El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, informó la determinación de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor de recomendar la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI) para el alcalde del municipio de Guayama, Eduardo E. Cintrón Suárez, y para Lilliam D. Rodríguez López, directora de Finanzas del municipio.

Emanuelli Hernández indicó que, en el día de hoy, se notificó la comunicación a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI). Hoy también se le envió notificó a las partes querelladas.

El secretario de Justicia explicó que el 13 de octubre de 2020, el Departamento de Justicia recibió una querella en la se alegó que el municipio de Guayama concedió un contrato por concepto de recogido y disposición de desperdicios sólidos a la compañía Mr. Waste, Inc., incumpliendo con el trámite requerido. Esto aun cuando al momento de la contratación, Mr. Waste tenía pendiente el pago al municipio de Naguabo por una demanda debido a una situación similar. Además, se alegó que, con posterioridad a la firma del contrato, el alcalde Cintrón Suárez autorizó una supuesta enmienda del contrato para sustituir como proveedor de los servicios pactados a Clean and Transport Services. Esta compañía no tenía experiencia en el recogido de desperdicios sólidos.

La División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia analizó todas las alegaciones y completó la investigación preliminar, la cual estableció que los hechos alegados durante la aprobación y enmienda de los contratos provocaron el desembolso de fondos públicos de manera ilegal.  Por tanto, concluyó que existe causa para establecer que el alcalde del Municipio de Guayama y su directora de finanzas incurrieron en malversación de fondos públicos e incumplimiento con su deber impuesto por ley de velar por la corrección, la legalidad de las transacciones y desembolsos del Municipio.

El Senado de Puerto Rico aprobó hoy el Proyecto del Senado 450 para proteger los convenios colectivos y las unidades apropiadas de las corporaciones públicas que en caso de que ocurra privatización, venta, alquiler u operación de activos de una corporación pública por parte de una empresa privada.  

La medida fue aprobada en el hemiciclo del Senado.

La senadora del Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve anunció que se abstendría de votar por esta medida.

De acuerdo a la medida aprobada esta tarde se enmendaría la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico”, para que se establezca que “a partir del día primero de enero de 2017, cualquier empresa que compre, alquile, opere, que haya comprado, alquilado, operado o de alguna manera utilice activos que han sido manejados u operados por empleados gubernamentales cobijados por un acuerdo de negociación colectiva vigente, estará obligada a respetar dicho acuerdo de negociación colectiva durante su vigencia y a respetar la unidad apropiada aplicable como patrono sucesor de los empleados gubernamentales cobijados por dicho convenio. Se excluye de esa protección empresas que hayan comprado, alquilado, u comenzado a operar activos antes del 1ro de enero de 2017.”