Senado va por encima del veto del Gobernador en medida que sube salario mínimo en sector público

Con votos de todas las delegaciones, el Senado pasó esta tarde por encima del veto que el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia dio a la medida que eleva el salario mínimo de los empleados públicos de forma escalonada hasta llegar a $10.50 por hora en el 2024.

Ahora la medida pasa a la Cámara de Representantes, donde necesita 34 votos para revertir finalmente la acción del primer mandatario.

En la sesión de este lunes, los 12 senadores y senadoras del Partido Popular Democrático, María de Lourdes Santiago Negrón del Partido Independentista Puertorriqueño, Ana Irma Rivera Lassén y Rafael Bernabe Riefkohl del Movimiento Victoria Ciudadana, Joanne Rodríguez Veve del Proyecto Dignidad y el senador independiente José Vargas Vidot votaron para dar marcha atrás a la decisión que Pierluisi Urrutia tomó hace dos semana cuando rechazó estampar su firma sobre la pieza legislativa porque era inconsistente con el plan fiscal aprobado por la Junta de Control Fiscal.

La delegación del Partido Nuevo Progresista votó en contra menos el senador William Villafañe Díaz.

Poco después de la votación, el autor de la medida, el senador Juan Zaragoza Gómez, celebró la acción de sus compañeros y compañeras. También atacó la decisión del mandatario.

“En la tarde de hoy el Senado de Puerto Rico le envía un mensaje claro y contundente al Gobernador, Pedro Pierluisi en favor de todos los empleados del sector público de nuestro país. Los servidores públicos no deberían estar a merced de este mecanismo Constitucional para no caer en lo que sería una segunda clase de empleados en Puerto Rico. Es simplemente inaceptable que, como país, permitamos que el servidor público tenga una paga por debajo del mínimo establecido para el sector privado”, afirmó en declaraciones escritas.

“El veto del Gobernador ocasionó un clima no solo desmoralizante al servidor público, pero que además ha alimentado, el tumbe habitual de aquellas compañías de reclutamiento y manejo de personal que viven de los escases de empleados gubernamentales para suplirlos, pero con creces”, añadió.

Zaragoza Gómez explicó que sus colegas tomaron la decisión porque el Proyecto del Senado 563 equipara el salario mínimo del empleado público al ingreso de los empleados privados. Específicamente la medida propone subir el salario mínimo a $8.50 de inmediato, a $9.50 a partir del primero de julio de 2023 y a $10.50 a partir del primero de julio de 2024, sujeto a la revisión de la Comisión de Salario Mínimo.

Esa medida también crea un mecanismo para que la Comisión de Salario Mínimo revise  periódicamente el salario mínimo en el sector público conforme a los efectos de la economía del país y evitar que el Plan de Reclasificación y Retribución, que comienza en enero establezca  salarios por debajo del mínimo establecido.

“El Gobernador en su veto atribuye que una de las razones para el veto es porque se atenderá este tema en el Plan de Retribución. Esto se aleja de la realidad por dos razones. El borrador del Plan de Retribución que OATRH ha circulado por las agencias hay varias escalas por debajo del salario mínimo actual de $8.50. Más aún, le recordamos a los asesores del Gobernador que el Plan de Retribución solo cubre a menos del 30% de los Empleados Públicos, por ejemplo, la agencia con la nómina más grande, el Departamento de Educación está excluida, Corrección, Policía, Bomberos, Ciencias Forenses, están excluidos. Por tanto, es simplemente un engaño decir que esto se resuelve con dicho Plan”, apuntaló Zaragoza Gómez.

“Otra gran mentira, es decir, que esta medida de igualar el salario mínimo de los empleados públicos al de los empleados privados, está en contra del Plan Fiscal.  Es curioso que el señor Gobernador utiliza este argumento cuando así le conviene. El Plan Fiscal en ningún lado establece que los servidores públicos deben ganar menos que el sector privado. Lo que indica el Plan Fiscal es que cualquier medida tomada tiene que ser neutralmente fiscal”, añadió.

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