La Oficina de Asuntos Monopolísticos investiga más de 300 casos de posibles violaciones al consumidor y a prácticas injustas de competencia en múltiples industrias. Entre los casos se encuentra uno sobre la industria de gas licuado, la alianza de Luis A. Ayala Colón & Sucrs con la marítima Puerto Rico Terminals, entre otros.
Fuente: El Nuevo Dia
El Departamento de Justicia recomendó hoy un Fiscal Especial Independiente (FEI) para el ex secretario de Hacienda y de la Gobernación, Raúl Maldonado Gautier.
El fin de investigar posibles violaciones al código penal por parte del exfuncionario, relacionados a la otorgación de un contrato cuando este fungió como Secretario de Hacienda, lo que provocó el desembolso ilegal de fondos públicos.
“El Departamento de Justicia (DJ) recibió un referido de la Oficina del Inspector General el 6 de febrero de 2020. Luego de una investigación de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del DJ concluyó que un contrato otorgado por el entonces secretario de Hacienda se formalizó sin los requisitos necesarios causando el desembolso ilegal de fondos públicos. Por tal razón, se refirió una comunicación a los miembros del Panel sobre Fiscal Especial Independiente (PFEI)”, explicó el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández.
Según la comunicación, el Departamento de Justicia recomienda el nombramiento de un FEI para evaluar las actuaciones del señor Raúl Maldonado Gautier por posible malversación de fondos e intervención indebida en las operaciones gubernamentales, producto de la otorgación del contrato 2007-000246entre el Departamento de Hacienda y Risco Insurance, Inc. para el 1 de abril de 2017.
La investigación preliminar realizada por el personal de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia reveló que existe causa suficiente para concluir que el Maldonado Gautier pudo cometer los siguientes delitos: Artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental; Artículo 254 del Código Penal por intervención indebida en las operaciones gubernamentales; y Artículo 264 del Código Penal por malversación de fondos públicos, lo cual justifica el nombramiento de un FEI.
Emanuelli Hernández agregó que tanto Maldonado Gautier, como el querellante fueron también notificados sobre esta recomendación.
Reportes periodísticos señalan que Maldonado Gautier otorgó $1 millón en primas de seguros de propiedad y contingencia a Javier Jiménez Galarza, hijo del alcalde del Partido Nuevo Progresista (PNP) de San Sebastián, a pesar de que su firma, Risco Insurance Corp, incumplía con los requisitos de licitación.
Según documentos públicos, el Departamento de Hacienda y su secretario Maldonado establecieron unos requisitos de subasta en los que se detalló claramente que para ser considerado, el licitante tenía que tener una licencia de productor con tres años de vigencia previo a la otorgación del contrato.
Además, el exsecretario de Hacienda y ex principal oficial financiero (CFO por sus siglas en inglés) de Puerto Rico, confirmó en entrevistas periodísticas en el pasado, que fue la persona que divulgó el chat de Telegram que desembocó en la renuncia del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares.
El gobernador, el secretario de Justicia, la Asamblea Municipal, el Contralor, la Oficina de Ética Gubernamental, una agencia investigativa federal o cualquier persona que le conste de propio y personal conocimiento alguna irregularidad pudieran referir al alcalde de Mayagüez, José Guillermo (Guillito) Rodríguez a la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario (UPAD).
La UPAD es el mecanismo que tiene la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) para evaluar a un alcalde o funcionario municipal electo.
Así lo confirmó la presidenta del Panel del Fiscal Especial Independiente, Nydia Cotto Vives, en una entrevista con Jay Fonseca en Día a Día.
Dijo que las instituciones no tienen que presentar documentos bajo juramento pero una persona particular debe presentar una declaración jurada haciendo constar los hechos que se le alegan.
El Departamento de Salud reportó hoy un incremento en las hospitalizaciones a causa del Covid-19. Hoy el país amaneció con 219 hospitalizaciones a causa del virus, lo que representa un aumento de 16 personas más en las pasadas 24 horas. Según la agencia, por segundo día consecutivo no se registraron muertes. Unos 333 casos confirmados, 149 probables y 544 sospechosos fueron añadidos a la cifra total de contagios.
Fuente: El Vocero
Un estudio realizado por el gobierno de Estados Unidos reveló la efectividad de las vacunas contra el COVID-19. En la primera investigación sobre las vacunas por parte del gobierno federal se confirmó que las vacunas de Pfizer y Moderna son efectivas un 90% después de dos dosis. Unos 2,500 voluntarios recibieron dos dosis de la vacuna, 500 una sola dosis y unos 1,000 no fueron vacunados.
Fuente: Primera Hora
El gobernador, Pedro Pierluisi, informó que aunque ha visto aumentos en los casos y hospitalizaciones por Covid-19, la orden ejecutiva actual se mantendrá vigente. Según Pierluisi, los casos continuarán siendo monitoreados y la orden se extenderá hasta el 11 de abril tal y como estaba programado.
Fuente: El Vocero
El Departamento de Hacienda aún espera por la aprobación del plan de distribución del estímulo federal de $1,400 por parte del Servicio de Rentas Internas. Todo apunta a que será en abril cuando comience el desembolso del incentivo que estaría siendo depositado ese mismo mes a la mayoría de los puertorriqueños.
Fuente: Metro PR
La contralora, Yesmín Valdivieso, confirmó que asignó una empleada con más de 20 años de experiencia para que investigue el manejo de fondos en el municipio de Mayagüez. El Departamento de Justicia también tiene encaminada una pesquisa de la que el alcalde, Jose Guillermo Rodríguez tildó de innecesaria y aseguró que el proceso está politizado. En la legislatura también fue presentada una resolución para que se investigue las transacciones en las que el municipio utilizó varias estructuras como garantía de préstamos.
Fuente: El Nuevo Dia, El Vocero, El Vocero
La Junta de Supervisión Fiscal buscará frenar el aumento de 35% en los costos de acarreo terrestre ya que el Negociado de Transporte nunca solicitó la aprobación para implementar el nuevo reglamento tarifario. La Junta evalúa las opciones para detener el incremento en costos, incluída la vía legal. Se espera que el ente fiscal le envie una misiva a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal para que suspendan el reglamento.
Fuente: Página 22 de El Nuevo Día.