Los representantes José Bernardo Márquez y Mariana Nogales Molinelli del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) exhortaron hoy al gobernador Pedro Pierluisi a que apoye el el P. de la C. 320 para crear la “Ley para Prohibir los Donativos a Partidos o Candidatos Políticos por parte de Contratistas Gubernamentales y Obligar a Contratistas del Gobierno a Divulgar sus Donativos y Gastos Políticos”.

La ley prohibiría a cualquier persona en negociación o proceso dirigido a obtener un contrato con el Gobierno de Puerto Rico hacer donaciones directa o indirectamente a un partido político, candidato, comité de campaña o comité autorizado. La prohibición aplicaría desde el inicio del proceso de negociación, se extendería durante la vigencia del contrato y continuaría hasta un año luego del cumplimiento del contrato.

Además, el proyecto ordenaría a la Oficina del Contralor crear un registro de donativos y gastos de contratistas gubernamentales que incluya el nombre de la persona natural o jurídica, una lista de los contratos desglosados por agencia, departamento, corporación pública, instrumentalidad o municipio, los donativos y gastos realizados y su fecha y el recipiente o beneficiario de cada donativo y gasto. El Registro contaría con un motor de búsqueda por candidato, partido y persona natural o jurídica.

El P. de la C. 320 recibió el endoso del Contralor Electoral, Walter Vélez Martínez, quien expresó en su memorial que “la Oficina del Contralor Electoral favorece la adopción de la política pública propuesta, toda vez que la misma abona a combatir la corrupción gubernamental en forma de donativos políticos a cambio de acciones oficiales (conocidas como pay for play o quid pro quo), específicamente los donativos a cambio de contratos gubernamentales”.

Las prohibiciones que se establecen en la medida presentada por la delegación del Movimiento Victoria Ciudadana se sumarían a las que existen actualmente en el gobierno federal y en, al menos, 16 estados.

Los representantes coincidieron en que “si el gobernador Pierluisi está verdaderamente comprometido con atacar el problema de la corrupción y desea poner la acción donde pone su palabra, debe comprometerse con una medida sustancial, no meras migajas, y favorecer el P. de la C. 320”.

Hasta el momento, Pierluisi propone prohibirle a los individuos propietarios y oficiales de empresas que liciten o contraten con el gobierno otorgar donativos políticos durante un periodo de 90 días o menos antes de la otorgación o renovación del contrato y durante un periodo de 90 días luego de la otorgación o renovación.

“Esta iniciativa para supuestamente atacar la corrupción es como tratar de apagar un incendio con un vaso de agua. Es minúscula e insuficiente cuando se compara con las medidas tomadas por otras jurisdicciones y por el propio gobierno federal para atajar el inversionismo político. Además, cabe señalar que las expresiones recientes en un programa de análisis político sobre su propuesta son, solo eso, palabras. Al día de hoy no se ha presentado ningún proyecto de administración para atender la corrupción, mucho menos para prohibir los donativos políticos de contratistas gubernamentales”, sentenciaron los legisladores del MVC.