Un Gran Jurado Federal en el Distrito de Puerto Rico emitió una acusación contra Gabriel F. Hernández, con diez cargos de fraude electrónico, y de ser encontrado culpable, podría pasar hasta 20 años en prisión.
De acuerdo con las alegaciones en la acusación, Hernández, un contador público que se desempeñó como Gerente de Impuestos y Socio a cargo de la División de Impuestos de BDO, ideó un esquema para defraudar al Servicio de Rentas Internas de los Estados Unidos (IRS).
El esquema involucró la presentación de información falsa al Gobierno de Puerto Rico en un intento de proporcionar fraudulentamente a una compañía una rebaja en el pago de impuestos a través de las disposiciones de la Ley 20. La Ley 20, también conocida como Ley de Servicios de Exportación, ofrece incentivos fiscales para que las empresas puertorriqueñas exporten servicios a otras jurisdicciones.
En diciembre de 2018, Hernández formó una compañía que no fue identificada en el pliego acusatorio bajo la Ley de Puerto Rico para un agente especial encubierto del Servicio De Rentas Internas de Estados Unidos que se hizo pasar por un millonario de Arizona.
En diciembre de 2019, Hernández presentó una solicitud de exención de impuestos fraudulenta ante la Oficina de Desarrollo Industrial y obtuvo fraudulentamente el estado de exención de impuestos de la Ley 20 para la compañía. En diciembre de 2019, Hernández también determinó reportaría $ 500,000 en ingresos comerciales en Puerto Rico, lo que reduciría los impuestos federales. Luego, en julio de 2020, Hernández hizo que se preparara y presentara una declaración de impuestos corporativos de Puerto Rico para el Departamento de Hacienda alegando falsamente que la compañía ganó $500,000 en Puerto Rico.
Hernández también provocó la preparación y presentación de Declaraciones de Volumen de Negocios 2020-2021 falsas ante el Municipio de San Juan con base en las ganancias falsas. El acusado se enriqueció injustamente a sí mismo y a otros al recibir honorarios a cambio de estos actos falsos y fraudulentos. La acusación además alega que, como parte del esquema, el acusado defraudó al IRS con transacciones que estaban destinadas a crear la ilusión de una empresa de consultoría que obtiene ingresos de los servicios prestados dentro de Puerto Rico, en lugar de dentro de los Estados Unidos continentales.
El acusado y otros se comunicaron por correo electrónico y teléfono con agentes especiales encubiertos del IRS en el comercio interestatal y extranjero como parte del esquema. El acusado y otros tergiversaron, y ocultaron los actos realizados para promover el plan.Si es declarado culpable, el acusado enfrenta una sentencia legal máxima de hasta 20 años de prisión y una multa de hasta $ 250,000 por cargos relacionados con fraude electrónico.
