La Junta de Control Fiscal (JCF) se opone a la propuesta de alivio contributivo que el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia presentó el jueves pasado porque subestima el impacto que tendría en los ingresos del fisco, aunque mostró apertura para trabajar con la medida y lograr que cumpla con los criterios del ente fiscal.
“La Junta de Supervisión ha estado en conversaciones con el Gobernador y su equipo de trabajo sobre el impacto que la propuesta de rebaja en impuestos tendría en la situación fiscal actual y futura de Puerto Rico. Nuestro análisis apunta a un costo mucho mayor que las estimaciones actuales del Ejecutivo”, indicó la Junta en declaraciones escritas a través de su portavoz de prensa Sylvette Santiago.
La pieza legislativa propone bajar la tasa de tributación de 25% al 22% para quienes ganan entre $41,501 y $61,500; de 33% a 22% para aquellos con ingresos entre $61,501 y de 33% a 30% para aquellas que ganan entre $81,501 y $300,000.
También extiende ciertos beneficios de la Ley 22 para inversionistas extranjeros – y que ahora forma parte del parte del Código de Incentivos- a inversionistas locales como la exención sobre el ingreso de dividendos, intereses y ganancias de capital por compraventa de valores y negocios.
Según el Ejecutivo esta reforma tendría un “costo neto o dinámico” de $194 millones, un estimado que la Junta no comparte.
“Cualquier potencial reforma tributaria debe ser fiscalmente responsable, lo que significa que no puede perder ingresos en el proceso. Por lo tanto, cualquier reforma tributaria o iniciativa de ley contributiva debe ser neutral en términos de ingresos. Además, cualquier reforma tributaria debe reducir la complejidad del sistema tributario actual, trabajar para atraer nuevas inversiones sin afectar a las empresas locales e incentivar a las empresas de Puerto Rico a expandirse y contratar”, apuntó la Junta, que durante los últimos siete años ha gastado más de $1,500 millones en servicios de asesoría y consultoría asociados a la reestructuración de la deuda de Puerto Rico.
“Puerto Rico necesita un sistema tributario más justo y efectivo, y la Junta de Supervisión continuará trabajando con el Gobernador y la Legislatura hacia una reforma contributiva verdaderamente integral que pueda contribuir a la competitividad de Puerto Rico como un elemento esencial de su desarrollo económico”, agregó.
El viernes pasado, el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, reveló en el programa Los datos son los datos (WAPA-TV) que la pieza legislativa no contaba con la bendición del ente fiscal encargado de vigilar la finanzas públicas. Esta es la segunda propuesta que presenta el Ejecutivo. La legislatura controlada por el Partido Popular Democrático derrotó la primera versión presentada en febrero pasado.
