Al menos 60 personas han sido arrestadas como parte de un operativo contra el narcotráfico en distintos puntos de la isla que comenzó anoche y se extendió durante la madrugada de hoy, martes. La intervención es dirigida por agentes del Negociado de la Policía, mientras que las agencias federales como el Servicio de inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), ofrecen refuerzos.
Según la Uniformada, son cientos de órdenes de arresto las que estarán diligenciando por distintos delitos. Los resultados del operativo serán informados durante la mañana de hoy en conferencia de prensa.
La Policía Municipal de San Juan arrestó a un hijo del senador por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Gregorio Matias. Al joven de 27 años identificado como Gregory Matías se le ocupó una pistola con su cargador, dos cargadores adicionales, un chip automático, un chaleco y una máscara. Agentes federales del Negociado de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, por sus siglas en inglés) asumieron jurisdicción.
El hijo del senador estaba acompañado por otro hombre en un vehículo Infinity negro. Matías se desempeñó como agente de la policía antes de ocupar su cargo como senador y recientemente estuvo bajo la lupa pública por votar a favor de una medida que otorga una nueva emisión de bonos y entrega $7 mil millones en efectivo a los bonistas pero no asegura beneficios a los policías y su retiro.
El jefe del FBI en Puerto Rico, Joseph González aseguró que la agencia negoció con los secuestradores para rescatar a todas las personas víctimas del secuestro ocurrido en el restaurante El Hipopótamo en Río Piedras. Durante el secuestro falleció un joven de 16 años identificado como Jesús Francisco Pérez. El funcionario no abundó sobre las razones por las que Jesús Francisco no pudo salir con vida de la transacción. Tampoco dijo de dónde salió el dinero para la recompensa. González dijo que los secuestros no son comunes en la isla y catalogó este caso como uno aislado.
Primera Hora
NotiCentro obtuvo un audio en el que María Paola Hernández Agosto, la joven de 33 años que murió por disparos la noche del viernes, narró que vivía un patrón de violencia de género por parte de su esposo. La muerte de la joven fue investigada inicialmente como un suicidio, según alegó su pareja, pero aún no se ha determinado si fue por homicidio o suicidio, pues se espera por los resultados de la autopsia del Instituto de Ciencias Forenses.
En el audio la joven narra que al buscar terapia de pareja con su esposo se le preguntó si había enfrentado violencia doméstica, a lo que la mujer contestó que si. “Realmente estoy asustada porque yo no le quería hacer daño, entiendes… pero, él me va a odiar, yo tengo miedo hasta que él me haga algo, que bajo coraje cuando se entere me vaya a meter un puño o viceversa, porque yo le he dado a él defendiéndome”, dice Hernández Agosto en el audio.
Cinco recintos de la Universidad de Puerto Rico (UPR), se mantienen en un paro en protesta por la aprobación del Proyecto de la Cámara 1003 que dio paso al Plan de Ajuste de la Deuda.
Los recintos que siguen con sus portones cerrados son Río Piedras, Mayagüez, Cayey, Humacao y Aguadilla y en estos recintos la actividad académica y administrativa continúa en modalidad virtual, informó la oficina de prensa de la UPR.
El Departamento de Salud reportó hoy martes un promedio de 43 casos positivos confirmados y ninguna muerte.
El monitoreo cubre el periodo del 17 al 31 de octubre de 2021.
Hay 45 adultos hospitalizados, 13 de estos en unidad de intensivo y 16 menores, uno de esto en unidad de cuidados intensivos para un total de 61 personas hospitalizadas.
El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia aclaró hoy que el servicio de escolta que el Negociado de la Policía ofrece a los exgobernadores o exgobernadoras se basa en consideraciones de seguridad. Es decir, que no se trata de un servicio de chofer privado.
La pregunta surgió luego de que el programa Cuarto Poder, que transmite WAPA Televisión, reveló que la exgobernadora Wanda Vázquez Garced acude a dar clases a la Universidad Interamericana acompañada de un dispositivo de seguridad, que la espera mientras imparte sus cursos en la institución.
“El servicio de escolta que se le brinda a los exgobernadores, exgobernadoras, cuando así lo solicitan, desde mi punto de vista se brinda exclusivamente o principalmente por razones de seguridad. Hay una oficina en la Policía de Puerto Rico que es la Oficina de Seguridad y Protección que está para brindar a servicio de escolta a quien lo requiere. Esto incluye a los exgobernadores, incluye a algunos jefes de agencias cuando hay la justificación ya sea por amenaza u otro tipo de justificación y a dignatarios que nos visitan. Así que esa es mi posición”, respondió el gobernador a preguntas de este portal de noticias.
Ante el escenario de que la Ley de Anualidad Vitalicia solo concede este beneficio a los exgobernantes que ocuparon el cargo por un término, planteó la posibilidad de realizar un análisis legal de la situación.
“Leí algo en algunos de los medios. Creo que fue una carta al lector… en la una persona indicaba que la ley como que solo le aplica a los que tienen cuatro años. Mira eso es un asunto legal. Se puede estudiar y no puedo decir eso ahora mismo si esa persona si tiene la razón. Pero lo importante es que los fondos públicos se usen con mucho juicio”, afirmó incómodo el gobernador.
“Irrespectivamente de si aplican esos cuatro años o no, yo pienso que lo que va por encima de todo es proteger la seguridad de los exgobernadores y exgobernadoras, así como a los dignatarios, cualquier jefe o jefa de agencia que amerite tener esa protección”, abundó.
Vázquez Garced llegó a la Gobernación por orden sucesoral tras la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló Nevares en agosto del 2019. Pese a que se trata de una gobernadora constitucional que ocupó el cargo por un año y medio, mantuvo la escolta cuando dejó la mansión ejecutiva en diciembre del 2020.
La también exfiscal, según reportó Cuatro Poder, se transporta en al menos dos guaguas en las que viajan de tres a cuatro escoltas.
Mira el reportaje aquí: Cuarto Poder
De aprobarse la propuesta presupuestaria del presidente Joe Biden, que incluye mayores asignaciones de fondos para Puerto Rico, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia aprovechará los fondos liberados del presupuesto estatal para revisar los salarios de los empleados públicos, una promesa de su campaña.
Hoy, el gobernador señaló a preguntas de este portal de noticias que cuando el Build Back Better Act se convierta en Ley iniciará un proceso de diálogo con la Junta de Control Fiscal (JCF) para reprogramar partidas del presupuesto gubernamental acorde a la nueva realidad fiscal.
“La primera (propuesta) que me viene a la mente es hacerle justicia salarial a todos los servidores públicos, no solo a los policías, sino a todos. Ya ha llegado el momento de que se revisen las escalas salariales de todo el personal del gobierno para asegurarnos que podemos reclutar el personal que necesitamos y mantener el personal que necesitamos”, apuntó en rueda de prensa en La Fortaleza tras anunciar la firma de cuatro acuerdos para ceder la administración de varios balnearios y áreas recreativas a los ayuntamientos de Humacao, Manatí, Vieques y Toa Baja.
La versión revisada del Build Back Better Act propone extender a Puerto Rico el Seguro de Ingreso Suplementario (SSI, en inglés) a partir de 2024, y ampliar la tajada de Medicaid en los próximos dos años hasta llegar a un máximo de pareo de 83%. Esto significa, que de aprobarse dicha medida, la isla recibiría una partida de Medicaid fija $3,600 millones anuales para cubrir los gastos del plan de salud gubernamental. Esa partida se ajustaría anualmente según los índices de inflación. Esta inyección permanente en fondos federales de Medicaid para costear el sistema de salud público liberaría recursos para otros programas gubernamentales.
Pierluisi Urrutia indicó que con esos recursos adicionales también planea ampliar la cubierta del Plan Vital a los policías jubilados, que no actualmente cuentan con cubierta médica.
“En el área de la tarjeta de salud. Hay algo que he dicho que tenemos que hacer, que es explorar la posibilidad de que todo policía retirado tenga un plan médico adecuado. Si no es elegible para la tarjeta de salud y no tiene cubierta de Medicare, que consideremos proveerle la tarjeta de salud. Eso va a tener un costo. Se está calculando el costo porque mi compromiso es ese que no haya un policía retirado sin una cubierta médica adecuada”, insistió.
Ya la partida de Medicaid sufrió un aumento al inicio del año fiscal federal, que arrancó el 1 de octubre. Actualmente, Puerto Rico recibe un reembolso de 76 centavos de cada dólar que gasta en el Plan Vital pero a partir del 2023, según la nueva propuesta, esta partida subiría a 83 centavos por cada dólar.
“Son buenas noticias no solo para el plan de salud sino para todo el gobierno, para la situación fiscal de todo el gobierno”, afirmó el gobernador.
“Van a ser muchos los reclamos que se le harán a la Junta en el proceso presupuestario que viene y a nivel de Plan Fiscal tan pronto el Congreso lo apruebe y el Presidente firme esa legislación”, abundó.
Hace siete meses, Pierluisi Urrutia presentó una propuesta de Plan Fiscal gubernamental que se apoyaba en esa promesa de fondos realizada por Biden. Pero la JCF rechazó esa propuesta a cinco años por tratarse de fondos que todavía no estaban seguros.
Pero el jueves pasado, Biden incluyó las partidas millonarias prometidas como parte de su proyecto de reconsideración presupuestaria tras procurar el consenso de la delegación demócrata en el Congreso.
El borrador de Plan Fiscal que el mandatario presentó el pasado 9 de marzo no contemplaba recortes a la Universidad de Puerto Rico, a las asignaciones municipales y a las pensiones de los servidores públicos, medidas que impulsa la JCF. También mantenía la propuesta para mejorar el salario de los empleados públicos y proponía una reducción de cerca del 20% en la contribución sobre ingresos, que pagan las personas y las corporaciones.