La doctora Carmen Zorrilla, catedrática del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (UPR) dijo que el éxito que ha tenido Israel con una tercera dosis de la vacuna en sectores vulnerables, es probable que el gobierno federal autorice pronto la administración de otra dosis de este producto a partir de los 16 años.
Mientras, el doctor Jorge Santana comentó, por su parte, que se anticipaba la necesidad de una tercera dosis ya que estudios han reflejado que tras ocho a diez meses los anticuerpos neutralizantes de la vacuna se reducen. El director de la Unidad de Investigaciones Clínicas sobre SIDA del RCM, UPR, resaltó que el virus va a seguir tratando de sobrevivir mediante nuevas variaciones.
La epidemióloga Melissa Marzán defendió la publicación de datos y sostuvo que trabajaría para emitir un resumen semanal que sirva para poder comparar datos estadísticos del pasado, tal como hace la Organización Mundial de la Salud.
Asimismo, Marzán defendió el trabajo de rastreo en comunidades, municipios, regiones y a nivel central, y afirmó que tal estructura debería continuar más allá de la epidemia del COVID-19, de manera que se pueda responder efectivamente a cualquier otra emergencia de salud o desastre natural.
El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia renominó por segunda ocasión al juez Jorge Díaz Reverón al Tribunal Apelativo.
Díaz Reverón es el esposo de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced.
Esta es la segunda vez que Pierluisi Urrutia intenta ascender al juez asignado al Tribunal de Caguas al Tribunal de Apelaciones.
En total, el primer ejecutivo envió 62 nombramientos para el consejo y consentimiento del Senado. La Cámara Alta recibió las designaciones los días 13 y 16 de agosto, pero los publicó en su portal electrónico en la tarde de ayer martes.
Las visitas del juez Jorge Díaz Reverón al Capitolio para cabildear a favor de su designación para un ascenso al Tribunal de Apelaciones habrían provocado que los senadores del Partido Popular Democrático (PPD) pusieran resistencia a que se considerara su nominación en la sesión legislativa que venció el pasado 30 de junio, dijo el portavoz de esa delegación, Javier Aponte Dalmau.
“Él empezó a visitar una gente y después dejó de visitarlos. No creo que un juez deba estar visitando legisladores para un proceso de renominación. Creo que los jueces deben mantener una cordura y evitar éticamente tener contacto y visitar a legisladores para funciones que no dejan de ser laborales. Eso lo hace cualquier persona nombrada en el Ejecutivo, pero para el Poder Judicial debe dejar que la evaluación corra por sus méritos”, detalló el legislador.
La propuesta ante el gobernador Pedro Pierluisi sobre el salario mínimo propone tres aumentos escalonados.
El primer aumento sería en enero de 2022 y llevaría el pago actual de $7.50 la hora a $8.50 por hora. De los tres aumentos propuestos, este es el único que se otorgaría automáti
co y sin condiciones.
Luego los aumentos se producirán solo si se dan las condiciones económicas correctas. Según el gobernador, esto es necesario porque la última vez que se aprobó un aumento en el salario mínimo —para el año 2009— bajó la cifra de empleos en la Isla.
El segundo aumento sería en julio de 2023 y llegaría a $9.50 la hora. Este aumento se materializaría si se dan tres condiciones económicas. La primera es que el nivel de empleo debe estar 1.5% por encima del nivel de empleo reportado antes de la pandemia, que comenzó en marzo de 2020. El tercer aumento salarial sería de $10.50 para 2025 y también estaría atado a tres condiciones similares. La primera, que el empleo total en Puerto Rico esté 3% por encima del nivel de empleo antes de la pandemia, y que el IAE haya aumentado 7.6% al comparar el semestre de enero a junio de 2021 con enero a junio de 2024. Por último, para que los trabajadores puedan ganar el salario mínimo de $10.50 la hora, el 46.8% de la fuerza trabajadora debe estar ganando $9.50 la hora.
El salario mínimo sería aumentado a $8.50 a partir del 1ro de enero de 2022 y a $9.00 ocho meses más tarde, en octubre, de convertirse en ley el nuevo proyecto de aumento que se fraguó en los últimos días en el Senado, de la mano de Juan Zaragoza.
El aumento al salario mínimo se quedó en el aire al finalizar la primera sesión legislativa del cuatrienio, el pasado 30 de junio, pese a que tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado se presentaron medidas para atender el asunto. Sin embargo, esta vez se vislumbra que se podría llevar a votación en los próximos días.
“El segundo objetivo del proyecto es lograr una justicia inmediata para los empleados”, relató Zaragoza a EL VOCERO.
La diferencia entre esta versión y las que habían sido presentadas en la sesión legislativa anterior, según Zaragoza, “es que los $9, que fue pedido particularmente por el presidente de la Cámara (Rafael “Tatito” Hernández Montañez), que quería el $9 a una fecha fija, y el $10 es el que está sujeto a lo que la Comisión de Salario Mínimo decida”.
El proyecto sobre el aumento al Salario Mínimo sacó a relucir diferencias al inicio de la segunda sesión ordinaria entre el autor de la pieza legislativa, Héctor Ferrer Santiago, el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez y el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, Domingo Torres.
El tema se discutió en un caucus de la mayoría popular, pero Ferrer Santiago, quien desde la semana pasada convalece en su residencia de COVID-19, denunció que no se le permitió participar del proceso de forma virtual.
Dijo que le envió una carta al líder cameral solicitándo participación en el caucus popular. “No fue hasta hoy a las 10:00 (a.m.), hora del caucus, que el Presidente se comunicó conmigo para decirme que no me iba a permitir participar del caucus ni dialogar sobre el salario mínimo”, indicó el legislador.
“Incluso el compañero Jesús Manuel Ortiz pidió que se me diera participación en el caucus por teléfono o vía cualquier plataforma virtual y el Presidente ni siquiera lo llevó a votación. Claramente el Presidente no quería que yo participara y claramente le falta al apellido del Partido Popular Democrático (PPD) la palabra democrático”, reclamó Ferrer Santiago.
El presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández inició los trabajos de la segunda sesión ordinaria del año con pruebas de dopaje sin avisar con anticipación. Dijo que van a ser pruebas periódicas en cualquier momento durante el cuatrienio. Hernández Montañez detalló que un proveedor de salud haría unas 586 pruebas de dopaje, a un costo de $16 mil.
El Departamento de Educación le dará la oportunidad a estudiantes que sacaron una o dos F en materias del año pasado para reponer esas destrezas mientras cursan el presente año escolar.
Normalmente esos estudiantes no habrían pasado de grado.
Se trata, dijo, de “una flexibilidad para los que intentaron”.
Las clases se impartirán fuera de horario, después de las 3:00 p.m.
La Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), la Asociación de Comercio al Detal (ACDET) y el Centro Unido de Detallistas (CUD) se unieron para radicar un recurso legal ante el Tribunal de Primera Instancia en contra del Reglamento 9293 emitido por el Negociado de Transporte Público que establece las tarifas de transporte terrestre.
De acuerdo a las organizaciones, el reglamento es una clara violación de la Ley Núm. 109 de 1962 y de la práctica histórica de negociaciones privadas en libre competencia.
“Desde tiempos inmemoriales, los productores y distribuidores de alimentos y mercancía en Puerto Rico han transportado sus productos a sus clientes desde sus almacenes en vehículos dedicados al transporte de carga general y refrigerada. Por decenas de años han estado supliendo diariamente los inventarios de colmados y supermercados, farmacias, ferreterías y comercios en general mediante ese método. Para ello, utilizan los servicios de transportistas de carga, los que contratan a nivel individual pagando las compensaciones y proveyendo los beneficios que ambas partes acuerdan en contratos privados”, reza la demanda.