Luego de celebrar un caucus esta mañana, la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes rechazó hoy las enmiendas que la Junta de Control Fiscal (JCF) propuso al Proyecto de la Cámara 1003, que viabiliza la puesta en vigor del Plan de Ajuste a la Deuda.

Por ello, anticipó que votará en contra de la medida legislativa si contiene el lenguaje que impulsa la JCF y que presentó ayer durante una reunión celebrada en el Centro de Convenciones en Miramar.

El portavoz alterno del PNP, Gabriel Rodríguez Aguiló, indicó esta tarde en entrevista con Jay Fonseca en el programa Los datos son los datos que esas enmiendas del ente final despojarían a la Asamblea Legislativa de poderes y tampoco garantizan la prohibición expresa al recorte de las pensiones de los empleados públicos.

“El proyecto original de la Cámara, yo le voté a favor porque se aceptaron unas enmiendas importantísimas, como por ejemplo en la vigencia del Proyecto que si la Junta de Control Fiscal presentaba su plan con recortes a las pensiones, la Ley quedaba sin efecto. En el Senado se hizo una enmienda, que establecía que cualquier ente que presentara un recorte ante la jueza Taylor Swain, esta Ley quedaba sin efecto”, precisó Rodríguez Aguiló.

“Pero qué ocurre la Junta emite su opinión en una carta donde acepta que no va a insistir en el recorte a las pensiones. Eso se habló ayer domingo en la reunión en el Centro de Convenciones, pero presenta un documento que es el documento que ellos aceptarían como el documento final aprobado en la Legislatura y ese proyecto tiene varias partes en las cuales nosotros no estamos de acuerdo”, agregó.

En ese borrador o versión del Proyecto de la Cámara 1003 que preparó la Junta, destacó Rodríguez Aguiló, el ente fiscal incluyó lenguaje que le permitiría adoptar el Plan de Ajuste a la Deuda sin la intervención de la Legislatura. Ahora mismo el Plan de Ajuste a la Deuda depende de una emisión de bonos, que requiere legislación aprobada por la Asamblea Legislativa.

Ese documento también eliminó la disposición que declaraba la nulidad de la legislación y de emisión de bonos requerida si la Junta o cualquier otra parte del caso imponía el recorte a las pensiones una vez pasara el trámite legislativo.

“Con ese lenguaje no podemos aprobar la medida”, apuntó Rodríguez Aguiló después de la reunión del caucus.

La delegación del PNP se dividió cuando la Cámara aprobó esa medida el pasado 1 de octubre. El portavoz del PNP, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, votó en contra, mientras que otros legisladores más cercanos al Gobernador favorecieron el proyecto. El Senado realizó cambios a la medida, que también aprobó el pasado 6 de octubre.

La JCF rechazó esa versión inicialmente, pero el jueves pasado envió una carta al Gobernador y a los líderes legislativos señalando que no procuraría un recorte a las pensiones sino que dejaría ese asunto en manos de la jueza federal Laura Taylor Swain, que atiende el caso de la quiebra gubernamental al amparo de la Ley Promesa. Ayer, la Junta presentó el documento de enmiendas, que se discutió hoy en el caucus azul y que el caucus del Partido Popular Democrático (PPD) discute en su caucus.

Al reaccionar a esta decisión de la Cámara baja, la portavoz de prensa del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, Sheila Angleró Mojica, reiteró que el también presidente del PNP favorece la reestructuración de la deuda y la salida de la quiebra gubernamental “siempre y cuando no se toquen las pensiones”.

“Ayer hubo una reunión en la que participaron miembros de la Asamblea Legislativa de Cámara y Senado, incluyendo el PNP. No nos vamos a adelantar a la votación de los legisladores pues todavía está en curso el proceso legislativo”, indicó Angleró Mojica a este medio en declaraciones escritas.

Ante las nuevas enmiendas, la Cámara abrió trabajos hoy para informar que no concurría con los cambios del Senado. Por tanto, se creó un Comité de Conferencias para armonizar las diferencias. Mañana ambos cuerpos sesionaran para la aprobación de la medida, que acoge un Plan de Ajuste a la Deuda que expertos aseguran es insostenible porque al sumarse la deuda de COFINA excedería el pago anual de $1,000 millones que puede atender el gobierno de Puerto Rico.