Supremo y DRNA dan fin a conflicto por construcción irresponsable en Sol y Playa

El capítulo final del drama legal del condominio Sol y Playa en Rincón estuvo lleno de sosiego y prudencia, como los tinglares que alguna vez vieron amenazada su existencia ante el desarrollo inescrupuloso en la zona marítimo-terrestre de la playa Los Almendros.

Trascendió que hoy el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) anuló el deslinde del condominio Sol y Playa, apenas horas después de que el Tribunal Supremo de Puerto Rico emitiese un “no ha lugar” a una moción en auxilio de jurisdicción que habían emitido algunos residentes del edificio, que buscaban echar hacia adelante la controvertible construcción de una piscina en esos predios.

De esta forma, el Tribunal Supremo también confirma la decisión anterior del Tribunal de Aguadilla de tumbar la verja en zona marítimo-terrestre, la cual fue respaldada en el Tribunal Apelativo. En esas conclusiones se determinó y se reiteró que los permisos tenían defectos insubsanables.

Desde hace poco más de un año, activistas ecológicos protestan en las inmediaciones del Condominio Sol y Playa, ante la insistencia de algunos residentes de realizar una construcción en zona marítimo-terrestres que, por alguna razón, parecían recibir el respaldo del entonces secretario del DRNA, Rafael Machargo, quien no actuó e contra de esto hasta que recibió la presión de la opinión pública y tuvo que lidiar con una querella de la Junta de Planificación, que llevó el caso hasta las últimas consecuencias.

Activistas apuntan a que estas construcciones eran protegidas por el Gobierno, pues Walter Pierluisi, primo del gobernador Pedro Pierluisi, es titular en ese edificio.

“Finalmente todo ese esfuerzo de tantas personas rindió fruto. La lección que esto nos da es que, si usted como ciudadano ve algo que está haciéndose mal, tiene que tomar acción. Tiene que impugnar. La única forma de proteger nuestros recursos naturales y proteger nuestro país es señalar cuando está mal y denunciar cuando el gobierno no actúa para proteger nuestra naturaleza y viola las leyes”, dijo al medio independiente ¡Ey, Boricua! el licenciado José Barea, quien radicó también una querella ante la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE) en abril de 2020, en oposición a la gestión del Consejo de Titulares que pretendía construir una piscina y una verja que perdieron durante el huracán María, ocupando una zona pública.

Barea también había radicado una querella en enero de 2020 ante el Departamento de Asuntos para el Consumidor (DACO).

Mira el documento de la resolución del Supremo publicado por Ey Boricua:

Por otro lado, la oficina de prensa del DRNA explicó mediante comunicación escrita que la secretaria interina de Recursos Naturales y Ambientales, Anaís Rodríguez Vega, acogió el informe de un oficial examinador y declaró nula ab initio la certificación de deslinde de la zona marítimo terrestre concedida al condominio Sol y Playa, en Rincón, en noviembre 2020.

“He evaluado el expediente administrativo con mucho detenimiento y decidí acoger el informe del oficial examinador que recomienda declarar nula la certificación de deslinde de zona marítimo terrestre emitida en noviembre 2020 por esta agencia”, señaló Rodríguez Vega, abogada con experiencia en asuntos legales del gobierno.

Según señalaron, el caso del condominio Sol y Playa comenzó el 17 de mayo de 2021 con una querella ante DRNA, donde se impugnó dicho deslinde al amparo del Reglamento 4860 de la agencia, conocido como Reglamento para el aprovechamiento, vigilancia, conservación y administración de las aguas territoriales, los terrenos sumergidos bajo estas y la zona marítimo terrestre.

La querella alegaba que el deslinde aprobado no cumplía con las disposiciones de ley aplicables. Luego de un proceso de vistas administrativas durante el 2021 y 2022, se produjo el informe del oficial examinador, el cual fue acogido hoy por la titular ambiental interina.

“Debo reiterar que el asunto del condominio Sol y Playa tuvo en general varias incidencias, dos de las cuales fueron de la jurisdicción del DRNA que son: la protección de la vida silvestre, ya resuelto, y la impugnación del deslinde, que resolvemos con esta resolución administrativa. El aspecto de los permisos de construcción es jurisdicción de la Oficina de Gerencia de Permisos y la Junta de Planificación, el cual fue resuelto en los tribunales”, señaló Rodríguez Vega.

Según ese informe, el DRNA no cumplió oportunamente con el requisito procesal de publicar en su portal de internet, como exige el Reglamento 4860 en la sección 3.1 (Deslinde de la zona marítimo-terrestre), la información requerida en la solicitud de deslinde y el término para que la ciudadanía presentara información o pudiera emitir comentarios. Tampoco se notificó oportunamente a través de ese portal electrónico la certificación del deslinde emitida por el DRNA y el término que tienen los ciudadanos para ofrecer información, emitir comentarios o presentar una acción para impugnar ante la agencia el deslinde.

El DRNA informó que la solicitud de deslinde de 6 de diciembre de 2019 se publicó en el portal el 3 de agosto de 2021. Mientras, la certificación de deslinde de 17 de noviembre de 2020 se publicó en el portal el 4 de agosto de 2021. “Tal incumplimiento hace el proceso seguido para la certificación del deslinde erróneo y defectuoso”, concluyó el oficial examinador en el informe.

“El pueblo debe tener confianza en que los asuntos ante el DRNA se llevan a cabo de acuerdo con las leyes y reglamentos. Eso incluye enmendar posibles errores en los mismos. Con esta resolución le damos certeza a los procedimientos que se llevan a cabo en la agencia”, sostuvo la licenciada.La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU) le permite a la parte afectada por la determinación del DRNA solicitar reconsideración de la resolución y, de reiterarse la agencia, acudir en revisión al Tribunal de Apelaciones. Por otro lado, cualquier parte interesada puede comenzar un nuevo proceso de deslinde.

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