La Asamblea Legislativa de Puerto Rico aprobó anoche el Proyecto de la Cámara 515, que establece el deber del Gobernador de rendir cuentas a la legislatura sobre las acciones que realice el Ejecutivo durante estados de emergencia.
El proyecto responde a preocupaciones levantadas por legisladores, juristas y organizaciones civiles en torno a la amplia discreción que han ejercido sucesivos gobernadores durante los estados de emergencia declarados en Puerto Rico en años recientes.
La medida, que fue radicada por el representante José Bernardo Márquez (MVC) con autores de todos los partidos políticos, requiere una justificación por escrito del Gobernador cuando un estado de emergencia es decretado por más de 60 días, rindiendo cuenta, entre otras cosas, de cualquier procedimiento o medida que expedite la otorgación de contratos. Asimismo, le prohíbe al primer ejecutivo la suspensión de leyes mientras la legislatura esté en sesión.
Finalmente, el proyecto también requiere el consentimiento de la Asamblea Legislativa para extender un estado de emergencia por más de 6 meses.
“Puerto Rico ha pasado de un estado de emergencia a otro sin un marco legal claro que rija esos periodos. Por esa razón, gran parte del estado de derecho durante toda la pandemia del COVID-19 se ha determinado por órdenes ejecutivas emitidas por una sola persona. El Proyecto de la Cámara 515 establece un marco legal claro para garantizar un balance adecuado de poderes entre la Rama Ejecutiva y la Rama Legislativa durante periodos así y establece mecanismos de rendición de cuentas sobre el manejo de una emergencia”, expresó Márquez, quien es el principal promotor del proyecto multipartita.
El legislador por el Movimiento Victoria Ciudadana enfatizó que la aprobación expedita de contratos y permisos, así como el desembolso apresurado de fondos públicos que ocurren durante los estados de emergencia, pueden abrir las ventanas para que se cuele la corrupción gubernamental durante estos periodos. Márquez sostuvo que el Proyecto de la Cámara 515 propiciaría la fiscalización necesaria en estos periodos ante casos como, por ejemplo, la compra millonaria de pruebas de COVID-19 ocurrida en 2020 a contratistas con poco o ningún peritaje e historial en el campo de suplidos médicos.
“Tras los huracanes Irma y María y los terremotos del Sur, son muchas las áreas que requieren atención y existen muchos proyectos pendientes desde entonces. No obstante, la aprobación expedita de contratos y permisos no puede convertirse en la norma para eximir al gobierno de cumplir con los requisitos básicos creados en ley para proteger el interés público y evitar la} corrupción. El Proyecto de la Cámara 515 contó con autores de todos los partidos políticos, pues hubo un consenso en torno al vacío legal que existe actualmente y la necesidad de atenderlo con premura. Confío que el gobernador Pedro Pierluisi reconocerá la importancia de esta medida en un sistema democrático de gobierno y la convertirá en ley”, manifestó.
El Proyecto de la Cámara 515 se había aprobado en ambos cuerpos legislativos durante la Primera Sesión Legislativa pero luego tuvo que enviarse a un Comité de Conferencia para atender unas enmiendas técnicas. En el última día de la Segunda Sesión, el Informe de Conferencia fue aprobado por mayoría de ambos cuerpos, por lo que ahora pasa a la firma del Gobernador.
Además de José Bernardo Márquez, el proyecto cuenta con la autoría de representantes de todos los partidos, incluyendo a José ‘Quiquito’ Meléndez Ortiz (PNP), Héctor Ferrer Santiago (PPD), Mariana Nogales Molinelli (MVC), Lisie Burgos Muñiz (PD), Denis Márquez Lebrón (PIP), Ángel ‘Tito’ Fourquet Cordero (PPD) y Orlando Aponte Rosario (PPD).
