El juez Anthony Cuevas Ramos del Tribunal de San Juan denegó hoy una petición de la comisionada electoral del Movimiento Victoria Ciudadana, Lillian Aponte Dones, reclamando paridad económica para nombrar a su equipo de trabajo en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).
Aponte Dones presentó una petición de mandamus para que el juzgado obligara a la jefatura de la CEE y de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) a completar el proceso de nombramiento de un auxiliar administrativo I, un auxiliar administrativo II, un analista de planificación licenciado en Derecho y una ayudante ejecutiva para su oficina. Argumentó que debido a la resistencia de ambas agencias de darle paso a sus designaciones sus constituyentes recibían un trato desigual y desventajoso por parte del ente electoral.
Pero en su sentencia de 12 páginas, Cuevas Ramos concluyó que el Código Electoral vigente no imponía al presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer, un deber ministerial para nombrar el personal solicitado.
“De las mismas alegaciones de la Peticionaria surge que el Presidente de la CEE acogió la solicitud de la Peticionaria he hizo la correspondiente petición a la OGP para que se aprobaran los fondos para nombrar tales funcionarios. A pesar de esto, la OGP no puede actuar si el presupuesto de la CEE no se lo permite”, apuntó Cuevas Ramos.
“Por lo tanto, debemos concluir que no existe un deber ministerial establecido en el Código Electoral que establece que el Presidente de la CEE está obligado a nombrar el personal solicitado. Se trata de un asunto discrecional. A pesar de lo anterior, los trámites se están llevando a cabo por la CEE y la OGP y resta que estos identifiquen, de la forma que estos entiendan que procede, los fondos necesarios, por lo que, aun si entendiéramos que existe un deber ministerial, este se está cumpliendo”, agregó.
La sentencia consignó que la CEE opera con un déficit de sobre $7 millones.
