo Cruz.
“Yo no la tuve con ellos dos y tengo que decirte que no le he preguntado al gobernador sobre eso, pero tú y yo sabemos que sería razonable que en este caso el jefe, que es el gobernador ante (imputaciones a) dos de sus colabores claro que los llame, claro que les pregunte”, apuntó el senador.
Esta mañana en entrevista en WKAQ, el gobernador y presidente del PNP, Pedro Pierluisi Urrutia, reconoció que hubo algún tipo de conversación con Marcano Rivera y Carrasquillo Cruz.
“Entiendo que tanto Javier Carrasquillo lo que indica es que aquí no hay nada impropio. Por la información que tengo está muy tranquilo. No tiene por qué preocuparse. En el caso de Noé Marcano la información que me llega es similar”, indicó el mandatario.
Pierluisi Urrutia también reconoció el vínculo de Santamaría Torres con el PNP.
En la entrevista con Jay Fonseca, Ríos Santiago señaló que varios senadores trabajan en propuestas para eliminar la libertad que tiene los alcaldes y alcaldesas de otorgar el contrato de recogido de basura sin realizar subasta para procurar al mejor postor.
“Eso va a pasar en enero, en la sesión extraordinaria. Ya sé de tres compañeros que están trabajando en esa medida. Así que definitivamente va a sufrir cambios esa discreción que tienen los alcaldes”, apuntó.
Solo en el pago de horas extras, el gobierno de Puerto Rico desembolsó en los pasados seis años más de $9.6 millones a los agentes de la Policía que trabajan como escoltas de exgobernadores, funcionarios electos y servidores públicos.
También ha pagado $37,366 en gasolina hasta el 15 de octubre y $8,634 en el mantenimiento de esa flota de vehículos, que permite a los exgobernadores y funcionarios públicos esquivar el tráfico de camino a sus citas de negocios o de trabajo.
Pese a que la información que ofreció el Negociado de la Policía a Cuarto Poder está incompleta, consigna que durante el periodo del 2016 al 2021 las escoltas de los exgobernadores Pedro Rosselló Nevares, Luis Fortuño Burset, Alejandro García Padilla, Carlos Romero Barceló y Rafael Hernández Colón cobraron ‘overtime’ consistentemente.
García Padilla se estrenó como exgobernador en el 2017. Hernández Colón falleció el 2 de mayo de 2019 y dos años más tarde, el 2 de mayo de 2021 murió Romero Barceló.
La escolta de Wanda Vázquez Garced también cobró tiempo extra mientras la exfiscal ocupó el cargo de secretaria de Justicia y los agentes que acompañan a la comisionada residente Jenniffer González Colón cuando está en la isla también han cobrado ‘overtime’ desde que juró como la funcionaria electa sin voto en el Congreso de Estados Unidos.
Pese a que Rosselló González y la comisionada residente pasan largas temporadas en Estados Unidos, sus escoltas reciben un holgado cheque de horas extras.
La información también refleja que la exsecretaria de Educación y ahora convicta federal, Julia Keleher, tenía escolta en el 2019 y que el secretario de la Gobernación William Villafañe, el secretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario y los directores de Puertos Anthony Maceira y Joel Pizá gozaron de ese privilegio.
Actualmente hay tres secretarios que tienen escoltas debido a amenazas. Por razones de seguridad, el Negociado de la Policía, no divulgó sus nombres.
La mayor tajada de horas extras se pagó en el 2017, año en el cual el huracán María devastó el archipiélago dejando el país a ciegas y muchas carreteras intransitables. Ese año, el gobierno desembolsó $2.5 millones en pago en exceso de la jornada ordinaria de ese ejército de escoltas. Los cinco funcionarios con el gasto más grande de escolta fueron el expresidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez ($333,992), el expresidente del Senado Thomas Rivera Schatz ($281,304), el secretario de Estado Luis Rivera Marín ($254,813), el exgobernador Carlos Romero Barceló ($245,501) y el exgobernador Alejandro García Padilla ($244,184). Las escoltas del expresidente de la Junta Control Fiscal (JCF), José Carrión III, también reclamaron otros $172,956 por trabajo fuera de su horario regular.
El año antes, que incluyó el periodo de las elecciones, el gobierno pagó $1,095,386 en horas extras. Los datos de la Policía indican que las escoltas que más facturaron ‘overtime’ en el 2016 fueron las del expresidente del Senado, Eduardo Bhatia Gautier, ($184,991), de Rosselló González ($153,518), del secretario de Estado y candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático, David Bernier ($139,416), de Romero Barceló ($138,272) y de la candidata a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago ($105,644).
La información oficial, sin embargo, no menciona si el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, quien ganó las elecciones generales tenía escolta y si incurrió en pago de ‘overtime’.
En el 2018, el gobierno pagó $2.3 millones y en el 2019 desembolsó $1.7 millones. Durante el 2020, año de la pandemia y del encerramiento para evitar la propagación del COVID-19, el gobierno pagó $990,575 en tiempo extra y en lo que va de ese año ya ha pagado $965,780 en ese gasto que para muchos constituye un exceso en tiempos de la quiebra gubernamental.
Durante el cuatrienio del 2017 al 2020, las escoltas de Rivera Schatz, de Méndez Núñez y del Presidente de la JCF se mantuvieron entre los equipos de seguridad que más facturaron tiempo extra.
La funcionaria que más gasolina ha quemado este año -entre enero y octubre 15- es la exgobernadora Vázquez Garced, quien ocupó La Fortaleza durante 16 meses. El gobierno pagó $11,353 por el combustible que usan sus dos vehículos. Le siguen Fortuño Burset ($7,715), el presidente Senado José Luis Dalmau ($5,126), García Padilla ($3,935), la Comisionada Residente ($3,554), el Secretario de Estado ($3,070) y Rosselló González ($1,726).
Jenniffer González tiene tres vehículos
Todos tienen dos vehículos, menos González Colón, que tiene tres, según el listado que ofreció el Negociado de la Policía.
Sin ofrecer detalles de la contratación, el Negociado de la Policía indicó que la que el Departamento de Hacienda mantiene un contrato con la Policía, que cubre el servicio de escolta del Secretario de Hacienda. Además, la JCF tiene un contrato vigente del 15 de julio de 2021 hasta el 31 de mayo de 2022 para cubrir los gastos de escolta de sus miembros. La escolta de la directora ejecutiva del ente fiscal, Natalie Jaresko, está en manos de una empresa privada.
La Policía no explicó si previo a estos contratos la agencia pagaba por el gasto de escolta y ahora ese gasto cambia de bolsillo.
Luego de tres meses de espera, los datos que ofreció el Negociado de la Policía a Cuarto Poder no incluyen el salario regular que devengan esos oficiales convertidos en escoltas y que en el caso de la exgobernadora Vázquez Garced, esperan pacientemente en dos guaguas mientras la exsecretaria de Justicia dicta sus clases en la Universidad Interamericana en Cupey.
También omitió los datos relacionados a la escolta del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia y de las escoltas que acompañaron a los exgobernadores Vázquez Garced y Ricardo Rosselló Nevares en su paso por la jefatura del país. Tampoco incluyó el listado completo de todos los candidatos que solicitaron escolta durante el periodo de las elecciones del 2016 y del 2020.