El senador Thomás Rivera Schatz y la senadora Keren Riquelme Cabrera presentaron una medida para regular la práctica del aborto en la Isla, mientras ayer la Corte Suprema de Estados Unidos pautó la vista oral del caso que busca retar el alcance de la decisión de Roe v Wade para el 1 de diciembre.
El proyecto de ley de los senadores de la Palma contiene un inciso dedicado al “niño sobreviviente al aborto”, e impone multas de $10,000 por infracción al estatuto.
En los casos de las menores de 18 años, también requiere que el padre, madre o tutor legal conceda autorización por escrito para realizarse el aborto, un consentimiento que al momento no es requerido.
Los senadores radicaron la llamada “Ley para la protección de la mujer en los procedimientos de terminación de embarazo y la preservación de la vida” el 16 de septiembre pero apareció registrada en el sistema de trámite legislativo ayer.
Esta pieza legislativa exige que las mujeres firmen un consentimiento escrito, que formará parte del expediente médico de la mujer que se somete al procedimiento de terminación de embarazo.
“En persecución del cumplimiento de esta norma, queda establecido en esta Ley que ningún médico autorizado a ejercer la práctica de la medicina en Puerto Rico podrá realizar un aborto a menos que certifique por escrito que la mujer le dio su consentimiento informado”, apunta la propuesta.
El proyecto también requiere que toda clínica o centro de terminación de embarazo coloque un rótulo en un lugar visible que diga: “Aviso: Ninguna mujer podrá ser obligada a realizarse un aborto o coaccionada a continuar con su embarazo.”
Además, el artículo 13 sobre el “niño sobreviviente del aborto” establece que “si después de un procedimiento legal de aborto, un niño naciese vivo, y fuese viable según los criterios de la medicina, el médico, y todo el personal clínico, vendrán obligados a proveer todos los cuidados clínicos necesarios para la supervivencia de la criatura”.
Agrega que en caso de que el niño falleciera, se expedirá un certificado de defunción.
Pero la medida no ofrece estadísticas de esas alegadas terminaciones de embarazos tardías donde se pudiera dar tal situación. La propia senadora Riquelme Cabrera indicó a este portal de noticias que en la Isla nunca se ha dado un caso así pero dijo que había ocurrido en “otras jurisdicciones” sin precisar.
Esta legislación se presenta a semanas de que el estado de Texas aprobara una de las leyes antiabortistas más restrictivas y que será retada en los tribunales por el Departamento de Justicia federal.
Ayer el Pro Bono Amicus Justitiae de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico presentó un recurso judicial como amigo de la corte en el caso Dobbs v. Jackson Women’s Health, que atenderá la Corte Suprema y que de revocarse la jurisprudencia vigente permitiría a los estados establecer restricciones para las terminaciones de embarazo antes de las 12 semanas de gestación.
Lee la medida aquí. Proyecto del Senado 591
