Se declara culpable abogado que “adobaba” testigos

El licenciado Juan Enrique Cátala Suárez.

Tras alcanzar un acuerdo con la fiscalía, el licenciado Juan Enrique Catalá Suárez se declaró culpable esta mañana de cargos de conspiración, tentativa de amenaza o intimidación de testigos y persuasión de incomparecencia a una testigo para que no llegara a declarar a la vista preliminar relacionada a un doble asesinato ocurrido el 19 de marzo de 2022, en el complejo de vivienda pública Dr. Pedro Palou en Humacao.

El mes pasado, luego de que renunció a la vista preliminar, Cuarto Poder (WAPA-TV) anticipó que el también exfiscal haría alegación de culpa.

Originalmente el ministerio público acusó a Catalá Suárez de un cargo de oferta de soborno que contemplaba una pena fija de ocho años de prisión, pero como parte del acuerdo ese delito se reclasificó a la tentativa de amenaza a la testigo. También se enmendaron las acusaciones para eliminar la referencia al soborno.

De esta forma, Catalá Suárez se expone a una sentencia suspendida de cuatro años siempre y cuando el informe presentencia no revele algún hallazgo.

El acuerdo no contempla colaboración con las autoridades, ni declarar en contra de la licenciada Ana Luisa González Cabrera, la otra coacusada.

Catalá Suárez llegó a la sala 304 que preside el juez Daniel López González del Tribunal de Caguas acompañado de familiares y de su abogado Frank Torres Viada. Después de firmar los documentos de rigor, el togado celebró la vista que se extendió unos 10 minutos.

La lectura de sentencia quedó pautada para el 4 de agosto.

El pasado 22 de mayo de 2023, el juez Elmer Rodríguez Díaz encontró causa probable para juicio en contra de la licenciada González Cabrera. El ministerio público los acusó por pagarle dinero a la testigo Jazmín Gómez Reyes para que no compareciera a declarar en contra de su entonces compañero George Opio Serrano, acusado por el doble asesinato en Humacao.

González Cabrera y Catalá Suárez eran los abogados de Opio Serrano.

Según la prueba presentada en la vista preliminar, la abogada entregó $1,200 entre otras cantidades, para el alquiler de una propiedad en Ceiba o Fajardo, donde la testigo pernoctó por más de una semana. Catalá Suárez, por su parte, envió $100 por ATH Móvil a Gianka Cuadrado, amiga de la testigo de cargo, para reemplazar una goma a su vehículo y así poder transportar a Gómez Reyes a la oficina de un abogado que le tomó una declaración jurada. En esa declaración jurada, Gómez Serrano consignó que había sido presionada por las autoridades para declarar pese a que no había visto el crimen.

Las fiscales también presentaron dos grabaciones, una de una llamada telefónica  entre la testigo y González Cabrera y otra de una reunión en la oficina de la abogada en Caguas, donde se escucha a los dos abogados decirle a la testigo que la van a proteger y que diga la verdad. Pero también le piden que no hable con nadie y que “no se deje citar”.

Los abogados defensores aseguran que la licenciada González Cabrera no violó la ley al hablar con la testigo de cargo y que siempre pidió a la testigo decir la verdad. Insisten en que el testimonio de Gómez Serrano no es confiable porque ofreció versiones contradictorias a las autoridades y que la abogada es una víctima de la mujer.

Adelantaron también que procuraran suprimir las dos grabaciones porque se obtuvieron violando disposiciones constitucionales. Pero el ministerio público ha argumentado que existen excepciones y que en este caso la testigo grabó a la abogada sin intervención del estado y en medio de la comisión de un delito. 

La lectura de acusación de la licenciada González Cabrera está pautada para el 26 de junio y el inicio del juicio para el 19 de julio.

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