Una parte fundamental del reclamo que hace el Ejecutivo de Puerto Rico va dirigido a que el Congreso revise el funcionamiento de la sección 428 de la ley Stafford, que se utiliza para los grandes obras de infraestructura que están en agenda después de la catástrofe que causó el huracán María y que obliga a establecer un costo fijo para cada proyecto.
“Esas conversaciones se estaban teniendo con FEMA – la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias-, pero ahora llegó Fiona y nos permite justificar que se revise esa política pública sobre el costo fijo (de las obras permanentes). La reacción de FEMA era que iban a estar haciendo evaluaciones más profundas”, indicó el director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), Manuel Laboy.
