Mientras la Autoridad de los Puertos enfrenta un déficit de $40 millones por la crisis pandémica, no puede ni cobrar ni expropiar unos terrenos que arrendó hace poco más de tres décadas a la compañía Caribbean Airport Facilities (CAF), empresa que actualmente no estaría cumpliendo con los cánones de arrendamiento ni habría renovado sus contratos propiamente con el gobierno.

Esta información fue investigada para el programa “Cuarto poder”, que se transmite todos los martes a las 10:00 p.m. a través de Wapa TV.

En la documentación recibida, como parte del reportaje investigativo, se encuentran los contratos y las enmiendas que Puertos hizo a favor de la empresa arrendataria. En 1994, por ejemplo, el contrato fue enmendado con estas cláusulas: otorgarle más terrenos a CAF, un crédito de $25 millones y una tasa de intereses de 9.5% a favor de la compañía arrendataria.

“Es un contrato, te puedo decir, que no es muy usual en la Autoridad. Eso sí te puedo decir”, explicó al actual director de Puertos, Joel Pizá, en entrevista para “Cuarto poder”.

Según la información suministrada por esta agencia, CAF “no ha pagado renta desde 1989”. Es decir: desde que comenzó su contrato con el gobierno.

Una saga de varias décadas

“Había una renta, no obstante, ese contrato establecía que sí, que le iban a dar unos créditos por la inversión que iban a hacer, de construir unos activos y unos inmuebles allí cuando ellos alquilaron”, explicó Pizá.

“Se les iba a dar unos créditos por inversión, pero esos créditos generaban unos intereses, así que los créditos generan intereses y el argumento legal era que por qué no han pagado renta… que sí, que no han pagado renta por más de 20 años porque como esos créditos estaban generando intereses, pues nunca se consumieron los créditos”, abundó. “Y ese ha sido el contrato: una saga por más de 20 años con la Autoridad de los Puertos”.

El acuerdo en cuestión se pactó por un periodo de 25 años, con opción a dos extensiones de cinco años para el alquiler de varios espacios en y cerca del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (LMM). Se estipulaba la construcción de un hangar, un terminal de aviones y varios espacios de oficina.

El primer contrato vencería en 2013, y el segundo en 2019. Empero, según dos demandas radicadas recientemente por Puertos para el desahucio de la compañía, dichos acuerdos no fueron renovados correctamente por lo que la empresa estaría ocupando unos espacios sin los debidos “títulos”. Esto, además, de “no cumplir con los cánones de arrendamiento”.

Pizá se mostró sorprendido por las cláusulas del arrendamiento. “Los términos, particularmente que los créditos generen interés, para mí fue una gran sorpresa”, aseguró.

“Te lo tengo que admitir. Luego de eso, yo no he visto otro contrato en Puertos que los créditos de inversión generen intereses y que esos intereses impidan que esa inversión se amortice y que por eso, al final del día, no pagas renta… Eso es algo que no he visto en la Autoridad de Puertos, a diferencia de ese contrato”, aseguró el titular.

Pérdidas millonarias

Se le cuestionó a Pizá si en Puertos habían hecho un estimado de las pérdidas durante estos años.

“Tenemos un número. Y tomando los pies cuadrados, que es $1.55 creo que es, tenemos más o hemos $4.7 millones al año (en pérdidas). Tenemos que revisar de nuevo, pero estamos hablando de $4.7 millones por 15 años…. Creo que ese es más o menos lo que es la renta aproximadamente”, apuntó.

Dispuesta CAF a defender legitimidad de contratos

CAF, por su parte, reaccionó diciendo que ha “invertido sobre $50 millones en instalaciones e infraestructura en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín para promover el desarrollo de la industria de carga aérea y proveer servicios a operadores del aeropuerto, incluyendo agencias del gobierno federal que dan servicios directos a la ciudadanía”.

Las declaraciones escritas enviadas también dicen: “A cambio de la inversión millonaria hecha por CAF, se han otorgado múltiples contratos válidos y legítimos, con administraciones de ambos partidos, que le permiten a CAF tomar su inversión como un crédito contra la renta de las propiedades”.

La empresa argumenta, también, que el tipo de contrato que establecieron con Puertos es la norma y no la excepción en la industria. También aseguran que están dispuestos a defender la legitimidad de los acuerdos ante cualquier foro.

El próximo 9 de septiembre será la primera vista judicial sobre este caso tras los recientes recursos legales presentados por Puertos.

Aquí el reportaje: Negocio Perfecto