El precio del combustible que utiliza la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para generar energía se ha disparado sustancialmente. De acuerdo a información provista por la propia AAE, el diesel ha aumentado al menos $30 de $144 proyectado en marzo a $174 hoy. Mientras, el bunker subió $23 de $125 a $147 y el crudo de $113 a $123.
El Instituto de Ciencias Forenses (ICF) y el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas determinaron que la menor Khrislanie del Valle se suicidó.
El fallecimiento de la niña de 9 años, ocurrido el pasado 1 de febrero de 2022, dejó al descubierto que la menor y sus hermanos no habían acudido ni un solo día a la escuela Nicolás Aguayo Aldea, donde estudiaban.
Un estudio publicado por la revista Natura y realizado en Gran Bretaña reveló que el COVID-19 provoca una pérdida más grande de materia gris y un mayor daño en el cerebro que los causados por el deterioro natural en las personas que no se han infectado con el coronavirus.
El gobernador Pedro Pierluisi creó la Secretaría Auxiliar de la Gobernación para la Innovación, Información, Datos y Tecnología. La oficina estará adscrita a La Fortaleza y a cargo de Enrique Völckers Nin.
Hace una semana y sin debate, el Senado rechazó el nombramiento del Principal Ejecutivo de Innovación e Información.
“La agenda digital de mi administración es clave para lograr la eficiencia gubernamental con la que nos hemos comprometido. Völckers Nin ha demostrado su capacidad de darle resultados a nuestro pueblo, promoviendo herramientas tecnológicas para facilitar la interacción de nuestra gente con su gobierno. Continuaremos dando prioridad a la agilidad gubernamental mediante la transformación digital”, sostuvo el gobernador.
Por su parte, el nuevo secretario auxiliar destacó que, “sigo enfocado en darle prioridad a la política pública de innovación e información establecida por nuestro gobernador Pedro Pierluisi. Desde esta nueva designación daré mayor enfoque y énfasis a proyectos prioritarios tecnológicos para beneficio de la ciudadanía. El pueblo de Puerto Rico puede seguir contando con mi empeño y dedicación para que, como ha sido hasta ahora, sigamos teniendo resultados efectivos en la transformación digital del gobierno de la Isla”, expresó Völckers Nin.
La Orden Ejecutiva establece que la Secretaría Auxiliar de la Gobernación para la Innovación, Información, Datos y Tecnología estará encargada de supervisar la ejecución ágil de la política pública de innovación y tecnología del Gobierno de Puerto Rico.
Luego que el presidente de los Estados Unidos Joe Biden convirtió en ley una medida que requiere que todos los contratistas de la Junta de Control Fiscal revelen posibles conflictos de interés antes de proceder con cualquier gestión o recibir pagos relacionados al proceso de quiebra de la isla, la jefa de la Oficina del Síndico de Bancarrota se opuso al pedido de la Junta para que esta medida sea solamente prospectiva.
Mary Ida Towson, jefa de la Oficina del Síndico de Bancarrota de la región 21 que incluye a Florida, Georgia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses, presentó una moción hoy en la que deja clara su posición alegando que “eliminar a estos acreedores anulará el propósito del estatuto, dejando la posibilidad de que los conflictos reales que persistieron durante el empleo de un profesional en el caso no puedan ser revisados por el Tribunal”.
“La misma Junta de Supervisión parece entender esto porque propone incluir en la lista de partes interesadas a un número limitado de acreedores con créditos inactivos por su importancia”, sostuvo la síndico.
El juez Orlando Puldón Gómez del Tribunal de Carolina no encontró causa para el arresto del senador popular Javier Aponte Dalmau por un altercado con su entonces chófer Rafael Rivera Ramos debido a que el ministerio público no cumplió con el requisito de identificación del imputado.
Aponte Dalmau enfrentaba un cargo de alteración a la paz y otro de agresión menos grave.
De inmediato, el fiscal Omar Barroso Rosario anunció que acudiría en alzada y pese a la decisión del juez, alegó que sí cumplió con el requisito de identificación del imputado.
Barroso Rosario presentó el caso mediante declaración jurada y utilizó al sargento Gabriel López como testigo para identificar al político. López investigó los hechos ocurridos la noche del 4 de febrero pasado.
Rivera Ramos no estuvo presente en la audiencia, que se extendió una hora y 10 minutos.
Aponte Dalmau estuvo representando por los abogados José Andreu Fuentes, Ricardo Prieto García, César López Cintrón y Luis Calderón Robles.
Debido a las medidas para evitar la propagación del COVID-19, solo entraron a sala los licenciados Andreu Fuentes, Prieto García y López Cintrón. Calderón Robles esperó en el vestíbulo del primer piso del juzgado junto a la esposa del político, la licenciada María Josefa Dabastos Anglade. A inicios de este año, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia nominó a Dabastos Anglade a un puesto de jueza superior.
A su salida de sala, el licenciado Andreu Fuentes argumentó que el Departamento de Justicia trató este caso de forma atípica puesto que la presentación de cargos en los casos menos graves usualmente corresponde al Negociado de la Policía y se realizan mediante denuncias.
“La declaración jurada no establece ni siquiera quién es la persona a quién le imputan. No pueden traer la prueba suficiente para que haya causa probable para el arresto. El juez también tuvo serias dudas de por qué un caso menos grave, por primera vez en la historia, se radica por declaraciones juradas y eso pesó en el ánimo del juez de por qué se hace esto de una manera discriminatoria contra el senador”, apuntó Andreu Fuentes.
También acusó al exchófer de tratar de manchar la reputación del senador.
“(Rivera Ramos) ha extorsionado básicamente al senador pidiéndole dinero a cambio de no hacerle daño a su carrera política y hoy se demuestra claramente cómo este señor lo que hace es tratar de vengarse por una disputa laboral que tuvo porque fue despedido”, afirmó Andreu Fuentes.
“Había sido amonestado anteriormente en el trabajo y eventualmente fue despido y ahora esta persona para hacer daño en venganza. Hace esto en el día de hoy”, añadió.
Aponte Dalmau se expresó satisfecho con la determinación y aseguró que tomará ninguna acción legal en contra de su exempleado.
“Desde el primer día, yo les dije que esto se trataba de una situación laboral, que lo que había ocurrido era una situación de una discusión. Esto se extendió muy lamentablemente. Hoy se hizo justicia”, apuntó el senador.
El fiscal Barroso Rosario defendió su decisión de presentar el caso por declaración jurada y de utilizar al agente investigador para cumplir con el requisito de identificar al senador en corte abierta.
“El ministerio público tiene la discreción de escoger como presenta su caso. Nosotros escogimos presentar nuestro caso por declaración jurada y presentamos un testigo que lo utilizamos para propósitos de investigación del imputado. El sargento identificó al imputado en sala y el juez tomó una determinación de que él entendía que eso no era suficiente para determinar caso”, explicó a la prensa.
“En esta etapa de los procedimientos las reglas de procedimiento criminal y la jurisprudencia me permiten presentar el caso por declaración jurada sin exponer a mis testigos tan temprano en el procedimiento”, agregó.
Pese a este revés, no dijo de forma tajante si utilizará a Rivera Ramos en la vista en alzada.
Rivera Ramos presentó una querella ante la Policía la noche del 4 de febrero por un incidente ocurrido en la Ruta 66, en dirección de Río Grande hacia Carolina, en jurisdicción de Canóvanas. El hombre alegó que el legislador lo agarró con sus manos en el área del cuello y le profirió palabras soeces. Aseguró también que su ahora exjefe estaba ebrio.
El director de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), ingeniero Josué Colón, adelantó esta tarde que espera que los clientes no terminen pagando más por el kilovatio hora luego que el gobernador Pedro Pierluisi anunció hoy la cancelación del acuerdo de reestructuración de la deuda de la corporación pública.
Colón dijo que no puede hablar por los acreedores de la AEE, pero rechazó que los bonistas vayan a plantear ahora un aumento de 10 centavos por kilovatio hora porque “en ningún momento la AEE ha dicho que no quiere pagar su deuda”.
“Trataremos buscar mejores condiciones y mejor acuerdo porque las condiciones fiscales bajo la cuales se logró ese acuerdo en 2019 no son las prevalecientes; basta con ver las noticias y no es el mismo escenario mundial”, sostuvo el ingeniero Colón en entrevista con Jay Fonseca en Los datos son los datos (WAPA-TV).
“Tenemos que llegar a un acuerdo que sea sostenible”, insistió Colón.
De otro lado, dijo que la Central Costa Sur no está funcionando a capacidad con gas natural porque las unidades 5 y 6 están operando en 40 por ciento en gas natural y lo demás en Bunker C, esto debido a que el proveedor de gas natural no tiene la totalidad de gas por problemas con su distribuidor en Trinidad y Tobago.
El director de la AEE no descartó que haya aumento en la factura debido a que hay alza en el costo del combustible. Estimó que pudiera subir entre 1 a 2 centavos por kilovatio hora, pero recordó que estará en manos del Negociado de Energía.
El gobernador Pedro R. Pierluisi, anunció hoy que el Gobierno cancelará el Acuerdo en Apoyo a la Reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica (el “AAR de la AEE” o el “acuerdo”), conocido en inglés como el RSA, porque su implementación no es factible ni conveniente para los mejores intereses de Puerto Rico.
De acuerdo al gobernador, las circunstancias prevalecientes en el 2019, cuando el AAR de la AEE se negoció con los acreedores de la corporación pública, han cambiado significativamente, incluyendo las condiciones económicas mundiales como la creciente inflación y los aumentos significativos en el precio del petróleo.
“Estoy comprometido a lograr que la AEE salga de la quiebra, por lo que favorezco una negociación o mediación abarcadora que asegure un servicio de energía eléctrica más eficiente, limpio y confiable para el pueblo de Puerto Rico y, a la vez, honre el compromiso de nuestro gobierno con los pensionados de la corporación y atienda justamente los reclamos de los acreedores de la AEE”, sostuvo el gobernador Pierluisi.
Bajo los términos del AAR de la AEE, cada integrante del acuerdo tiene el derecho de cancelarlo. Por ello, en el día de hoy, a solicitud del gobernador, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) acordó ejercer el derecho del Gobierno de Puerto Rico de cancelar el acuerdo y notificó a las partes a esos efectos. El primer ejecutivo añadió que el objetivo ahora es comenzar conversaciones con todos los interesados para lograr un acuerdo de reestructuración que pueda ser implementado.
El AAR de la AEE era un documento que establecía un camino para que la AEE reestructurase sus bonos para salir de la quiebra bajo el Título III de PROMESA, pero no contemplaba los otros reclamos y deudas de la corporación pública. El gobernador ha sido claro de que se necesita conseguir un recorte considerable a la deuda y cambios a las disposiciones del acuerdo, así como que no se impongan cargos a la generación propia.
“El Gobierno de Puerto Rico está comprometido a trabajar con la Junta de Supervisión y los acreedores de la AEE para negociar un Plan de Ajuste para la corporación pública que (1) asegure su salida de la quiebra bajo el Título III, y (2) se ajuste a la política pública del Gobierno y su objetivo de asegurar que los residentes de Puerto Rico tengan energía eléctrica confiable y menos costosa”, dijo el director ejecutivo de AAFAF, Omar J. Marrero.
“Para asegurar que un futuro Plan de Ajuste de la AEE se ajuste a la política pública del Gobierno, en las negociaciones de reestructuración nos enfocaremos en los siguientes objetivos: (1) que la AEE salga de la quiebra bajo el Título III lo antes posible; (2) promover la conversión a fuentes de energía renovable y, a corto plazo, el mayor uso del gas natural, que es más limpio y menos costoso que los demás combustibles que está utilizando la AEE; (3) que se respete el rol del Negociado de Energía de Puerto Rico de establecer las tarifas de electricidad y velar por el cumplimiento con el Plan Integrado de Recursos; (4) proteger a los pensionados de la AEE; y (5) cumplir con los requisitos y objetivos de política pública establecidos en la Ley 17-2019, mejor conocida como la “Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico”, añadió el primer mandatario.
“El Gobierno anticipa trabajar con todas las partes interesadas en la AEE en la consecución de estas metas”, concluyó el gobernador.
Mientras, la Junta de Control Fiscal respalda la decisión del gobernador de cancelar el Acuerdo de Apoyo a la Reestructuración (RSA, por sus siglas en inglés) con un grupo de bonistas para reducir la deuda de la AEE.
“La Junta, junto con la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y la AEE, había logrado el RSA con ciertos bonistas en mayo de 2019. El RSA habría recortado la deuda de la AEE en más de un 32% y habría otorgado a los hogares y empresas de Puerto Rico importantes protecciones, entre ellas, la de evitar que aumenten las facturas de la luz en caso de que la demanda de electricidad disminuya en los próximos años”, sostuvo el organismo fiscal en declaraciones escritas.
“Sin embargo, la implementación del RSA a través de un Plan de Ajuste para la AEE requiere legislación. La Legislatura de Puerto Rico no ha adoptado la legislación necesaria y declaró que requeriría cambios en el RSA. Desafortunadamente, la Legislatura rechazó algunos de los términos clave del RSA por considerarlos inaceptables”, agregó.
Sostuvo además que “la AEE necesita terminar su quiebra bajo el Título III de PROMESA. A menos que se resuelva la incertidumbre en torno a la deuda de la AEE, el pueblo de Puerto Rico se arriesgará a tener que pagar el precio de un sistema energético costoso, ineficiente, poco fiable y contaminante, además de la deuda preexistente La Junta de Supervisión espera negociar una nueva resolución con todas las partes interesadas, ya sea por mediación, si así lo ordena el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico o si así lo desean todas las partes; u otras negociaciones”.
Pese a que utiliza escolta, la hermana del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, María Caridad Pierluisi Urrutia, no ha recibido amenazas, confirmó el Departamento de Seguridad Pública (DSP) a la Comisión cameral de Seguridad Pública, Ciencia y Tecnología.
María Caridad Pierluisi, conocida como Cary, dirige la Oficina del Gobernador sin cobrar salario, una posición que no solía tener asignado un chófer o escolta.
El secretario del DSP, Alexis Torres Ríos y el comisionado del Negociado de la Policía, Antonio López Figueroa ofrecieron la información al representante Luis “Narmito” Ortiz Lugo, quien preside la Comisión e investiga el costo de las escoltas, que la Policía ofrece a exgobernadores y funcionarios públicos.
“Al momento, no existe una querella por amenaza contra la integridad física de la Sra. María Caridad Pierluisi Urrutia”, indicaron ambos funcionarios en la página 6 del requerimiento de información que realizó la Comisión.
La semana pasada, Ortiz Lugo amenazó con acudir a los tribunales si el DSP no entregaba la información solicitada al cuerpo.
Previamente, Torres Ríos confirmó a Cuarto Poder (WAPA-TV) que Caridad Pierluisi utiliza la escolta del mandatario para sus asuntos diarios. Pero no ofreció una justificación para extender el uso de seguridad a la hermana del mandatario.
La ley que creó el DSP estipula que el Negociado de la Policía “tendrá la responsabilidad de proveer seguridad y protección al Gobernador de Puerto Rico y a su familia durante el término de su incumbencia”. Pierluisi Urrutia es divorciado y vive solo en La Fortaleza. Su hermana reside en Miramar y está casada con el abogado Andrés Guillemard, un conocido cabildero.
Tras asumir la gobernación, el mandatario anunció que su hermana dirigiría su oficina. Caridad Pierluisi dirigió la campaña política de su hermano mayor. El comunicado de prensa consignó que realizaría gestiones relacionadas a su calendario y otros asuntos personales de naturaleza confidencial sin entrar en los detalles específicos de sus obligaciones o responsabilidades.
Por tratarse de una posición que realizar ad honorem o sin cobrar un sueldo, María Caridad Pierluisi no rinde informes ante la Oficina de Ética Gubernamental.
En octubre pasado, Cuarto Poder reportó que solo en “overtime” o tiempo extra, el gobierno desembolsó casi $10 millones en pago a las escoltas en los pasados cinco años. Esa información no incluía el gasto de la escolta del gobernador Pierluisi.
El juez Héctor López del Tribunal de Mayagüez encontró causa para juicio contra los responsables de conspirar para asesinar al principal ejecutivo de Flanes-es-Cedó, Andrés Llama Díaz, quien fue herido de bala frente a su residencia el 3 de agosto del año pasado.
Los cuatro imputados son Bernardo Llama Díaz, hermano del empresario; Gustavo Alexis González González; Rodney A. Santiago Ramírez y José Manuel Rodríguez Torres.
“El tribunal encontró ayer causa para juicio por todos los delitos radicados por el Ministerio Público contra los cuatro imputados, quienes enfrentan cargos por tentativa de asesinato, conspiración y violaciones a la Ley de Armas”, confirmó el fiscal Esteban Miranda Valentín de la Fiscalía de Mayagüez en un parte de prensa.
La vista de lectura de acusación fue señalada para el 18 de marzo. El juicio iniciará el 26 de abril.
“Confiamos en la excelente labor que está realizando la Fiscalía de Mayagüez para procesar este vil crimen, en el cual un individuo conspiró junto a otros tres para dar muerte a su propio hermano. Se equivocaron si pensaron que no serían juzgados”, expresó el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández.
La jefa de los fiscales, Jessika Correa González, indicó que “el caso está bien encaminado, pues la investigación se llevó a cabo con el rigor requerido”.
Según la investigación de la Fiscalía del Distrito de Mayagüez, Bernardo Llama Díaz acordó pagarle $10, 000 a Gustavo Alexis González González para que asesinara a su hermano. A su vez, González González, fugitivo de la justicia con historial criminal por asesinato y otros delitos, se puso de acuerdo con Rodney A. Santiago Ramírez y José Manuel Rodríguez Torres para ejecutar al empresario utilizando dos pistolas, a cambio del dinero.
Los cuatro imputados, según el ministerio público, se dedicaron a acechar a Andrés Llama Díaz. El 3 de agosto, los imputados esperaron que el ejecutivo saliera de la planta elaboradora de los Flanes Cedó y lo siguieron, en una guagua Kia Soul. Al llegar a su hogar, a eso de las 8:30 p.m., le dispararon utilizando una pistola Glock .40 automática.
Posteriormente, los coimputados se repartieron dinero y armas como pago por el asesinato. El empresario sobrevivió al atentado contra su vida, a pesar de que recibió múltiples heridas de proyectil de bala.
Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales del Negociado de la Policía estuvieron a su cargo de la investigación junto a la Fiscalía de Mayagüez, dirigida por la fiscal Blanca Portela Martínez.