La vista de presentación de cargos en contra del exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier, quedó pospuesta hoy porque los fiscales especiales a cargo de la investigación están enfermos.

El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) informó esta semana que la vista de Regla 6 o de causa para arresto se llevaría a cabo esta mañana en el Tribunal de San Juan. El fiscal especial independiente Juan Catalá Suárez tenía a su cargo la presentación de las denuncias por teleconferencia porque el fiscal delegado Manuel Núñez Corrada tiene COVID-19.

Pero a última Catalá Suárez tuvo un percance de salud imprevisto.

“Desde las 3:00 de esta madrugada, éste se encuentra en sala de emergencia de un hospital atendiendo una delicada situación de salud. Temprano en la mañana se hicieron gestiones en el tribunal para transferir la fecha de esta vista”, informó el Panel en declaraciones escritas.

“Estas situaciones médicas de fuerza mayor, le fueron comunicadas a la juez Raiza Cajigas, coordinadora de la Sala de Investigaciones del TPI de San Juan. También, a las 8:40 de la mañana de hoy se le comunicó a la Lcda. Mayra López Mulero, representante legal del señor Maldonado Gautier. Obligados por estas circunstancias, los fiscales han solicitado el aplazamiento de la vista y el reseñalamiento para una fecha posterior”, agregó.

Mientras el PFEI informaba la situación a través de un comunicado de prensa, López Mulero y Maldonado Gautier arribaron al juzgado.

“Se cae de la mata que allí hay un sinnúmero de fiscales, como la fiscalía es una, el FEI es uno, cualquiera de esos fiscales pudo venir a traer las denuncias para yo verlas y garantizarme la notificación y darme la oportunidad para esbozar los argumentos que en derecho correspondan, cumplir con la directriz de un tribunal que nos ha citado hoy”, apuntó la abogada a la prensa.

“En esta etapa incipiente del proceso donde lo que yo voy a ver son papeles y se va a radicar por un expediente que no puedo contrainterrogar, eso lo hace hasta un mono ‘entrenao’. Por qué dilatar el proceso si existen mecanismos alternos”, agregó molesta.

Sin embargo, la presidente del PFEI, Nydia Cotto Vives, rechazó estos planteamientos. Apuntó que no cuenta con una plantilla amplia de fiscales para realizar sustituciones y que, en este caso, la situación de emergencia surgió a última hora. Por tanto, otro fiscal especial no tenía tiempo para presentar el caso.

“Nuestros casos son sumamente complejos y requieren de preparación”, aseguró.

Cotto Vives señaló que las denuncias se presentaran cuando los fiscales especiales se recuperen y regresen a sus labores.

Los fiscales especiales no han ofrecido los pormenores de las denuncias, pero fuentes del programa Cuarto Poder, que WAPA-TV transmite los martes, han indicado que se trata de imputaciones por posibles violaciones a la Ley de Ética Gubernamental por faltas en los informes financieros que Maldonado Gautier presentó ante la Oficina de Ética Gubernamental relacionadas a un fideicomiso y a su corporación.

En junio, tras recibir un nuevo informe de una auditoria forense sobre los informes financieros de Maldonado Gautier, el PFEI ordenó consolidar esas alegaciones con otra investigación en curso.

Dos meses antes, el Panel había designado un fiscal especial tras un informe emitido por la Oficina del Inspector General sobre el proceso para la formalización y otorgamiento del contrato entre el Departamento de Hacienda y el productor de seguros Risco Insurance, Inc. La compañía Risco-Insurance pertenece al hijo del alcalde novoprogresista de San Sebastián, Javier Jiménez Pérez.

De esta forma, el ente investigador acogió la recomendación del secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, de asignar un fiscal especial independiente para ampliar la investigación preliminar.

“La investigación preliminar realizada por el personal de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia reveló que existe causa suficiente para concluir que Maldonado Gautier pudo cometer los siguientes delitos: Artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental; Artículo 254 del Código Penal por intervención indebida en las operaciones gubernamentales; y Artículo 264 del Código Penal por malversación de fondos públicos”, argumentó Justicia en su comunicación al PFEI.

Desde el inicio, la licenciada López Mulero ha señalado que la designación de un fiscal especial independiente constituye un acto de “persecución y represalia” y que “le están pasando factura” a Maldonado Gautier “por haber delatado y provocado que el país conociera quién es Ricardo Rosselló y los ‘brothers’”. Rosselló Nevares destituyó a Maldonado Gautier luego de que señaló en una entrevista radial que en Hacienda existía “una mafia institucional”. Posteriormente aparecieron las páginas del chat de Telegram que el entonces gobernador mantenía con su equipo cercano y que desembocaron en las protestas ciudadanos, que provocaron la renuncia de Rosselló Nevares.

Hoy López Mulero reiteró esas denuncias y aseguró que la presentación de cargos en contra de su representado buscaba limpiar el nombre del exmandatario y de otros funcionarios de su círculo cercano. También aseguró que contaba con prueba exculpatoria y que Maldonado Gautier no había enmendado sus informes financieros.

“He hecho mi investigación y tengo evidencia exculpatoria robusta”, afirmó.

López Mulero también despachó las alegaciones que realizó la exsecretaria de Justicia, Teresita Fuentes, quien renunció al cargo por discrepancias con el estilo de gerencia y las políticas que adelantaba Maldonado Gautier, su antecesor y que en ese momento ocupaba el cargo de principal oficial financiero del gobierno.

“Teresita Fuentes podrá tener la opinión que ella entienda. Todos los asuntos a los cuales hizo alusión Teresita Fuentes y otros funcionarios de Hacienda fueron evaluados y descartados. Esto no es un asunto de ataques personalistas contra este señor. Esto es un asunto estrictamente jurídico”, afirmó a preguntas de ese medio.