El Departamento de Salud informó que 354 personas permanecen hospitalizadas por COVID-19. Un aumento de 39 hospitalizaciones fue registrado tras ayer trascender que solo 315 recibían cuidado médico en hospitales del país. La agencia informó cinco nuevos decesos a causa de la enfermedad por lo que la cifra total suma 720. 314 casos confirmados y 316 casos probables fueron añadidos a las cifras totales de estos renglones que ahora alcanzan los 26,326 y 26,566 respectivamente.
Fuente: El Vocero
El Movimiento Victoria Ciudadana denunció supuestos vínculos entre el nuevo integrante de la Junta, Justin Peterson y figuras del PNP y PPD, que han aceptado donativos de Peterson. Se alega que Jenniffer González, ha sido una de las candidatas que ha recibido fondos del ahora miembro de la Junta. También se supo que los pasados líderes del PPD, Héctor Ferrer y Roberto Prats rindieron servicios profesionales a DCI Group de la cual Peterson es directivo de la firma de cabilderos.
Fuente: Metro PR
Luego de más de cuatro años del juez Arthur González ser miembro de la Junta de Supervisión Fiscal, ayer anunció que daba por concluida sus labores de forma inmediata. González había sido nombrado al ente fiscal por el expresidente, Barack Obama.
Fuente: Noticel
El alcalde de Cidra, Javier Carrasquillo, defendió los contratos que la ha otorgado a sus “amigos de toda la vida” y que suman $239,825. El compadre de bodas y padrino del hijo del alcalde fue contratado para para proveer servicios de gerencia de facilidades y mantenimiento de planta física, para “evaluar la condición actual de los activos, facilidades y planta física” y para el “desarrollo de planes para la restauración de la condición de los activos” así como adiestrar personal. La hermana de éste, llegó a cobrar $75 mil por ofrecer sus servicios como abogada al Programa de Asistencia a Víctimas de Crimen.
Fuente: El Nuevo Día
Una empleada de la representante, Maricarmen Mas Rodríguez llegó a cobrar $8,000 mensuales durante un periodo del 2017. El salario llegó a ser mucho más que el de la legisladora quien devenga un sueldo $6,143 mensuales. La representante justificó el aumento de salario diciendo que la empleada estuvo trabajando en tareas adicionales relacionadas al Zoológico de Mayagüez y con el traspaso de un aeropuerto en el oeste.
Fuente: El Nuevo Día
Cerca de $4.8 millones ha perdido la Autoridad de Transporte Integrado tras la suspensión de los servicios del Tren Urbano y la AMA por la pandemia del COVID-19. El Tren Urbano ha sido el servicio de transporte público que más se ha visto afectado con pérdidas de $600,000 mensuales que en total alcanzan a $3.6 millones desde que comenzó el estado de emergencia. En cuanto a la AMA, se estima que se han perdido alrededor de $1.2 millones.
Fuente: El Vocero
Hasta el 7 de octubre el Departamento de Hacienda había cobrado unas 240 multas a personas que no utilizaban mascarilla. Un total de $36,900 habían sido recaudados por la agencia. La sanción inicialmente es de $100 pero si pasan 72 horas y la persona no paga la multa la misma asciende a $200.
Fuente: Primera Hora
El exgobernador Alejandro García Padilla calificó como “corrupto” a Justin Peterson, el nuevo miembro de la Junta de Supervisión Fiscal nombrado ayer por el presidente Donald Trump.
Peterson fue designado por la Casa Blanca ante el vencimiento del término del republicano José Carrión III.
En entrevista con Jay Fonseca en Día a Día, el exgobernador García Padilla, destacó que Peterson trabaja como socio administrador de DCI Group, la firma de comunicaciones y cabildeo que precisamente trabajó para intentar que el Congreso no aprobara un mecanismo de reestructuración de deuda para Puerto Rico.
García Padilla dijo además que Peterson se confabuló para “robarse $229 millones” en referencia al crédito que solicitaba el Banco Doral al Departamento de Hacienda tras cerrar sus puertas en 2015.
Agregó que la empresa DCI Group hizo una campaña de publicidad para desacreditar a Puerto Rico en pleno proceso de la aprobación de la Ley Promesa en búsqueda de beneficiar a los bonistas y “hedge funds” o fondos de cobertura.
García Padilla señaló que el licenciado Roberto Prats, el fenecido Héctor Ferrer y Ramón Rosario, ex secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, eran cabilderos y abogados de DCI durante esta época.
Queda pendiente que la líder de la Cámara federal, Nancy Pelosi designe dos vacantes de la Junta de Supervisión Fiscal.
El gobierno desconoce los datos específicos sobre cuántos empleados estuvieron trabajando de forma remota y posteriormente regresaron a laboral a sus centros de trabajo. Un portal gubernamental en el que se supone que estén las asistencias de empleados públicos, solo tiene la documentación disponible hasta julio. Anteriormente, la directora de OATRH, Sandra Torres López, había reconocido que no contaban con la información por lo que el gobierno desconoce cómo trabajan o trabajaron sus empleados.
Fuente: Primera Hora