A partir del mes de noviembre, el director ejecutivo de la Comisión de Juegos, Orlando A. Rivera saldrá a la calle para sacar de operación las máquinas tragamonedas que operan de forma ilegal. Acorde con el funcionario, inicialmente orientarán a quienes estén operando de manera ilegal. De obviarlo, y continuar operando, serán multados en $10,000, se les incautaran las máquinas y podrían ser procesados por un delito menos grave.
La propuesta para aumentarle el sueldo al presidente de WIPR, Eric Delgado, no cuenta con el apoyo del gobernador Pedro Pierluisi.“
Estos no son momentos para aumentar el salario de personas de alta jerarquía y personal de confianza. Hay que tener sensibilidad. Hay que tener sentido de justicia. Si la inmensa mayoría de los servidores públicos no han recibido un aumento hace más de 15 años, me parece que está fuera de lugar este aumento”, expresó Pierluisi ayer en conferencia de prensa. “Yo lo que quisiera es que se reforme, se revisen todas las escalas. Cuando eso se haga, ahí habrá espacio si es que hay que ajustar los salarios. Pero en este momento eso no cuenta con mi apoyo”. En una reunión esta semana, el presidente de la junta de directores de WIPR, Ralphie Pagán, pidió un aumento para llevar el sueldo de Delgado de $108,000 que gana ahora a $134,400.
El ex presidente Donald Trump le está diciendo a la gente que se postulará nuevamente en 2024, y una encuesta tras otra muestra que la gran mayoría de los republicanos con gusto lo animarían y votarían por él. Trump es el corazón, el alma y el líder indiscutible del Partido Republicano y ganará fácilmente la nominación si lo quiere, dejan en claro las encuestas.
El Departamento de Salud reportó 4 muertes adicionales por COVID-19. De estas personas dos no estaban vacunadas. Los fallecidos entre 66 y 93 años tenían condiciones preexistentes. Además, 84 personas están hospitalizadas, 70 son adultos y 13 se encuentran en ventilador artificial. Mientras, 14 son pacientes pediátricos.
La Dra. Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), respaldó la recomendación para que se apliquen dosis de refuerzo de las vacunas contra el COVID-19 de Moderna y Johnson & Johnson, lo que permitirá que millones de estadounidenses empiecen a recibir esas dosis.
Walensky también respaldó la posibilidad de mezclar distintas vacunas para la dosis de refuerzo. En este sentido, afirmó que las personas elegibles podrán optar por la vacuna que deseen como refuerzo.
Pese al ultimátum de la Junta de Control Fisca (JCF), el Senado rechazó esta noche la versión del Proyecto de la Cámara 1003, que impulsa el ente fiscal y que la Cámara de Representantes aprobó el martes.
La JCF concedió a la Asamblea Legislativa y al Ejecutivo hasta mañana a las 2:00 p.m. para aprobar y convertir en ley esta medida que viabiliza el Plan de Ajuste a la Deuda. Pero ante la falta de votos, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, decretó el cierre de los trabajos hasta el próximo martes a la 1:00 p.m.
“El Senado no tenía los 14 votos en el día de hoy, así que no actuamos sobre la medida. Queda pendiente”, indicó Dalmau Santiago a preguntas de la prensa.
“Había un lenguaje que nosotros aprobamos el 6 de octubre en este Senado con 19 votos, que el domingo en reuniones con la Junta se modificó y se cambió en el Informe de Conferencia. Al cambiarlo, no tan solo hubo diferencias con algunos compañeros de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) sino también del Partido Popular”, agregó.
Las medidas requieren 14 votos para su aprobación. La delegación del Partido Popular Democrático (PPD) solo tiene 14 miembros así que necesita votos de las otras delegaciones para refrendar proyectos y nombramientos. Aunque Dalmau Santiago indicó que solo dos o tres senadores rojos rechazaban la medida, fuentes legislativas de este medio señalaron que se trata de seis.
La Junta objetó la versión aprobada por el Senado y eliminó varias disposiciones incluyendo el inciso de la vigencia, que establecía que la Ley quedaría nula si se realizaban recortes a las pensiones de los empleados públicos posterior a la aprobación del estatuto.
Ese cambio provocó que la delegación del PNP retirara su apoyo a la medida y que luego de una reunión con el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia esta mañana, reclamara tres enmiendas al proyecto para restituir el lenguaje eliminado por la Junta. De adoptarse esas enmiendas, algunos senadores y senadoras azules entonces avalarían la medida.
El portavoz del PNP, Thomas Rivera Schatz explicó que las enmiendas propuestas buscan garantizar el pago de las pensiones de los jubilados y de los empleados públicos. Por eso, insistió en la disposición que invalidarían la Ley si la Junta adopta medidas para recortar esos planes de retiro.
“El gobernador coincidió con nosotros y ahora vamos a hablar con el Presidente del Senado para expresárselo. Él tiene cinco compañeros que tienen preocupaciones igual que nosotros, si se logra eso habría los votos. Si no se logra, no habría los votos y habría que seguir dialogando hasta que se encuentre una alternativa”, precisó Rivera Schatz a su salida del cónclave en La Fortaleza.
En su turno en el hemiciclo, cuestionó las intenciones de la JCF al eliminar ese lenguaje de la versión de la medida aprobada por el cuerpo e insistió que desde su llegada el ente fiscal se ha dedicado a recortar los beneficios de los trabajadores públicos y privados, sin mencionar que bajo su presidencia ese cuerpo aprobó una polémica reforma laboral.
A pesar de las enmiendas, los senadores William Villafañe Ramos, Gregorio Matías Rosario y Henry Neumann Zayas han anunciado que votaran en contra de la medida, que según expertos pacta un pago insostenible de la deuda pública que devolverá al país a la quiebra en unas décadas.
Las delegaciones del Partido Independentista Puertorriqueño, Movimiento Victoria Ciudadana, Proyecto Dignidad y el senador independiente José Vargas Vidot también se oponen al proyecto.
“Le hicimos saber al gobernador que no teníamos los votos. Le enviamos una comunicación al Presidente de la Cámara y levanté los trabajos”, apuntaló Dalmau Santiago.
“Le hago un llamado público a la Junta, que mañana a las 2:00 p.m. es imposible procesal y parlamentariamente cumplir y que estamos en la mejor disposición de buscar un lenguaje para cumplir”, añadió.
Tras la juramentación del juez federal Gustavo Gelpí al Primer Circuito de Apelaciones, crece la lista de potenciales candidatos y candidatas para ocupar las tres vacantes que se perfilan en el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.
El juzgado federal tiene siete plazas activas. La jueza Consuelo Cerezo se retiró en febrero pasado. Ahora con la partida de Gelpí y la movida -en diciembre- del juez Francisco Besosa a senior judge, el presidente Joe Biden tendrá la oportunidad de nombrar a tres jueces y, de paso, darle su impronta a dicho foro.
Fuentes de este portal indicaron que ese listado incluye a la licenciada Mayte Bayolo Alonso y los licenciados Francisco Rebollo Casalduc y Miguel Oppenheimer.
Bayolo Alonso actualmente ocupa el cargo de abogada de asuntos legislativos del capítulo de Puerto Rico de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés). Previamente se desempeñó como abogada de la Sociedad para la Asistencia Legal en Bayamón. Vinculada a la defensa de los derechos de las personas indigentes, estudió en la Universidad de Puerto Rico, la Universidad Nacional Autónoma de México y Loyola University.
Un conocido y respetado abogado criminalista, Rebollo Casalduc es un experto en la litigación de casos de pena muerte. El licenciado Oppenheimer también cuenta con experiencia en el foro federal.
Previamente este portal de noticias reportó que sonaban los nombres de la jueza del Tribunal de Apelaciones Gina Méndez Miró y del expresidente del Partido Demócrata en Puerto Rico, Roberto Prats. También se menciona el nombre de la licenciada Veronica Ferraiuoli Hornedo, quien labora en la oficina de la comisionada residente, Jenniffer González Colón.
En una carta la Junta de Control Fiscal le da un plazo hasta este viernes para que aprueben la ley habilitadora del Plan de Ajuste de la Deuda o de lo contrario solicitará al tribunal federal que aplace la vista de confirmación.
“Fallar en aprobar esta legislación dejará a Puerto Rico en la quiebra”, asegura la Junta Fiscal.
El plazo es hasta las 2:00 p.m. de este viernes.
Pendiente a la ampliación de esta noticia.
Un análisis realizado por el Centro para la Nueva Economía plantea que se necesitarán alrededor de 10 años para actualizar el sistema de transmisión y distribución, con o sin LUMA. Una tarea sumamente compleja y cara y para la que no hay atajos.
La modernización de la flota de generación también llevará varios años, ya sea con capacidad adicional de gas natural, mayor generación a partir de fuentes renovables o una combinación de ambas.
Esto significa que a corto plazo el servicio eléctrico en Puerto Rico seguirá siendo poco confiable y costoso.