El Tribunal Supremo refrendó la multa de $15,000 que la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) impuso a Jesús Muñiz Cruz, un empleado de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), que presionó a otros empleados durante horas laborables para que acudieran a una actividad política del entonces precandidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista y hoy gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia.
Muñiz Cruz, un conocido pastor y activista penepé, había objetado con éxito la notificación de una sentencia del Tribunal de Apelaciones, que el pasado 28 de octubre confirmó la decisión de la OEG. En ese momento, argumentó que el Apelativo no lo había notificado adecuadamente porque envió la sentencia a un correo electrónico que solo usaba para asuntos personales. El Apelativo acogió su planteamiento y volvió a notificar la sentencia mediante correo postal, una decisión que la OEG impugnó ante el Supremo.
En la sentencia, que emitió el 21 de febrero, una mayoría del Supremo rechazó su argumento y nuevamente le dio la razón a la OEG. La jueza presidenta Maite Oronoz Rodríguez y los jueces Luis Estrella Martínez y Ángel Colón Pérez emitieron expresiones disidentes.
“[E]l recurrido, de manera acomodaticia, obvió que además de haber incluido su dirección de correo electrónico como método de comunicación al momento de la presentación del Certiorari, este utilizaba ese mismo canal para informarle a la OEG sobre todos los documentos sometidos por su parte ante el foro intermedio. Del mismo modo, se contradijo al exponer mediante su Escrito mostrando causa & alegato en oposición a Certiorari que el uso de su correo electrónico era para asuntos estrictamente personales”, apuntaron los jueces del Supremo en la sentencia.
“De hecho, el recurrido reconoció haber sido notificado de la Sentencia. Ahora bien, su omisión de revisar oportunamente su correo electrónico no redunda en un error atribuible a la Secretaría del foro intermedio”, agregaron.
Al dejar si efecto la segunda notificación, el Supremo consignó que la sentencia “emitida el 28 de octubre de 2022 y notificada el 1 de noviembre de 2022 por el foro intermedio advino final y firme”.
Pero la cosa no acaba aquí.
Un día después, el 22 de febrero, el Supremo le dio otro golpe al Muñiz Cruz y declaró no ha lugar un recurso de certiorari o revisión que había presentado el 9 de enero de 2023. Oronoz Rodríguez y Estrella Martínez volvieron a expresarse en contra de la mayoría del tribunal.
Ayer, un día después de participar en la Asamblea del PNP, Muñiz Cruz pidió al Supremo que reconsidere su petición, indicó la Oficina de la Administración de los Tribunales.
Muñiz Cruz ocupa el cargo de subdirector de la Región de Bayamón. Al momento de la querella, era ayudante especial del administrador de la CFSE, Jesús Rodríguez Rosa. A pesar de la investigación de la OEG, el administrador mantuvo al empleado de carrera en el Comité de Diálogo y Comité de Negociación Colectiva. Pero tras el revuelo público que causó la decisión del Apelativo lo removió de esas funciones y solicitó una opinión legal para evaluar que acciones podría tomar en contra del empleado, que con sus acciones violó reglamentos internos de la corporación pública. Hasta el momento, no se han informado sanciones contra el empleado de carrera.
El domingo Muñiz Cruz formó parte de la delegación del Fondo que acudió a la asamblea azul.
